Una investigación conjunta reciente de The Washington Post y 60 Minutes de CBS reveló que en 2016, en medio de la epidemia mortal de sobredosis de opiáceos en EE UU, el Congreso aprobó una ley peligrosa que despojó efectivamente a la Drug Enforcement Agency (DEA) de una de sus herramientas más fuertes: la autoridad para bloquear de inmediato el flujo de analgésicos opiáceos de venta con receta desde los distribuidores de medicamentos al por mayor a los médicos y farmacéuticos corruptos que venden estos medicamentos al mercado negro [1]. La fuerza impulsora detrás de esta legislación fue una campaña de cabildeo de varios millones de dólares orquestada por la industria de los opiáceos.

Los distribuidores de medicamentos al por mayor hacen de intermediarios entre las compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos y las farmacias y clínicas que los dispensan a los pacientes. Según la Ley de Sustancias Controladas de 1970, las compañías farmacéuticas, incluyendo los distribuidores mayoristas, deben informar a la DEA sobre cualquier pedido de opiáceos inusualmente grande o sospechoso [2]. Estos pedidos a menudo indican una desviación ilegal de opiáceos.

Las empresas que no cumplan con estos requisitos pueden recibir una multa e incluso pueden perder la licencia de la DEA para fabricar o distribuir opiáceos. En los casos más atroces, la DEA puede ordenar a una compañía que suspenda inmediatamente todos los envíos de opiáceos con el argumento de que constituyen un “peligro inminente” para la comunidad [3].

Según The Washington Post, la industria farmacéutica lanzó una campaña multifacética para debilitar el poder de la DEA sobre los distribuidores mayoristas de medicamentos [4]. Una parte importante de esta campaña consistió en presionar a legisladores clave para patrocinar legislación favorable a la industria que haría casi imposible que la DEA pudiera emitir órdenes de suspensión inmediata. Comités de acción política vinculados a la industria donaron al menos US$1,5 millones a 23 miembros del Congreso que patrocinaron o copatrocinaron varios proyectos de ley entorno al poder de la DEA. La industria también gastó millones más cabildeando en el Congreso para aprobar dicha legislación.

La inversión de la industria en el Congreso finalmente dio sus frutos. Sin llamar la atención, ambas cámaras del Congreso aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que satisfacía a la industria, y el presidente Obama lo promulgó el 19 de abril de 2016 [5]. The Washington Post informó que un “alto funcionario de la DEA dijo que la agencia se había opuesto al proyecto de ley durante años por la creciente presión de miembros clave del Congreso y grupos de presión de la industria. Pero la DEA perdió la batalla y finalmente se vio obligada a aceptar un acuerdo que no quería” [6].

Las revelaciones de The Washington Post y “60 Minutes” provocaron una indignación pública justificada. A menos que quiera seguir siendo cómplice en las muertes prevenibles por opiáceos, el Congreso debe derogar rápidamente la ley de 2016 y restablecer la autoridad de la DEA, colocando así los intereses de las comunidades devastadas por la epidemia por sobredosis de opiáceos antes que los intereses de la codiciosa industria farmacéutica.