En tiempos de crisis, los líderes de la salud pública podrían afirmar que los ensayos para probar intervenciones de salud pública no son éticos. Una de las razones para hacer esta afirmación podría ser que la equiponderación (equipoise), es decir, la situación de incertidumbre y/o desacuerdo entre los expertos acerca de la evidencia relativa de la eficacia de una intervención versus otra se ha visto perturbada por un cambio en las opiniones de los expertos.
Algunos podrían afirmar que el equilibrio se ve perturbado cuando la mayoría de los expertos cree que las intervenciones de salud pública en situaciones de emergencia son probablemente más beneficiosas que perjudiciales. Sin embargo, tales creencias no siempre están justificadas: cuando no se han realizado investigaciones de gran calidad, a menudo hay una incertidumbre residual considerable sobre si las intervenciones ofrecen beneficios netos. En este ensayo sostenemos que la investigación de gran calidad, a saber, mediante ensayos aleatorios bien diseñados, es éticamente obligatoria antes, durante y después de la aplicación de políticas durante emergencias de salud pública (ESP).
Sostenemos que esta norma se aplica tanto a las intervenciones farmacéuticas como a las no farmacéuticas, y elaboramos un relato de equiponderación (equipoise) que capta las características clave de los debates en la reciente pandemia. Construimos nuestro argumento analizando las estrategias de investigación con fármacos, vacunas e intervenciones no farmacéuticas que se utilizaron durante la pandemia covid-19; y aportando respuestas a las posibles objeciones.
Por último, proponemos una reforma a la política de salud pública: siempre que se aplique una política durante una emergencia de salud pública que no esté basada en evidencia de gran calidad, que demuestre que los beneficios esperados superan a los daños, se debe utilizar una estrategia planificada para generar evidencia de gran calidad, con análisis de los datos emergentes en puntos temporales preestablecidos. Estos puntos temporales preestablecidos garantizan que los responsables políticos se paren a revisar la evidencia emergente y consideren el cese de políticas ineficaces o incluso perjudiciales, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas, además de permitir que los recursos se inviertan en las intervenciones más eficaces o beneficiosas.