Novedades sobre la Covid

Han pasado casi tres años desde que comenzó la pandemia de covid-19 que iba a poner patas arriba nuestras vidas. El Dr. Tedros describió como “apartheid de las vacunas”, el fracaso colectivo en lograr que las revolucionarias vacunas estuvieran disponibles de forma equitativa -priorizando la vacunación de los más vulnerables en todas partes, en lugar de hacerlo primero en los países ricos, lo que debería convertirse en un fuerte impulso para hacer cambios transformadores que eviten que vuelva a suceder en el futuro [1,2]. Parece que hay un acuerdo consensuado en que el acceso equitativo a las vacunas debe ser una prioridad en los futuros marcos de preparación y respuesta ante pandemias. Pero ¿estamos “predicando con el ejemplo”?

La respuesta corta es no. Dadas las dificultades para alcanzar un consenso entre los Estados miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con vistas a un acuerdo vinculante sobre pandemias, y la débil declaración política sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias adoptada en octubre de 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hay pocos indicios de que se vaya a producir el cambio que necesitamos desesperadamente para situar la equidad en el centro de la respuesta [3]. No obstante, lo que se necesita está claro: un ecosistema farmacéutico integral, diseñado para responder a las necesidades de salud pública, en el que todas las regiones tengan capacidad para investigar, desarrollar, fabricar y distribuir vacunas y otras tecnologías sanitarias para responder a sus necesidades de salud [4]. Este enfoque, combinado con la capacidad de preparación y respuesta de los países para hacer llegar las vacunas a los brazos de la gente, sería transformador.

Los mismos actores que no lograron que las vacunas covid-19 estuvieran disponibles en todo el mundo cuando más se necesitaban, se están posicionando en el centro del futuro ecosistema de preparación y respuesta. Entre ellos se incluyen GAVI, La Alianza por las Vacunas (The Vaccine Alliance), la Coalición para la Preparación para Epidemias e Innovación (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations o CEPI) que juntos formaron COVAX, y otros socios implicados en el Acelerador de Acceso a covid-19 (ACT-A) como la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF), Wellcome y la OMS. Haciendo alarde de su condición de agentes de la salud global que trabajan por aumentar el acceso a las tecnologías sanitarias en los países de bajos y medianos ingresos, pretenden que se les otorgue el mandato, el poder y la financiación necesarios para volver a estar al mando, y prometen ser aún más rápidos. Esta es la premisa principal de la “Misión de los 100 Días” en torno a la cual se unen [5].

Proclaman que el acceso equitativo es una prioridad, pero no han demostrado cómo pueden lograrlo sin cambiar fundamentalmente su forma de trabajar. A pesar de los retos que afectaron el desempeño de las asociaciones público-privadas de salud mundial durante la pandemia de covid-19, éstas siguen siendo el modelo operativo que prefieren y apoyan los gobiernos del G7, el BMGF, Wellcome y la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes Farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations o IFPMA) [6]. Como mínimo, los acuerdos de financiación de este tipo de asociaciones público-privadas deberían incluir condiciones vinculantes relacionadas con el acceso equitativo, incluyendo el intercambio de tecnologías y conocimientos técnicos con una serie de fabricantes del Sur Global, y/o la fijación de precios en base a su coste más un margen de beneficio, y la transparencia de los desembolsos subyacentes en I+D.

La equidad en salud exige regular la propiedad y el control de las tecnologías y los conocimientos para utilizarlas a favor del bien común y a lo largo de toda la cadena de valor para innovar, desarrollar y fabricar vacunas. Los investigadores y desarrolladores del Sur Global deben tener acceso a los medios de innovación médica, no deben verse limitados a producir lo que otros han creado. Deben tener la capacidad de innovar en vacunas para abordar las necesidades prioritarias de salud de su país o región, en lugar de depender de que una empresa o la comunidad de salud global les faciliten el acceso a dicha innovación como un acto de caridad o benevolencia, si es que lo hacen.

Para ello deben tener acceso a las tecnologías y los conocimientos, incluyendo la “libertad para operar”, es decir, la posibilidad de utilizar la ciencia y la tecnología existentes sin limitaciones indebidas en materia de propiedad intelectual, así como el acceso a la financiación adecuada y a recursos humanos cualificados para impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas con fines de salud pública, no lucrativos. El Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm iniciado por la OMS con su centro en Sudáfrica, que compartirá la tecnología y los conocimientos entre al menos 15 desarrolladores y productores de países de ingresos bajos y medios, y construirá colectivamente una reserva de productos de ARNm para abordar las necesidades de salud locales, representa un ambicioso proyecto piloto a tal efecto.