Acceso y Precios

Los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han iniciado negociaciones para establecer un tratado vinculante que oriente la atención de las pandemias con un enfoque de equidad. El instrumento, además de abordar el acceso a vacunas y otras tecnologías médicas, busca establecer un sistema de vigilancia ante la aparición de patógenos riesgosos. Sin embargo, diversos países y organizaciones de la sociedad civil advierten que el documento no cumple con el espíritu de justicia. Mientras el mundo discute el tratado, Perú se enfoca en reducir la gran brecha que tiene en capacidades básicas para la atención de emergencias de salud internacional, frente a sus pares de la región.

A medio año del final de la pandemia, los obstáculos experimentados por los países más pobres para acceder a equipos de protección, diagnósticos (https://ojo-publico.com/2072/test-rapidos-sin-certificacion-china-america-latina) [1], oxígeno (https://ojo-publico.com/2522/deudas-y-estafas-la-angustiante-busqueda-oxigeno-peru) [2], vacunas (https://ojo-publico.com/2456/acaparamiento-y-geopolitica-las-vacunas-latinoamerica) [3] y otras tecnologías () [4] médicas (https://ojo-publico.com/derechos-humanos/salud/piden-que-pfizer-amplie-acceso-antiviral-generico-para-la-covid-19) [5] requeridas para hacerle frente a la covid-19 continúan siendo una amenaza, ante la ocurrencia de otra emergencia sanitaria internacional.

Para mejorar la respuesta global ante otra eventual pandemia y corregir los problemas identificados en los últimos años, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están discutiendo el perfeccionamiento de un instrumento internacional y la implementación de un nuevo tratado global.

La primera de estas herramientas es el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que tiene como objetivo evitar la propagación de enfermedades infecciosas. La versión original (https://www.paho.org/es/temas/reglamento-sanitario-internacional) [6] del documento se elaboró en 2005. Sin embargo, actualmente, se están realizando enmiendas a sus 66 artículos sobre temas de equidad, solidaridad, transparencia y soberanía, a partir de la experiencia de la reciente emergencia sanitaria.

Este reglamento define las capacidades básicas de un país para la respuesta ante la propagación de enfermedades de carácter internacional, pero no es un documento específico sobre pandemias.

Por eso, en diciembre de 2021, durante la Asamblea Mundial de la Salud, se estableció el Órgano de Negociación Intergubernamental (INB por su sigla en inglés), para redactar y negociar un segundo instrumento específico para la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, que también se encuentra en discusión en este momento.

Las negociaciones para establecer este nuevo instrumento, conocido como tratado pandémico, están llegando a su fase final. Sin embargo, diversos países y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Perú y entidades locales, advierten que, hasta ahora, el borrador del documento no cumple con el espíritu de equidad y justicia, planteado en los objetivos.

Entre el pasado 6 y 10 de noviembre, los representantes de los 194 Estados miembros de la OMS se reunieron en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para discutir modificaciones a un borrador de 36 artículos redactado por el INB. Solo queda pendiente el desarrollo de otras tres reuniones en diciembre, febrero y marzo próximos, para terminar con el proceso de redacción final del tratado que, en principio, sería de carácter vinculante. Es decir, de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados.

Se tiene previsto que, en mayo de 2024, la versión final de este instrumento sea aprobada durante la 77° Asamblea Mundial de la Salud. Luego, requerirá ser ratificado por cada país, de acuerdo a sus procedimientos constitucionales. Pese al corto plazo que queda, decenas de países del sur global han expresado su preocupación por el contenido negociado.

Durante la sesión del 6 de noviembre del INB, Etiopía —en representación de los 47 estados del sur de África— señaló que “el texto, tal y como figura ahora mismo, se queda corto a la hora de solventar las cuestiones básicas de la operacionalización de la equidad”. Es decir, establecer los procedimientos específicos que detallen cómo se logrará la equidad.

Este bloque de países considera que se han planteado aspiraciones vagas, que no lograrán traducirse en acciones que ayuden a las naciones de ingresos medios y bajos a enfrentar adecuadamente una pandemia.

En una línea similar, el representante de Perú en la sesión (https://apps.who.int/gb/inb/e/e_inb-7.html) [7] acotó que “el nuevo texto [del borrador] no responde a las expectativas que existían y presenta un lenguaje poco ambicioso y poco concreto para un futuro instrumento sobre pandemias, el cual debería tener la equidad como pilar fundamental”.

En las últimas semanas, el país ha coincidido con la posición de dos bloques que buscan tener mayor representación y visibilidad en la discusión. Uno de ellos es el de las Américas, que agrupa a 17 países. Entre ellos, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Durante la sesión del 6 de noviembre, el representante de México leyó una declaración del bloque en la cual alertó que el borrador presentado hasta entonces evitaba desarrollar de forma clara y balanceada los compromisos dirigidos a resolver las brechas de equidad. Además, se solicitó revisar como prioridad ocho artículos del capítulo dos, denominado “Lograr la equidad en, para y a través de prevención, preparación y respuesta ante una pandemia”.

El segundo bloque al que se ha sumado Perú es el Grupo Internacional para la Equidad, que está integrado por 29 Estados del sur global.

“El grupo cree que las lecciones derivadas de la pandemia de covid-19, que provocó millones de muertes, pérdidas económicas sin precedentes, perturbaciones de la movilidad y distribución desigual de productos médicos, incluidas vacunas, medios de diagnóstico y terapias, deberían guiar las negociaciones”, señala un comunicado de prensa (https://twn.my/title2/health.info/2023/hi231105.htm) [8] emitido por el Grupo para la Equidad antes del inicio de la discusión de inicios de noviembre en Ginebra.

Natalia Echegoyemberry, magíster en Salud Pública por la Universidad de Buenos Aires e integrante de la coalición Vacunas para la Gente, señaló a OjoPúblico que, durante la negociación, los países de medianos y bajos recursos han tenido poca representatividad a comparación de los más ricos. Esto, remarcó, ha generado un impacto negativo en los alcances del borrador.

Entre los puntos cuestionados se encuentra una redacción débil, que no permite garantizar la equidad para el acceso a vacunas, tratamientos y tecnología en caso de pandemias. ¿Qué dice el borrador del tratado? ¿Cuáles son las principales trabas para lograr una mayor equidad? ¿Qué impacto tienen instrumentos como estos en Perú?

Efectos que no deben repetirse
Hasta el pasado 8 de noviembre, más de 6,9 millones (https://covid19.who.int/?mapFilter=deaths) [9] de personas habían muerto a nivel global a causa de la covid-19, y los contagios confirmados ya superaban ampliamente los 771 millones, según datos de la OMS. La pandemia provocó, además, una crisis económica cuyos efectos continúan en muchos lugares.

“Lo que se está buscando [con el tratado] es que los gobiernos tengan la responsabilidad de prepararse para una próxima pandemia y que, además, hayan ciertos acuerdos para evitar situaciones que ocurrieron, como que los países que tenían más plata se agarraron todas las vacunas y el resto se quedó casi sin nada”, señaló a OjoPúblico Patricia García, exministra de Salud e integrante del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública (PGPHC, por su sigla en inglés), una de las organizaciones invitadas por el INB a opinar sobre el tratado.

La inequidad existente entre los países más ricos y los de bajos ingresos a la hora de acceder a tratamientos y vacunas es detallada en el informe (https://www.who.int/publications/m/item/global-vaccine-market-report-2022) [10] de la OMS sobre el mercado mundial de vacunas en 2022.

Hasta 2021, por ejemplo, África solo había accedido al 3% de las vacunas producidas en el mundo. Mientras que, en Sudamérica, algunos países empezaron a inmunizar a su población meses después que otros de mayores ingresos. Ese fue el caso de Perú, que inició el proceso el 9 de febrero de 2021, convirtiéndose en el noveno Estado de la región en acceder a dicha tecnología.

A la fecha, según información de OurWorldInData (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) [11], el 70,6% de la población mundial ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra la covid-19. Sin embargo, si se trata de países de ingresos bajos, el porcentaje disminuye al 32,8%.

El problema en el acceso también se experimentó con otros medicamentos y recursos. En Perú, por ejemplo, la escasez de oxígeno medicinal (https://ojo-publico.com/2523/peru-se-asfixia-un-mercado-concentrado-dos-companias) [12] y de camas UCI (https://ojo-publico.com/1978/eleccion-para-sobrevivir-el-dilema-la-ultima-cama-uci) [13] en los periodos más críticos de la pandemia, llevaron al colapso del sistema de salud.

Los problemas para acceder a las tecnologías médicas no son aislados. Así lo evidencia (https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2023/er1017_64434.htm) [14] el Informe sobre diagnósticos y terapias de covid-19 y ciertas flexibilidades bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicado el pasado 17 de octubre por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Aproximadamente, el 80% de las adquisiciones gubernamentales de dosis fueron realizadas por países de altos ingresos, de acuerdo al estudio. Ni siquiera el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19, conocido popularmente como Covax, que tuvo como fin la democratización del acceso a las dosis contra el nuevo coronavirus, lograron reducir esta brecha.

Una reciente investigación (https://ojo-publico.com/4595/covax-no-cumplio-expectativas-acceso-vacunas-america-latina) de Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) [15], coordinada por OjoPúblico, detalla que, entre 2021 y 2023, al menos, el 6,05% de las más de 1.313 millones de vacunas recibidas por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Uruguay y Perú provinieron de Covax.

Este escaso impacto se replicó a nivel global. El estudio (https://www.redge.org.pe/sites/default/files/Propiedad-intelectual.pdf) [16] “La propiedad intelectual y el acceso a vacunas contra el Covid-19 y otras tecnologías sanitarias”, de Acción Internacional para la Salud (AIS) y la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), detalla que hasta mayo de 2022, el 68,1% de las dosis disponibles en los países de ingresos medios y medios altos fueron adquiridas a través de acuerdos bilaterales y solo el 10% de las vacunas covid-19 distribuidas correspondía a Covax.

Javier Llamoza, investigador peruano de AIS, indicó a este medio que el borrador del tratado pandémico aún no plantea soluciones para evitar que el problema de la falta de acceso a insumos médicos y tecnología se repita. Esta es una de las principales críticas al borrador.

Discusiones sobre patentes y transferencia tecnológica
La propuesta del tratado surgió en diciembre de 2021 a sugerencia de Chile, durante la Asamblea Mundial de la Salud. El 31 de enero de este año se publicó la primera versión del borrador y el mismo se ha ido modificando, conforme han avanzado las reuniones del INB.

La última versión (https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb7/A_INB7_3-en.pdf) fue discutida en las reuniones de inicios de noviembre [17]. Hasta ahora, el documento consta de 36 artículos y tres capítulos que abordan principios generales: la equidad, prevención, preparación y respuesta ante una pandemia, y la creación de un régimen institucional que comprende a distintas organizaciones.

Pese a que uno de los propósitos centrales del instrumento es lograr la equidad, además de contar con un sistema de alertas, las críticas de la sociedad civil y países de menores ingresos apuntan, precisamente, a que la desigualdad se aborda de forma vaga, sin responder a las expectativas de las naciones más vulnerables.

Natalia Echegoyemberry, de Vacunas para la Gente, señaló a OjoPúblico que una de las carencias del borrador es que utiliza verbos y formas condicionales, que desvirtúan las obligaciones de los Estados o empresas.

Por ejemplo, en el capítulo 11 (https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb7/A_INB7_3-en.pdf) [18], relacionado a la transferencia de tecnología y conocimiento, se señala que “los países alentarán a todos los titulares de patentes de productos relacionados con la pandemia a que renuncien o gestionen, según corresponda, durante un período limitado, el pago de regalías por parte de los fabricantes de los países en desarrollo sobre el uso, durante la pandemia, de su tecnología para la producción de productos relacionados”.

El cuestionamiento a este tipo de redacción es que no permite u obliga a los países a tomar medidas con respecto a las regalías, solo pide que los gobiernos alienten a las empresas privadas a tomar una decisión. Es decir, algo que termina siendo opcional para las farmacéuticas.

Natalia Echegoyemberry destaca que este lenguaje se repite en diversos artículos del borrador. “Se dice ‘en la medida de sus recursos’ o, ‘de acuerdo a su legislación’ o, ‘en cuanto sea posible’. Entonces, por un lado, parece que [el borrador] quiere avanzar hacia un sentido, pero utiliza verbos y condicionales que van desvirtuando lo que se afirma. Y, al final, no es claro sobre los deberes y obligaciones”, señala.

Para Javier Llamoza, por la forma en la que está escrito el borrador más reciente, no se puede garantizar el fortalecimiento de capacidades o la transferencia de tecnología para que América Latina reduzca su dependencia de países ricos a la hora de acceder a vacunas y medicamentos (https://ojo-publico.com/3659/america-latina-busca-reducir-dependencia-acceso-vacunas) [19]. “Cuando habla de temas vitales para nuestros países, no solamente para Perú, es bastante declarativo”, dijo el investigador peruano.

Luis Villarroel Villalon, director de Innovarte, ONG con base en Chile, espera que, en las próximas reuniones, se solucionen los cuestionamientos que atañen a los países del sur global. “Lo que se ha pedido es que se den disposiciones que permitan a los Estados dar flexibilidades a la propiedad intelectual para hacer posible la producción en otros países”, explicó.

Sin embargo, la posición de las farmacéuticas va por el lado contrario. El pasado 6 de noviembre, la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes Farmacéuticos (IFPMA), grupo al que pertenecen AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y otros fabricantes de vacunas, emitió un comunicado (https://www.ifpma.org/news/ifpma-statement-at-the-seventh-meeting-of-the-intergovernmental-negotiating-body-on-pandemic-accord/) [20] en el que señalan su rechazo, incluso, a la versión actual del borrador.

“Las propuestas contenidas (…) socavarían el ecosistema de innovación y, a su vez, nuestra capacidad para desarrollar rápidamente contramedidas médicas en respuesta a la próxima pandemia”, afirmaron.

Javier Llamoza explicó, asimismo, que el tratado obliga a los países a mantener un sistema operativo de vigilancia epidemiológica y que, en caso de incumplimientos, podrían ser sancionados. Sin embargo, no hay una equidad para el acceso a tratamientos y tecnología. “Como está escrito, no fomenta la transferencia de tecnología y de personal capacitado para que el sistema funcione”, manifestó.

En paralelo, también se ha cuestionado el escaso aporte del documento para enfrentar la opacidad de los contratos suscritos entre las farmacéuticas y los Estados.

El Artículo 13 del borrador, correspondiente a la red global de suministro y logística, señala que “en la medida de lo posible”, los Estados excluyan las disposiciones de confidencialidad que limiten la divulgación de términos y condiciones. En otras palabras, se sugiere evitar este tipo de cláusulas, pero no hay referencias a las asimetrías al negociar estos temas en momentos de crisis.

La exministra Patricia García, advierte que, conforme avanzaron las conversaciones del tratado, se fue bajando el tono de la redacción en estos puntos controvertidos, aunque el instrumento debería poner fin a los contratos abusivos.

“No es el único país en el que sucedió, pero en Perú no querían que los contratos pudieran ser discutidos. ‘Ah, bueno, se quedan sin vacunas’, decían [las farmacéuticas]. Eso fue una actitud abusiva, y lo que está pasando es que, nuevamente, esas cosas se están quedando así, medio en el aire”, dijo a OjoPúblico

Augusto Tarazona Fernández, presidente del comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú y exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, explicó a este medio que, durante la reciente pandemia, los laboratorios exigieron una serie de requisitos que los libran de responsabilidades.

“Por ejemplo, que no se hacían cargo de los efectos secundarios que presentaran los pacientes y, eso, era responsabilidad del gobierno que compraba las vacunas. Entonces, se modificaban normas internas”, indicó.

En el caso de Perú, se eximió de responsabilidad a las farmacéuticas ante los posibles efectos adversos de vacunas, demoras en la entrega de lotes, u otro tipo de protección frente a futuras demandas. Una investigación de la Red Palta (https://ojo-publico.com/2541/los-beneficios-que-latinoamerica-cedio-las-farmaceuticas) [21], en la que también participó OjoPúblico, concluyó que, al menos, 13 países de América Latina cambiaron sus leyes para comprar las dosis necesarias para su población.

La falta de transparencia en el proceso de negociación del tratado también es uno de los cuestionamientos de la sociedad civil. Natalia Echegoyemberry indicó que, si bien algunos gobiernos han invitado a organizaciones a participar de las conversaciones, su intervención es muy limitada.

En el caso de Perú, las organizaciones civiles han quedado fuera de la discusión. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) informó a OjoPúblico que, después de que el INB publique una nueva versión del borrador, plantearán reuniones específicas con la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Esta falta de participación ciudadana en la discusión del tratado ha generado desinformación relacionada con los alcances del instrumento y un supuesto debilitamiento de los gobiernos nacionales. Sin embargo, el borrador reconoce la existencia de la soberanía de los Estados partes al abordar cuestiones de salud pública en su territorio.

Reducción de brechas para la atención de pandemias
En el Perú, el CDC está encargado de brindar la asesoría técnica a la misión permanente de diplomáticos en Ginebra que participan de las negociaciones en el INB. Cesar Munayco Escate, director general de esta institución adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) informó a OjoPúblico que, en los próximos días, se enviará un informe al INB sobre las modificaciones al documento propuestas por el país.

Aseguró que, en líneas generales, Perú planteará que se modifique la redacción retórica de algunos puntos del tratado. Esta crítica coincide con lo señalado por los veedores de la negociación consultados por este medio.

Munayco Escate indicó que, mientras se discute el tratado, el país está en una carrera por cumplir los requisitos básicos para la atención de pandemias, establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional (https://www.paho.org/es/temas/reglamento-sanitario-internacional#:~:text=El%20Reglamento%20Sanitario%20Internacional%20(RSI,medio%20de%20la%20resoluci%C3%B3n%20WHA58) [22] vigente hasta la fecha.

Esta normativa, establecida por la OMS en 2005, empezó a ser implementada desde 2007. A la fecha, Perú solo ha implementado el 45% de las capacidades nacionales básicas para el manejo de los eventos agudos de salud pública, cuando el promedio de la región es 60%.

La última autoevaluación (https://extranet.who.int/e-spar#home) [23] sobre la implementación de este reglamento, realizada por el gobierno en agosto de 2023, muestra deficiencias en las capacidades de detección de enfermedades zoonóticas, la reducción de riesgos en viajes internacionales, la implementación de un sistema de comunicación para emergencias y normas específicas para la atención de emergencias de salud.

En este contexto, el Minsa está considerando la implementación de una norma que obligue a las distintas instituciones del país a la implementación del RSI. En principio, según indicó Munayco Escate, está previsto que el Ejecutivo presente una propuesta de ley al Congreso en 2024.

De acuerdo a información de la OMS, durante la pandemia, Perú fue el país con la mayor tasa de mortalidad (https://covid19.who.int/region/amro/country/pe) [24] por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. En conversación con OjoPúblico, el director del CDC reconoció que el país hubiera respondido de mejor manera a la emergencia de la covid-19 si estas capacidades mínimas se hubieran implementado a tiempo.

Además del riesgo inminente que supone esta falta de preparación, si Perú no logra reducir sus brechas, no podrá responder a las exigencias internacionales comprendidas en el nuevo tratado pandémico. Tampoco podrá dar una atención oportuna a los ciudadanos en caso de una nueva pandemia.