Almarsdóttir AB, Morgall JM y Bjørnsdóttir I.

International Journal of Health Planning and Management 2000; 15:149-161

En 1996 el gobierno de Islandia (pob. 270.000) promulgó una ley para la liberación de la provisión de medicamentos. Hasta esa fecha el estado regulaba su provisión para asegurar que todos los ciudadanos tuvieran un acceso relativamente fácil a precios razonables. En este país la venta de medicamentos en la capital y en las ciudades de hasta 2.000 personas se hace través de farmacias, y en los municipios de escasa población a través de los médicos, de pequeñas sucursales de las farmacias más cercanas, o de la misma municipalidad. Las sucursales no tienen farmacéutico de plantilla pero es normal que uno las visite por unas horas todos los días. El estado reembolsa a las farmacias por la gran mayoría de los medicamentos, pero hay un copago por parte de los pacientes. Hasta la promulgación de la ley, las farmacias tenían autorizadas un margen de ganancia de 60 por ciento.

Los principales cambios que introdujo la ley incluyeron:

· El estado seguía concediendo el permiso para operar una farmacia a un farmacéutico titulado, pero ni su operación ni su propiedad tenía que ser de un farmacéutico como era antes el caso.

· Se quitaron las restricciones sobre el número o la ubicación de farmacias que existían antes de que se promulgara la ley.

· El estado dejaba de determinar el precio de las medicinas de venta sin receta y solo establecía el precio máximo de las que se venden con receta.

Este artículo examina el impacto de la nueva ley en la igualdad al acceso de medicamentos y en los precios.

A los dos años y medio de haberse promulgado la ley, el número de farmacias ha aumentado en un 41 por ciento (en las zonas rurales solamente un 17). Las nuevas farmacias son más pequeñas y el número de usuarios por farmacia ha disminuido en un 28 por ciento. Han empezado a operar cadenas de farmacias y continua su crecimiento. Las farmacias hacen descuentos al copago y a los medicamentos que no son de reembolso. Las autoridades de salud han reaccionado a esta práctica aumentando los copagos. Una noticia de prensa que los autores no han podido confirmar indicaba que el pago directo de los usuarios se ha reducido en un 20 por ciento. Sin embargo, un estudio que investigó los efectos de la ley en el coste de las medicinas para el Instituto de Seguridad Social encontró que no se había reducido el coste para el Instituto.

En 1997 los autores investigaron a través de tres grupos focales en la capital y cuatro en áreas rurales la opinión de los usuarios. Hay que indicar que los participantes en los grupos focales eran muy pocos (entre cinco y siete por grupo focal). En la capital los participantes estaban satisfechos porque los horarios eran más amplios. En general, la mayoría de los participantes no conocían la ley. Los participantes urbanos comentaron que el acceso había aumentado y que los precios habían bajado, pero este no era el caso en las zonas rurales. A las zonas rurales no habían llegado los descuentos porque allí no había competición. Puede ser que esto este cambiando porque, de acuerdo a reportes de prensa, los habitantes de las zonas rurales han empezado a ir a la ciudad a comprar medicamentos. Esta práctica puede acabar con el cierre de las sucursales reduciendo el acceso a sus habitantes. Los participantes afirmaron que estaban preocupados porque los medicamentos se vendían en los supermecados.

Antonio Ugalde