Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
El importante trabajo realizado por científicos sudafricanos en torno al uso de vacunas de ARNm para varias enfermedades está en riesgo debido a las patentes de Moderna. Sin embargo, el gobierno podría proteger fácilmente a este y otros programas acelerando la aprobación de enmiendas a las leyes de patentes.
Cada año, los actores más importantes de la industria gastan un total de US$4.000 millones en acciones legales [1]. A pesar de eso, los medios de comunicación de todo el mundo se sorprendieron cuando Moderna, que desarrolló una vacuna contra la covid con el gobierno de EE UU, anunció que estaba demandando a sus rivales Pfizer y BioNTech por “infracción de patente”.
Las tres empresas han ingresado una fortuna por la venta de vacunas covid, y ahora están en guerra por los derechos de la tecnología de ARNm financiada con fondos públicos [2].
Después de un año de demandas y contrademandas en múltiples jurisdicciones, la Oficina Europea de Patentes intervino hace dos semanas y revocó una de las patentes de Moderna que cubría las “vacunas contra virus respiratorios” [3]. Al hacerlo, la Oficina Europea de Patentes parecía defender a BioNTech, una empresa alemana, de una “amenaza”.
Esto no es inusual. En la mayoría de los países, los gobiernos pueden intervenir para proteger a las empresas que consideran importantes para sus intereses nacionales y pueden revisar, revocar o retirar patentes. La mayoría de los países lo hacen, pero no Sudáfrica.
Bajo Nelson Mandela, Sudáfrica luchó contra las grandes farmacéuticas para acceder a medicamentos genéricos asequibles contra el VIH y, durante la pandemia, el gobierno hizo un valiente intento de hacer lo mismo con las vacunas contra la covid, buscando una exención global de las normas de propiedad intelectual. Pero las arcaicas leyes de la era del apartheid todavía aceptan solicitudes de patentes de empresas, sin hacer un buen análisis de los méritos de la solicitud de patente y sin tener derecho al debido proceso para impugnarla antes de su concesión. Y, una vez concedida una patente, los grupos de defensa de los pacientes no pueden revocarla fácilmente.
Se ha redactado legislación que podría darnos la capacidad de impugnar las patentes antes de que se concedan, entre otros mecanismos muy necesarios, como las licencias obligatorias y de uso gubernamental.
En 2018, el Gabinete aprobó un nuevo Marco de Propiedad Intelectual que nos otorgaría este derecho tan básico. Cumple con las normas comerciales internacionales y no debería ser controvertido. Pero, a pesar de que el gobierno se ha mostrado a favor de esta legislación, la ha redactado e incluso ha capacitado a analistas, la ley ha estado languideciendo en el escritorio del Ministro de Comercio, Industria y Competencia, Ebrahim Patel, durante varios años. Esto ha permitido que Moderna haya obtenido patentes de gran alcance relacionadas con el ARNm en Sudáfrica.
Estas patentes ponen en riesgo nuestro ampliamente aclamado proyecto de fabricación de vacunas de ARNm, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros.
Si bien el mundo desarrolló rápidamente vacunas eficaces para combatir la covid, las normas de propiedad intelectual nos impidieron fabricar nuestras propias vacunas. Los gobiernos occidentales bloquearon los esfuerzos de nuestro gobierno por suspender estas reglas globales, dejando a Sudáfrica esperando al final de la cola global, pagando eventualmente precios irrazonablemente altos por las vacunas. Luego, en el apogeo de nuestra tercera ola de infecciones por covid, Johnson & Johnson exportó vacunas que se habían finalizado en una fábrica en Eastern Cape a Europa, dando prioridad a los clientes europeos sobre Sudáfrica y el continente.
Fue una época oscura para Sudáfrica. Pero en medio de la devastación, surgió algo de esperanza cuando la OMS anunció que una pequeña empresa de biotecnología de Ciudad del Cabo, Afrigen, estaría en el centro de un nuevo programa del Sur Global para suministrar vacunas.
Compartir tecnología
Moderna, Pfizer y BioNTech se han negado a compartir su tecnología con el programa. Pero los científicos de Afrigen y de universidades de Sudáfrica, así como del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, desarrollaron su propia vacuna de ARNm, utilizando la información disponible públicamente sobre la vacuna que Moderna desarrolló con el gobierno de EE UU. Ahora han comenzado a compartir la tecnología con socios de todo el Sur Global y también están explorando vacunas para enfermedades como la tuberculosis.
En una futura pandemia, el programa se podría utilizar para compartir rápidamente tecnología de vacunas entre países de ingresos bajos y medios, de modo que no repitamos la desigualdad global que caracterizó al lanzamiento de la vacuna covid.
El problema es que Moderna presentó patentes de gran alcance en Sudáfrica, que se podrían interpretar como que cubren cualquier tecnología de ARNm. Y, bajo nuestro defectuoso y estancado sistema de regulación de la propiedad intelectual, se concedieron las patentes.
Decenas de organizaciones jurídicas [4] y sanitarias han advertido [5] que el programa de ARNm es vulnerable a las reclamaciones de patentes de Moderna. Si bien la empresa ha asegurado [6] que no hará cumplir las patentes de su vacuna covid en algunos países de bajos ingresos [7], incluida Sudáfrica, el trabajo del programa sobre otras enfermedades sigue amenazado.
El Banco de Patentes (Medicines Patent Pool), que está implementando el proyecto para la OMS, quiere que cada socio del programa (en el Sur Global) resuelva el problema de las patentes por sí mismo. Pero, al demandar a Pfizer y BioNTech, Moderna ha indicado que quiere un monopolio total sobre la tecnología de ARNm. Entonces, ¿cuál es el Plan B si Moderna ataca al programa respaldado por la OMS?
Cuando a principios de este año, la Iniciativa de Justicia en Salud (Health Justice Initiative) emprendió acciones legales para obligar al Departamento de Salud a revelar contratos secretos con los fabricantes de vacunas covid-19, ganamos, y los documentos revelaron que las negociaciones para la adquisición de vacunas fueron unilaterales, y las compañías farmacéuticas presionaron a nuestro gobierno a aceptar precios, términos y condiciones injustas [8].
De vuelta a la corte
Ahora nos estamos preparando una vez más para llevar al gobierno a los tribunales para que apruebe disposiciones clave de la Ley de Enmienda a las Patentes. Como mínimo, hay que hacer un análisis adecuado de las patentes, tener formas de oponerse a las patentes antes y después de su concesión, y procedimientos fáciles para emitir licencias obligatorias y para uso gubernamental. Y lo necesitamos rápidamente.
Hemos visto cómo las grandes empresas farmacéuticas, incluida Johnson & Johnson, utilizan nuestras disposiciones sobre patentes para perennizar las patentes y luego cobran al Estado y a los pacientes enfermos más de lo que deberían, al conservar sus monopolios de patentes.
Queremos asegurarnos de que:
Es nuestro derecho en una democracia constitucional.
Referencias