ÉTICA Y DERECHO

Breves

Récord histórico de acuerdos por acusaciones de fraude de las grandes farmacéuticas
(Settlements for prosecution of fraud by big pharma at record high)
Worst Pills Best Pills Newsletter, noviembre de 2012
Traducido por Salud y Fármacos

El Departamento de Justicia de EE UU anunció el año pasado que la industria farmacéutica seguía siendo el mayor defraudador del gobierno federal bajo la Ley de Reclamaciones Fraudulentas (False Claims Act, FCA), medido por la cantidad de acuerdos civiles y criminales alcanzados con el gobierno federal en el año fiscal 2011.

En un principio, Public Citizen documentó esta tendencia en su relevante informe de 2010, “Rápido incremento de las sanciones monetarias criminales y civiles contra la industria farmacéutica: 1991 a 2010”, que mostraba que las grandes farmacéuticas habían sobrepasado de largo al infractor tradicional, la industria de defensa, en lo más alto de la lista de defraudadores de los programas federales financiados por los contribuyentes. En el momento de la publicación del informe, la industria farmacéutica había pagado casi US$20.000 millones en dos décadas a los gobiernos federales y estatales en concepto de sanciones civiles y criminales por actividades fraudulentas que iban desde la comercialización ilegal de fármacos al soborno extendido de médicos para la prescripción de sus fármacos.

En septiembre de 2012, Public Citizen publicó el informe “Sanciones criminales y civiles de la industria farmacéutica: una actualización”, que mostraba que esta tendencia ha continuado sin cesar. Desde noviembre de 2010 hasta mediados de julio de 2012, las compañías farmacéuticas se han visto forzadas a pagar US$10.000 millones adicionales para llegar a acuerdos [1] por acusaciones de fraude. Solo en la primera mitad de 2012 la industria farmacéutica ha pagado sanciones económicas record, US$6.600 millones, a los gobiernos federales y estatales.

Los estados combaten el fraude de los precios en Medicaid
El informe de 2012 presentaba por primera vez un análisis de los esfuerzos contra el fraude de los programas estatales de Medicaid, que asiste a los pacientes sin recursos económicos, ancianos y discapacitados, en los 50 estados del país. El análisis incluyó una clasificación de los estados según la cantidad de las indemnizaciones monetarias obtenidas procedentes de acuerdos y juicios.

El informe halló que los estados están llegando a más acuerdos que nunca con las compañías farmacéuticas acusadas de defraudar en sus programas Medicaid y están recibiendo cantidades récord en concepto de indemnizaciones. Desde 2009, los gobiernos estatales han alcanzado más del doble de acuerdos (94 frente a 41) y han recaudado casi seis veces más dinero que durante los 18 años anteriores (US$3.700 millones  frente a US$600 millones).

De forma destacada, la acusación más común contra las compañías farmacéuticas en estos acuerdos ha sido el sobrecargo fraudulento de los programas Medicaid; la forma en la que muchos programas Medicaid pagan por los fármacos los convierte en fácilmente vulnerables ante el fraude de los precios.

Muchos programas Medicaid reembolsan a los intermediarios, que incluyen farmacias y mayoristas de fármacos, mediante el “precio medio al por mayor” (AWP, por sus siglas en inglés) de un fármaco, que se basa en el valor establecido por el fabricante. Sin embargo, estos valores son arbitrarios y a menudo las compañías farmacéuticas cifran un AWP para Medicaid que es muy superior al precio real que cobran a los intermediarios. La diferencia entre las cifras del AWP y los precios reales pagados por los intermediarios constituye lo que se llama "diferencial" y representa una fuente de beneficios para los intermediarios.

Al inflar de forma significativa las cifras del AWP y posteriormente resaltar los grandes beneficios que obtendrán las farmacias y otros intermediarios, un fabricante de fármacos puede inducir a estos intermediarios a comprar los fármacos del fabricante. Por último, el fabricante de fármacos se beneficia de este plan fraudulento al aumentar su participación de mercado.

En muchas ocasiones esta práctica ha resultado en pagos astronómicos por parte de Medicaid. En 2002, el Comité de Energía y Comerciode laCámara de Representantesde EE UU investigó un caso en el que el fabricante farmacéutico cobró presuntamente a los intermediarios US$82,62 por un pack de 2.000 cápsulas de fluoxetina (la versión genérica del popular antidepresivo Prozac). El AWP pagado por muchos programas Medicaid para el mismo producto fue de US$5.300, o casi 65 veces el precio que pagaron los intermediarios por el fármaco.

Los estados toman medidas
Desde 1991, Kentucky ha sido el estado que más acuerdos ha alcanzado con las compañías farmacéuticas, casi todos los casos por fraude en los precios, mientras que Texas lidera la clasificación de estados con más acuerdos posibilitados gracias a soplos procedentes del sector privado. Arkansas, Louisiana, Carolina del Sur y Texas han recuperado un total de US$2.300 millones en concepto de sanciones, lo que representa más de dos tercios de las sanciones económicas obtenidas en los acuerdos que involucran a un solo estado desde 1991.

Destaca particularmente en una era de presupuestos estatales más ajustados que 17 estados amortizaran una cantidad equivalente o superior al presupuesto destinado al fraude en Medicaid (incluyendo los gastos contra el fraude no farmacéutico) con dinero procedente únicamente de los acuerdos con la industria farmacéutica. Arkansas, Carolina del Sur, Alabama y Hawai presentaron el mayor beneficio sobre el dinero invertido, entre US$12 (Hawai) y US84 (Arkansas) por cada dólar gastado en la lucha contra el fraude en Medicaid.

Los soplos como clave de los esfuerzos federales para erradicar el fraude
El gobierno federal ha alcanzado casi tantos acuerdos desde 2009 como en los 18 años anteriores (49 acuerdos desde 2009 en comparación con los 55 desde 1991 hasta 2008) y ha recuperado más dinero en forma de sanciones económicas procedente de las compañías farmacéuticas en el mismo periodo (US$14.500 millones desde 2009 en comparación con los US$11.300 millones entre 1991 y 2008). La mayoría de estas sanciones fueron posibles por chivatazos procedentes del sector privado que han revelado el fraude extendido perpetrado por la industria farmacéutica. Bajo la FCA, los soplones del sector privado (bien antiguos empleados de las compañías u otros con conocimiento de las actividades ilegales) pueden recibir hasta un 25% de las ganancias de cualquier acuerdo resultante de una investigación iniciada a raíz de sus revelaciones.

Los soplos fueron responsables del inicio de investigaciones que propiciaron 21 acuerdos federales y US$6.000 millones en sanciones bajo la FCA durante el periodo más reciente estudiado, del 2 de noviembre de 2010 al 18 de julio de 2012. Casi la mitad de los acuerdos federales y estatales propiciados por los soplos durante este tiempo fueron posibles por un único informador, Ven-a-Care, que la cadena de TV CNBC calificó como “… el chivatazo más exitoso, al menos que se sepa, de todos los tiempos". Esta pequeña farmacia, con sede en un anodino edificio en Cayo Hueso, Florida, ha sido la responsable de la recuperación de al menos US$1.300 millones para el gobierno federal procedente de la industria farmacéutica desde 2001.

Otros soplos fueron parcialmente responsables del mayor acuerdo por fraude en la sanidad de toda la historia, que GlaxoSmithKline (GSK) alcanzó con el gobierno federal en julio de 2012. Este acuerdo exigía el pago por parte de GSK de US$3.000 millones para solucionar las numerosas violaciones, incluyendo el encubrimiento de datos vitales sobre efectos secundarios cardiovasculares fatales producidos por su peligroso fármaco antidiabético AVANDIA. GSK ha sido el peor infractor en las últimas dos décadas, con más de US$7.500 millones en sanciones pagadas a los gobiernos federales y estatales, de acuerdo con el informe de 2012 de Public Citizen.

¿Efecto disuasorio o gastos de negocio?
Aunque las sanciones en estos acuerdos no tienen precedentes en escala en comparación con cualquier otra industria, aún son mínimos en comparación con el balance final de la industria farmacéutica. Los US$30.000 millones desembolsados por las compañías farmacéuticas en acuerdos con los gobierno federales y estatales desde 1991 apenas representan poco más de dos tercios de los beneficios obtenidos por las 10 mayores compañías farmacéuticas únicamente en 2010.

Esta disparidad ha llevado a algunos, como el senador independiente por el estado de Vermont Bernie Sanders, a preguntar si las sanciones son meramente un gasto de negocio para una industria tan grande y persuasiva como las grandes farmacéuticas. Los ingresos generados por actividades ilegales probablemente compensan las sanciones actuales, y en consecuencia, el fraude ha seguido en marcha.

Para alterar el escenario de coste-beneficio, Sanders introdujo en mayo de 2012 una legislación que obligaría a la pérdida de privilegios de “exclusividad de datos” de las compañías (el monopolio de mercado de fármacos de marca durante un número de años tras la aprobación de la comercialización, concedido por la FDA) para los fármacos específicos implicados en cualquier actividad criminal. Esto podría suponer una pérdida de billones de dólares anuales en ventas y probablemente frenaría a las compañías que conwp_postslan un comportamiento ilegal. Por desgracia, y quizás como era previsible, dado el poder de la industria como el mayor cabildero corporativa en Washington, esta legislación fue derrotada.

Impunidad ejecutiva
A pesar de las sanciones contra las compañías, los responsables ejecutivos de supervisar, o que de forma negligente no interrumpieron, las actividades ilegales casi siempre escapan sin repercusiones. Solo un puñado de ejecutivos de las compañías farmacéuticas ha afrontado alguna vez cargos criminales por presidir el fraude contra el gobierno federal, y solo uno, Marc S. Hermelin, ex-ejecutivo de KV Pharmaceutical, ha tenido una pena de cárcel (y solo de 30 días).

La impunidad ejecutiva es algo más que un asunto moral, va directo al corazón de por qué sigue sin detenerse el fraude. Mientras que los gestores de una compañía crean que están protegidos de cualquier responsabilidad personal, son libres de perseguir la maximización de los beneficios a corto plazo, dejando los costes a largo plazo a sus sucesores. Es precisamente por este motivo que los individuos tienen que afrontar cargos por su responsabilidad e incluso cargos criminales.

Un camino muy transitado que debe cerrarse
El fraude farmacéutico se ha convertido en algo tan habitual que los inversores apenas lo tienen en cuenta cuando se anuncia un acuerdo por US$1.000 millones con una compañía farmacéutica importante. Cuando vacilantemente se anunció el acuerdo récord de US$3.000 millones con GSK, las acciones de la compañía se elevaron hasta su mayor pico de casi 52 semanas. Les Funtleyder, estratega en asuntos sanitarios con la empresa de correduría de Nueva York Miller Tabak, resumió en pocas palabras el sentimiento en Wall Street en una entrevista con The New York Times: “Éste es un camino muy transitado para las grandes farmacéuticas”.

Los gobiernos federales y estatales deben priorizar la seguridad pública y el cumplimiento de la ley e incrementar sus esfuerzos para eliminar el fraude farmacéutico.

Para leer el informe de 2010 de Public Citizen, "Rápido incremento de las sanciones monetarias criminales y civiles contra la industria farmacéutica: 1991 a 2010”, visite la dirección www.citizen.org/hrg1924.

Para leer la actualización de 2012, visite la dirección www.citizen.org/hrg2073.

[1] Nota de los editores: llegar a un acuerdo entre las partes litigantes para dirimir una denuncia sin tener que acudir al juzgado es una solución que favorece a las transnacionales. De una parte el pago puede ser menor pero aún más importante es que las empresas no tienen que presentar ante la corte miles de documentos. A través de la documentación que el abogado denunciante y el juez exigen se han descubierto otras prácticas fraudulentas, poco éticas, algunas francamente inaceptables. Esto es lo la industria trata de ocultar y por eso siempre intenta zanjar la denuncia con un pago.  Esta forma de resolver una acusación va claramente en contra de lo que la ciudadanía exige con mayor clamor, la transparencia de las grandes transnacionales. También parece ser una burla a los principios de conducta ética que las mismas empresas han declarado en sus códigos de comportamiento.