Contexto: El incremento de costos de la medicación y las inequidades en el acceso a los medicamentos son objeto de discusión en Estados Unidos y Canadá. El control del gasto en medicamentos a través de compartir el coste de la prescripción entre personas mayores y personas pobres es un asunto de debate porque se conoce poco sobre el impacto que puede tener en la salud de estos subgrupos.

Objetivos: Determinar el impacto de la introducción de medidas de coste compartido de prescripción en el uso de medicamentos esenciales y de medicamentos no tan esenciales entre personas mayores y beneficiarios de servicios de salud financiados por el Estado; y documentar variaciones en la frecuencia de consultas de emergencia y de efectos adversos asociados a la reducción en el uso de medicamentos antes y después de la implementación de esas políticas.

Diseño y marco de trabajo: Análisis de series temporales de datos desde 32 meses antes a 17 meses después de la introducción de la prescripción coasegurada y de las políticas de coste compartido en 1996 en Quebec. Se desarrollaron estudios de cohortes separadamente, el control 10 meses antes del desarrollo de las políticas y una vez implementadas las políticas para estimar el impacto de la reforma del medicamento en los efectos adversos.

Participantes: Muestra aleatoria de 93.950 personas mayores y 55.333 adultos beneficiarios de financiamiento estatal de los servicios de salud.

Principales medidas de resultados: Media diaria del número de medicamentos esenciales y menos esenciales usados por mes, visitas al departamento de emergencias y efectos adversos graves (hospitalización, visita de enfermería al paciente y mortalidad) antes y después del desarrollo de las políticas.

Resultados: Tras la introducción del coste compartido, el uso de medicamentos esenciales se redujo en un 9,12% (95% IC 8,7%-9,6%) en personas mayores y en un 14,42 (95% IC 13,3%-15,6%) en los beneficiarios de servicios de financiación estatal; el uso de medicamentos menos esenciales decreció en un 15,14% (95% IC 14,4%-15,9%) y en un 22,39% (95% IC 20,9%-23,9%), respectivamente. La frecuencia (por 10.000 personas/mes) de graves efectos adversos asociados a las reducciones en el uso de medicamentos esenciales se incremento desde 5,8 en la cohorte de control antes del desarrollo de las políticas hasta el 12,6 en la cohorte de personas mayores seguidas después del desarrollo de las políticas (un incremento neto de 6,8 95% IC 5,6-8) y desde 14,7 a 27,6 en de medicación del sistema de servicios de financiación estatal (un incremento neto del 12,9 95% IC 10,2-15,5]. La frecuencia de visitas al departamento de emergencias, relacionadas con las reducciones en el uso de medicamentos esenciales, también se incrementó en el 14,2% (95% IC 8,5-19,9) por cada 10.000 persona/mes en personas mayores (cohorte de control antes de la política, 32,9; cohorte después de la política, 47,1) y en un 54,2% (95% IC, 33,5-74,8) entre los beneficiarios del sistema de servicios de financiación estatal (cohorte de control antes de la política, 69,6; cohorte después de la política, 123,8). Estos incrementos se deben principalmente a un incremento en la proporción de beneficiarios que redujeron su uso de medicamentos esenciales. Las reducciones en el uso de medicamentos menos esenciales no se asoció con un incremento de riesgo ni de los efectos adversos ni de la frecuencia de visitas al departamento de emergencias.

Conclusiones: En este estudio, el incremento de costo compartido por la prescripción de medicamentos en personas mayores y beneficiarios de servicios de financiación estatal fue seguido de reducciones en el uso de medicamentos esenciales, y se asoció a una mayor frecuencia de eventos adversos graves y de visitas al departamento de emergencias.

Traducido y editado por Antonio Luis Sánchez