REGULACIÓN Y POLÍTICAS

EE.UU. y Canadá

El Ministerio de Salud de EE.UU. copia a la Comisión de Valores y Cambios: Los ejecutivos que hayan cometido fraude no podrán trabajar para la industria farmacéutica (HHS learns from SEC: Fraudster execs will be barred from drug industry)
Ken Stier
Fortune, 16 de junio de 2010
Traducido y resumido por Salud y Fármacos

El gobierno federal de EE.UU. se ha hartado de los fraudes, sobre todo de las compañías que reinciden, como ocurre en la industria farmacéutica. Los reguladores han decidido que hay que empezar a personalizar los castigos. A partir de ahora, los ejecutivos podrán perder sus trabajos – e incluso podrían tener que dejar de trabajar para la industria farmacéutica – por los fraudes que cometa su compañía, aunque no hayan participado ni sepan nada de los crímenes cometidos.

Todo lo que el gobierno tiene que hacer para poder utilizar la autoridad que le otorga la doctrina de los que trabajan en corporaciones responsables (Responsible Corporate Officers Doctrine) es demostrar que los ejecutivos hubieran podido parar el fraude que acabó en una sentencia criminal o una declaración (plea).

Este nuevo acercamiento, que surge de la oficina del inspector general del Ministerio de Salud (Inspector’s General Office in the Department of Health and Human Services) refleja la frustración con las recidivas de las corporaciones, aun después de habérseles impuesto multas cuantiosas, penas y despidos.

Lewis Morris, de la oficina del inspector general dijo “Cuando se den las circunstancias apropiadas, empezaremos a utilizar la autoridad para sacar a los altos ejecutivos de las compañías, y así facilitaremos que las compañías modifiquen su comportamiento, para que no haya recidivas… Esperamos ver los frutos de esta estrategia en unos cuantos meses”. El personal objetivo son los que van a las reuniones de la corporación, desde los vicepresidentes de ventas para arriba, incluyendo los directores ejecutivos.

Esta iniciativa es parte del plan de la administración Obama de disminuir el fraude en el sector salud, que se estima tiene un costo de entre el 3 y 10% del gasto total – entre US$27.000 y 80.000 millones en este año. Los casos de fraude farmacéutico incluyen sobornos a médicos, precios demasiado altos, propaganda de medicamentos para usos no aprobados y una mezcla de estas tres estrategias.

En el acuerdo más reciente con el gobierno, AstraZeneca acordó pagar US$520 millones –una multa que representa el 16,5% de los US$8.600 millones de ingresos registrados entre el 2001 y 2006 por la venta de Seroquel (fumarato de quetiapina) en EE.UU. AstraZeneca consiguió transformar este medicamentos, que fue aprobado por un margen estrecho, en un medicamento de grandes ventas lanzando una campaña publicitaria que incluía usos no aprobados, incluyendo a personas mayores y niños, quienes son mucho más vulnerables y pueden sufrir efectos secundarios graves y debilitantes.

En ese momento, AstraZeneca tenía un acuerdo con el Inspector General que le obligaba a actuar con integridad (corporate integrity agreement -CIA) que le fue impuesto tras un pleito por hacer propaganda para usos no aprobados. Pfizer, que en septiembre pasado tuvo que pagar US$2.300 millones, está ahora en su tercer acuerdo de integridad. Multas más elevadas y penas para los individuos involucrados deberían facilitar el cumplimiento de los acuerdos e impedir que las compañías los ignoren.

Peter Rost, un exejecutivo de Pfizer que se ha convertido en una persona molesta para la industria dijo “Generalmente cuando alguien llega a ocupar una posición ejecutiva de alto nivel sabe muy bien cuales son los problemas de la organización y son expertos en no hacer cosas indebidas o evitar que los encuentren haciendo cosas que no debieran”.

Uno de los problemas es que los salarios están basados en incentivos – típicamente, el 40 o 50% del salario proviene de haber cumplido con las metas. Según Rost “Van a hacer todo lo que puedan para aumentar esas proporciones, y para ello harán lo que sea necesario, y si piensan que alguien va a hacer la vista gorda por una cosa u otra, lo harán”. Si se echa a unos cuantos ejecutivos de alto nivel por fraude podría ser que se termine con el sistema de hacer la vista gorda. Esto daría esperanza a los críticos.

Patrick Burns representa a una organización contra el fraude (Taxpayers Against Fraud Education Fund) y dijo “Me encanta la idea. Significa que en el gobierno hay mentes creativas… Cuando se hace daño se cambia el comportamiento. Una corporación no siente el daño, tiene que afectar al que diseña el fraude, lo permite o lo ignora; no será necesario tener muchos mártires para que se transmita el mensaje”.

El plan del gobierno reconoce que si bien hay compañías que son tan grandes que no pueden excluirlas de sus programas, los ejecutivos no los son. Otra herramienta que podrían utilizar es quitarles las patentes y permitir que las compañías de genéricos vendan medicamentos más baratos. Las dos estrategias son buenas porque el 30-40% de la mayoría de los medicamentos los compra el gobierno, y esta dependencia va en aumento.

Un ejemplo de este tipo de políticas ocurrió cuando el Departamento de Salud excluyó a Purdue Frederick de todos los programas federales de servicios de salud como castigo por la acción de tres ejecutivos (el director ejecutivo, el director científico y al asesor legal) que en el 2008 se confesaron culpables de haber etiquetado mal el Oxycontin (oxicodona). Este caso destruyó las vidas de miles de personas que se convirtieron en adictos al medicamento.

A pesar de todo esto, no ha sido fácil conseguir que las compañías se comporten adecuadamente. Uno de los problemas es exigir el cumplimiento de la normativa. El Ministerio de Justicia tiene 500 casos pendientes contra compañías farmacéuticas, y de esos más de 100 son por propaganda de medicamentos para usos no aprobados. Como solo se resuelven unos pocos casos al año, el número de casos pendientes sigue creciendo.

Según Morris, la industria trata de ir por delante pensando “en formas de controlar el desorden del marketing”, por ejemplo el negociar los salarios en grupo no de forma individual. La industria parece estar ambivalente, minimiza la importancia del problema y enfatiza lo nuevos estándares. Morris continuo diciendo “seguiremos teniendo problemas hasta que la industria no reconozca que el sistema de compensación es problemático, hay que encontrar un nuevo modelo de incentivos, de lo contrario seguirá habiendo reincidentes.”

Una asesora legal de la industria, Diane Bieri, dijo que el problema es que las regulaciones son ambiguas. Aunque eso sea cierto, los ejecutivos ahora tienen un incentivo para asegurarse de que sus compañías se apegan a la ley.