Desde hace 20 días, el comité de ética de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), tiene en sus manos un espinoso caso que involucra a la reputada multinacional Boehringer Ingelheim.

Según el expediente, dos miembros de la compañía farmacéutica habrían incurrido en la compra ilegal de información y promoción de medicamentos, en una especie de ‘espionaje comercial’ inédito dentro de un mercado que mueve en Colombia más de 9 billones de pesos al año.

De acuerdo con la evidencia hallada por la propia multinacional, sus representantes comerciales Robinson Rodríguez Álvarez y José Edilberto Morales Sosa pagaban irregularmente a sus clientes, entre ellos médicos y representantes de otras farmacéuticas de Pereira, Manizales, Armenia y Cartago, para que les contaran cuáles eran los planes de acción de ventas y mercadeo de la competencia de la multinacional, incluida Audifarma S. A.

Los datos recaudados iban desde el nombre del medicamento más vendido o recetado a sus pacientes hasta la forma como lo comercializaba la competencia.

Lo que supuestamente se buscaba con ese tipo de información, mayoritariamente de carácter confidencial, era lograr que Boehringer fuese más competitiva y, por ende, que su facturación subiera.

Los dineros usados para estos pagos por información se justificaban a través de la figura de cuenta de gastos de los representantes comerciales, y –según los implicados– lo hacían con el visto bueno de sus jefes directos en la multinacional. Además, terminaron admitiendo que la compra de información de manera ilícita se habría realizado continuamente entre el 2013 y el 2017.

En efecto, dichos pagos se frenaron en el segundo semestre de 2017, cuando Boehringer decidió investigar disciplinariamente y despedir a Rodríguez y a Morales Sosa –siguiendo protocolos internos–, luego de hallarlos responsables de acudir a prácticas ilícitas en su ejercicio como representantes comerciales de la compañía.

“Es claro que puede haber riesgo de que este tipo de situaciones se presenten, pero de ninguna manera cuentan con el aval corporativo de Boehringer ni mucho menos son autorizadas institucionalmente. Cuando investigamos, debido a una queja interna, realizamos un riguroso proceso interno y, ante la evidencia, decidimos finalizar la relación laboral con los señores Rodríguez y Morales”, le dijo a EL TIEMPO Luis Bedoya Romero, directivo del departamento Legal y de Cumplimiento de la multinacional.

De hecho, para la farmacéutica, con oficinas centrales en Alemania y al menos 57 años de presencia en Colombia, el proceso abierto en Afidro obedece a un intento de presión social para lograr que los despedidos obtengan una millonaria indemnización laboral.

Ética vs. Ventas
Incluso, Bedoya advirtió que desde el 2017 se vienen realizando convenios comerciales con firmas como Audifarma, en los cuales se pacta un reconocimiento económico a cambio de información relacionada con los productos que provee Boehringer, en torno a inventario y suministro, pero que nada tienen que ver con los datos de pacientes o medicamentos de otras empresas.

“Es algo legal y reglamentado”, enfatizó Bedoya. Y Audifarma precisó que la información suministrada al laboratorio “hace referencia única y exclusivamente al inventario de los productos de esta marca”.

Pero otra es la postura que tienen Rodríguez y Morales, los despedidos.

Para ellos, conforme a sendas demandas que interpusieron en el Juzgado Segundo Laboral de Pereira y a la denuncia allegada a Afidro, la compra de información de los procesos de mercado de los competidores de la multinacional era de conocimiento de sus jefes. Incluso, advirtieron que la firma hizo varias veces uso de esos datos para potenciarse comercialmente en varias regiones del país.

“Es desde comienzos del 2013 cuando se da inicio al proceso de obtención y pago de la información que servía para análisis, planes de acción de ventas y mercadeo de Boehringer, al punto de que la información adquirida se usaba para desarrollar estrategias de mercadeo, objetivos de ventas y tácticas de trabajo de los equipos de venta. Es más, esto lo conocían los gerentes regionales y comerciales, los de venta y de mercadeo, y hasta los equipos de visita médica y analistas de venta”, le dijo Morales a este diario.

Y si bien los dos reconocieron que ese tipo de conductas no están reglamentadas y pueden ir en contravía de lo que en el sector se conoce como ‘compliance’ (una especie de guía ética), se ratificaron en que esta labor de ‘espionaje comercial’ era autorizada por sus jefes directos y, por lo mismo, aseguraron que su desvinculación laboral de la multinacional fue irregular.

Con base en este último argumento, de que fueron separados de sus cargos erróneamente, en sus demandas ante el juzgado laboral de Pereira reclaman una indemnización cercana a los 3.000 millones de pesos. Sin embargo, desde Boehringer se afirmó que los dos realizaron entrenamientos anticorrupción y hasta se advirtió que en el receso de una de las audiencias de conciliación le pidieron a su apoderado –en un pasillo aledaño al juzgado que lleva el proceso– un pago de 2.000 millones para desistir de las denuncias.

El capítulo ‘diabetes’
En el expediente de Afidro hay una referencia a la supuesta comercialización irregular del medicamento Jardiance, el cual el Invima autorizó a distribuir para tratar la diabetes.

No obstante, según lo allegado al proceso, Boehringer capacitaba a sus empleados comerciales para que también lo ‘ofrecieran’ como un producto médico con incidencia positiva en el tratamiento de problemas cardiovasculares. Para esto último, admitió el propio laboratorio Boehringer, el Invima solo dio autorización en agosto pasado. Pero advirtió que lo que hizo previamente fue un intercambio de evidencia científica sin fines comerciales.

Morales y Rodríguez, por el contrario, aseguraron que sí hubo capacitaciones con ese fin comercial y se quejaron de que hasta les interpusieron una tutela para callarlos.

El caso, inédito para Afidro y su tribunal de ética, espera resolverse antes de marzo próximo.

“Todo depende de las pruebas anexadas y de la queja formal. Ya realizamos un chequeo inicial, sin entrar a valorar de fondo, y le pasamos todo al tribunal, que es la instancia que debe dictar un veredicto”, precisó Orlando Sarmiento, director científico de la agremiación.

En cualquier caso, todas las partes reconocieron que el asunto es tan delicado que puede sentar un precedente en Colombia en cuanto a manejo de información confidencial con fines comerciales en el sector de medicamentos, por lo que –según supo este diario– ya se ordenaron la práctica de pruebas y recaudación de testimonios para determinar cuál lado tiene la razón.

‘No vamos a ceder ante presiones con fines económicos’
Luis Bedoya Romero, directivo del departamento Legal y de Cumplimiento de Boehringer, le aseguró a EL TIEMPO que la multinacional nunca ha dado autorización para acudir a prácticas ilegales a fin de acceder a información de sus competidores en el país.

Además, que la firma está en la disposición de asumir las decisiones éticas y judiciales que se den en los procesos abiertos, pero advierte que desde ya se está analizando la posibilidad de emprender acciones legales contra Robinson Rodríguez Álvarez y José Edilberto Morales Sosa, los dos exempleados de la multinacional que denunciaron este caso de ‘espionaje comercial’.

Bedoya agregó: “No vamos a ceder ante presiones con fines económicos”, en referencia a la indemnización de unos 3.000 millones de pesos que reclaman tras el despido. “Ratificamos nuestra labor y compromiso ético”, dijo.