El gobierno federal, que ha sido acusado de no responsabilizar a las compañías farmacéuticas por la epidemia mortal de opioides que afecta a toda la nación, espera disipar esa impresión el lunes, cuando comience el primer juicio penal de los ejecutivos farmacéuticos que promocionaron el analgésico.

John N. Kapoor, un ex multimillonario y fundador de Insys Therapeutics, con sede en Arizona, se presentará ante el Tribunal Federal de Boston junto con cuatro ex ejecutivos de la compañía, acusados de actuar más como mafiosos que ejecutivos farmacéuticos al vender una marca de fentanilo, un medicamento opioide potente y adictivo.

En un juicio que se espera que dure hasta tres meses, los fiscales federales intentarán convencer a un jurado de que los cinco acusados pagaron sobornos a los médicos en una conspiración para extorsionar a nivel nacional. Los pagos supuestamente indujeron a los médicos a recetar Subsys, un aerosol de fentanilo que se administra debajo de la lengua y está aprobado para tratar el dolor severo relacionado con el cáncer, a pacientes que no habían sido diagnosticados con cáncer.

El caso presenta varios alegatos explosivos. Los fiscales dicen que Insys creó un “programa de conferencias” para pagar a médicos, y ajustó los pagos según la cantidad de recetas que los médicos escribieran, falsificó las historias clínicas de los pacientes para engañar a las aseguradoras y lograr que cubrieran el pago de Subsys para pacientes sin cáncer, e incluso contrataron a una mujer que había sido stripper y gerente de un servicio de escolta como ejecutiva clave de ventas.

Los antiguos empleados de Insys, que son los delatores en las demandas federales a lo largo de todo el país, han descrito una cultura de ventas machista y con mucha presión, en la que se alentó el engaño.

Un ex ejecutivo supuestamente dijo a los representantes de ventas que “El Lobo de Wall Street- The Wolf of Wall Street”, la película de 2013 sobre un corredor de bolsa corrupto, fue “el mejor video de capacitación en ventas de la historia”, según una demanda.

El caso criminal marca un caso raro en que el gobierno, usando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por la Mafia (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act RICO), acusa a ejecutivos empresariales. La ley fue aprobada en 1970, principalmente para procesar a figuras del crimen organizado.

“Cada vez que se aplica RICO a algo que parece ser un negocio o empresa legítima, siempre es algo inusual”, dijo Brad Bailey, un abogado defensor de Boston y ex fiscal federal y estatal que no está involucrado en el asunto. En este caso, dijo, el gobierno quiere probar que la comercialización del analgésico Insys fue toda un “estrategia fraudulenta, de arriba a abajo”.

A modo de contraste, se espera que los abogados de los ex ejecutivos de Insys argumenten que el caso es un ejemplo atroz de la exageración del gobierno. En una reciente presentación ante el tribunal, los abogados defensores escribieron que los fiscales no han cumplido con los requisitos legales para presentar cargos apoyándose en la ley RICO y quieren “humillar y denigrar a los ejecutivos acusándoles de tráfico de drogas ahora que la crisis de los opioides está en todos los titulares”.

Los fiscales dicen que el supuesto esquema afectó la forma en que algunos médicos recetaron Insys en todo el país, pero los cargos fueron presentados por la oficina del fiscal de EE UU en Massachusetts, que durante años ha desempeñado un papel importante a nivel nacional en el procesamiento de fraudes en la atención médica.

El caso ciertamente marca un cambio en la forma en que el Departamento de Justicia ha tratado a los fabricantes de medicamentos opioides.

Purdue Pharma, una compañía farmacéutica privada en Stamford, Connecticut, ha generado muchas más críticas durante la epidemia de opiáceos, que según los funcionarios federales ha matado a casi 400.000 personas entre 1999 y 2017. Pero en comparación con la acusación de Insys, Purdue ha recibido un tratamiento más leve en los tribunales.

Kapoor y los otros cuatro acusados de Insys enfrentan una demanda cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves que en el caso de Purdue. Si son declarados culpables de conspiración para extorsionar, podrían ser condenados con hasta 20 años de prisión. Eso satisfaría a algunos críticos de las compañías farmacéuticas que han promocionado los opioides.

“Que las corporaciones puedan matar personas en su intento por maximizar sus ganancias y simplemente paguen una multa no es suficiente”, dijo el Dr. Andrew Kolodny, codirector de investigación de políticas de opioides en la Facultad Heller de Política Social y Administración de la Universidad de Brandeis. “De lo contrario, se puede pensar que es un riesgo de hacer negocios”.

Aunque Kolodny estuvo de acuerdo con la fiscalía, dijo que las tácticas de marketing de Insys no eran tan diferentes de las de Purdue y otros fabricantes de analgésicos basados en opioides.

“Que sirva de ejemplo de… esa es la finalidad de la disuasión”, dijo.

Kapoor es el más prominente de los cinco demandados de Insys. Un empresario de 75 años, criado en la India, vive en Phoenix y, hasta hace poco, estaba en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Kapoor fundó Insys, con sede en Chandler, Arizona en 1990. Durante más de una década, financió en gran parte la empresa con su propio dinero.

Guió a Subsys hasta que fue aprobado por el gobierno, motivado, dijo, por ver a su esposa, Editha, sufrir antes de morir por cáncer de mama metastásico en 2005.

Subsys era uno de los pocos medicamentos de marca, potentes y altamente regulados, a base de fentanilo que se prescribían a pacientes con cáncer y”dolor agudo difícil de aguantar”, es decir, dolor que no se controlaba con otros opioides. El fentanilo es hasta 100 veces más fuerte que la morfina, según la Administración de Control de Drogas.

Con la aprobación de Subsys en 2012, Insys prosperó. La compañía salió a bolsa en 2013 y su oferta pública inicial (innitial public offering IPO) fue la más exitosa del país en ese año. Para el año 2015, los ingresos de Subsys se acercaron a US$500 millones.

Según los fiscales, gran parte del éxito, sin embargo, fue el resultado de actos criminales. Kapoor y sus compañeros acusados supuestamente identificaron médicos que podrían ser receptivos a la prescripción de grandes cantidades de Subsys. Entonces les pagaron para que escribieran recetas para los pacientes que no tenían cáncer pero que querían algo que les aliviara el dolor, dicen los fiscales.

Se acusa a Insys de disfrazar los pagos como honorarios por conferencias sobre los beneficios del medicamento.

Supuestamente, Insys también pagó los sueldos de los empleados de la oficina de los médicos que prescribieron Subsys. Y la compañía estableció un “Centro de reembolso Insys” en Arizona que supuestamente falsificaba las historias de los pacientes para engañar a las aseguradoras privadas, y a Medicare y Medicaid, para cubrir el costo del analgésico, aunque la mayoría de los pacientes no tenían cáncer, dicen los fiscales.

Los otros cuatro acusados son Michael Gurry, ex vicepresidente de mercados gestionados; Sunrise Lee, ex directora regional; Joseph Rowan, ex director regional; y Richard Simon, ex director nacional de ventas.

Lee había sido bailarina en un club de striptease de la Florida y gerente de un servicio de acompañantes, que fue contratada como ejecutiva de ventas a pesar de no tener un título académico, según una de las varias demandas de delatores presentada contra Insys.

Según una de las demandas, Alec Burlakoff, ex vicepresidente de Insys que se declaró culpable de un cargo por conspirar para extorsionar en noviembre y acordó cooperar con los fiscales, defendió su contratación diciendo: “Los médicos realmente disfrutaron de pasar tiempo con ella y descubrieron que Sunrise escuchaba con mucha atención”. Y añadió: “Era la que cerraba los contratos”.

A principios de este mes, Michael Babich, el ex CEO de Insys, se declaró culpable de un cargo de conspiración y un cargo de fraude por correo por su papel en el presunto plan. También ha acordado cooperar con los fiscales.

La investigación criminal comenzó después de que varios ex empleados de Insys presentaran una demanda ‘un juicio de delatores’ [1], alegando que los presuntos ejecutivos parecían indiferentes al daño que Subsys representaba para los pacientes sin cáncer.

Según una demanda presentada en un tribunal federal de California, una ex representante de ventas explicó que le habían dicho que “estos pacientes no empeorarían como consecuencia del uso innecesario de Subsys. . . Ya eran adictos y sus perspectivas ya eran muy malas”.

Esa misma representante, que presentó su queja de forma anónima, dijo que le habían dicho que “se comportara más sexualmente” y que acariciara las manos de los médicos mientras que “literalmente les suplicaba” que recetaran más Subsys.

Se espera que los médicos que escribieron recetas para Subsys declaren en el juicio. No está claro si el jurado escuchará las pruebas de los pacientes que sufrieron sobredosis o desarrollaron adicción.

Varios médicos que recibieron pagos a cambio de escribir recetas de Subsys han sido condenados por cargos federales en otros lugares. Incluyen al Dr. Jerrold Rosenberg, de North Providence, quien se declaró culpable el año pasado en un tribunal federal de Providence por crear registros de pacientes falsos y por recibir más de US$188.000 en sobornos disfrazados de honorarios por conferencias. Fue condenado a más de cuatro años de prisión.

Insys todavía funciona como empresa, pero se está enfocando en desarrollar cannabinoides sintéticos. La compañía ha sufrido una “transformación significativa” desde que llegó un nuevo equipo de administración en 2017, dijo la portavoz Jackie Marcus.

Un “equipo de tamaño modesto” aún comercializa Subsys, dijo.

Jonathan Saltzman can be reached at jsaltzman@globe.com. Maria Cramer can be reached at maria.cramer@globe.com.

Nota
[1] Un juicio de delator es un juicio que responde a la demanda de un delator que menciona cualquier tipo de información o actividad que se considera ilegítima, no ética o incorrecta dentro de una organización que es privada o pública… Por eso, en EE UU y otros países existen un número de leyes que protegen a los delatores (Wikipedia)