La Generalitat Valenciana ultima un expediente administrativo que prevé la clausura como medida cautelar de toda actividad relacionada con los medicamentos de la empresa B2B, filial del grupo Ribera Salud, según ha podido saber EL PAÍS. La sociedad actúa como una central de compras de cuatro hospitales del llamado modelo Alzira, que atienden a 1,2 millones de personas. B2B carece, según la Generalitat, de la autorización para intermediar en la compra de fármacos y actúa como una especie de comisionista del grupo, líder en la gestión privada de centros públicos. La Fiscalía Anticorrupción también investiga a B2B por el cobro de comisiones ilegales a proveedores de la sanidad pública.

La legislación europea y española es muy estricta en todo lo relacionado con los medicamentos por su importancia en la salud de la población. Varias directivas y leyes definen con precisión qué actores y con qué papel pueden intervenir en la cadena de fabricación, comercialización, distribución y dispensación de las medicinas. A diferencia de otros sectores, donde como norma general vale el principio de que todo lo que no esté prohibido está permitido, con los fármacos se invierte la ecuación: lo que no está permitido por ley, está prohibido.

Este es el argumento que ha llevado a la Generalitat Valenciana —autoridad sanitaria en esa comunidad— a poner el foco en las actividades de B2B relacionadas con los medicamentos. Al no contar con ninguna autorización, la Consejería de Sanidad ha abierto un expediente informativo a la empresa y mientras este se tramita, prevé el cierre cautelar de todas sus actividades relacionadas con los medicamentos.

El Gobierno valenciano, en cambio, no entra en las actividades de la empresa con otros productos sanitarios —instrumental, vendas…—, sometidos a una regulación menos estricta.

La ley solo reconoce a cinco actores en el mercado farmacológico. Tres de ellos son dispositivos como los hospitales, los centros de atención primaria y las oficinas de farmacia. Una cuarta figura es la de los distribuidores o mayoristas. Y la quinta es la del intermediario, que puede comprar y vender medicinas entre distribuidores pero que ni siquiera está autorizado a tocar —almacenar, distribuir…— el producto.

B2B solicitó en 2013 a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ser autorizado como “intermediario”, pero la petición le fue denegada por dos veces tras un recurso.

Las Administraciones Públicas han puesto en marcha en los últimos años una sexta figura, la de las centrales de compras, para obtener mejores precios y contener la factura farmacéutica. En todos los casos, las administraciones han tenido que desarrollar normas específicas para dar amparo a estas centrales, por ejemplo una ley en el caso del Ministerio de Sanidad y una orden en el caso de la Comunidad Valenciana.

La figura de la central de compras privada no está autorizada por ninguna norma y, por tanto, prohibida, confirman fuentes de la Consejería de Sanidad valenciana. “Pueden actuar como tales para otros productos sanitarios, pero no con los medicamentos”, afirman estas fuentes.

Pese a ello, B2B se presenta en su página web como una plataforma que “integra todas las funciones de compra, aprovisionamiento y suministro de productos farmacéuticos, médico-sanitarios, quirúrgicos, alta tecnología y otros servicios”. Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, B2B se ofrece a los proveedores como el interlocutor clave para poder vender sus medicinas a los cuatro hospitales de Ribera Salud —Alzira, Dénia, Elche-Crevillente y Torrevieja—.

B2B conmina a las empresas farmacéuticas a firmar un contrato con varias cláusulas que ponen de manifiesto su papel como intermediario. Una es que a final de año, el proveedor deberá pagarle una “cuota de facturación” o comisión, que es un porcentaje del total vendido a los centros. Otra es que “el proveedor no podrá llevar a cabo ningún tipo de negociación [directa] con los hospitales adheridos a la plataforma”. El contrato también obliga a los proveedores a informar trimestralmente sobre la marcha de las ventas y a cobrar a los hospitales por los fármacos un precio pactado con B2B, llamado “corporativo”.

Estas condiciones sitúan a B2B como una especie de comisionista de la factura farmacéutica de los cuatro hospitales de Ribera Salud, ya que el acto formal de compraventa sigue haciéndose directamente entre el hospital y las farmacéuticas. La ley, también por razones de seguridad, obliga a que esto sea así ya que solo el director de farmacia y otras figuras autorizadas pueden firmar las órdenes de compra.

El llamado modelo Alzira, la gestión privada de hospitales públicos, fue una de las políticas estrella de los Gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana. El fracaso del primero de ellos, precisamente el de Alzira, obligó a reformular un modelo controvertido (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/20/valencia/1476979621_087820.html ) que el nuevo Gobierno valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig y con Carmen Montón como consejera de Sanidad, se ha comprometido a revertir. Fuentes de Sanidad tachan “de incomprensible que B2B haya podido trabajar tantos años sin autorización”, y lo achacan a “la falta de controles sobre la marcha de las concesiones de los Gobiernos del Partido Popular”.

B2B no es el único frente abierto entre la Generalitat Valenciana y Robera Salud. Un informe de la Alta Inspección Sanitaria, fechado el pasado 25 de enero, reveló sobrecostes de 2,6 millones de euros por asistencias prestadas en el servicio de urgencias. Según el informe, la empresa incurrió en “costes hinchados” y “doble facturación” a costa de la sanidad pública.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, investiga si B2B ha cobrado comisiones ilegales de hasta el 40% a otros proveedores de la sanidad pública. En este caso se trata de aquellos productos —prótesis, marcapasos, stents…— cuya factura no pagan los hospitales sino la Consejería de Sanidad. Según la denuncia, admitida a trámite, entre todo el catálogo de productos, los hospitales del grupo solo eligen los de algunas empresas, a las que luego B2B exige un porcentaje de las ventas.