La población general está redescubriendo el escándalo de los precios ilegítimos de los medicamentos y de los productos para la salud a través del ejemplo de Zolgensma. El laboratorio Novartis comercializa esta terapia génica contra la atrofia muscular espinal a un precio de dos millones de euros por inyección. Novartis ha propuesto un sorteo para seleccionar qué bebés recibirán el tratamiento.

Como si esta lotería no fuera lo suficientemente impactante, el escándalo no termina con esta vergonzosa estrategia, que es solo una muestra de algo peor. Zolgensma se desarrolló gracias a un Telethon, es decir con dinero proveniente de donaciones libres de impuestos, y de fondos públicos y beneficencia.

Este ejemplo está lejos de ser único. Las herramientas para controlar la hepatitis viral se desarrollaron en Francia a través de investigaciones con financiamiento público, y ahora están patentadas por compañías privadas, que son las únicas que se benefician de las ganancias por sus ventas. En el área de la tuberculosis, la bedaquilina, un gran avance, se desarrolló en gran parte gracias a la financiación pública y filantrópica. Por su parte, Sanofi busca patentar una combinación de moléculas que se descubrieron hace varias décadas para venderlas a un precio superior, a pesar de que la utilidad inicial de esta combinación se descubrió gracias a la financiación de Unitaid, es decir, con dinero público.

Sanofi recibe un crédito fiscal de 150 millones de euros anuales por investigación. Esto anualmente representa el doble de lo que prometió La Ministra de Salud, Agnès Buzyn, en junio pasado al personal hospitalario y de emergencias que llevaban meses en huelga. Y es solo una pequeña parte de la ayuda pública que recibe. Sin embargo, desde 2009, el laboratorio ha eliminado más de 2.800 puestos de investigación.

Estos ejemplos, y muchos otros, los han documentado las ONGs, nunca el propio estado, que rechaza la transparencia sobre el destino de los fondos públicos para la investigación y el desarrollo, y que acepta que paguemos los medicamentos al menos dos veces: primero a través de sus numerosos apoyos financieros directos e indirectos para la investigación, y mediante el reembolso de medicamentos, sin que se haya hecho una evaluación para determinar si se justifican sus precios.

La presión de los activistas hizo que a partir de mayo pasado se empezara a intuir un cambio. Hubiéramos tenido que luchar para que Francia apoyara una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud invitando a los países a garantizar la transparencia en los precios de los medicamentos; tendríamos que haber luchado, a pesar de la falta de interés del gobierno, para que en noviembre, una disposición adicional al proyecto de ley de financiación del Sistema de Seguridad Social francés [equivalente al Servicio Nacional de Salud Británico] obligara a la industria a proporcionar detalles sobre la ayuda pública que han recibido para desarrollar un medicamento.

La medida habría permitido al regulador público recuperar el poder en las negociaciones, pues tendría una visión ligeramente más clara de los gastos y riesgos que ha asumido la industria para justificar sus exorbitantes precios. Pero el Consejo Constitucional censuró esta disposición, por razones que nos parecen injustificables y que, ante todo, responden a motivaciones políticas. Ni el gobierno ni el comisionado de presupuesto del Sistema de Seguridad Social francés reaccionaron a esta censura, demostrando con su indiferencia que la transparencia en los precios de los medicamentos, que está en el corazón del escándalo de Novartis, no es su prioridad. La Ministra de Salud dice simplemente que está “preocupada” por el sorteo y quiere tranquilizar; en Francia, nuestro sistema lo impediría. Por lo tanto, no ve ningún problema con que nuestro sistema solidario gaste una fortuna para pagar un medicamento que NOSOTROS ya hemos financiado.

Y dado que el gobierno acepta este dictado financiero de la industria farmacéutica, debe pagarlo sacando el dinero de otro lugar. ¿Cómo? A través de una política de austeridad que afecta a los hospitales, al sistema de salud de Francia, a la Ayuda Médica del Estado y a los programas de bienestar social. ¿Cómo se atreve a afirmar que no hay suficiente dinero para que el personal y los pacientes hospitalarios tengan condiciones decentes cuando uno paga dos veces, e invierte miles de millones en productos de salud, y al mismo tiempo se niega a documentar la relevancia de su precio?

¿Cómo se atreve a afirmar, como hace la ministra, que la lotería para el cuidado de niños no es relevante, cuando las medidas de austeridad han llevado a los hospitales de Ile-de-France a enviar niños recién nacidos fuera de la región para su seguimiento pediátrico? Este sorteo, cuya identidad no está clara, que concierne tanto a los niños como a otros pacientes afectados por las consecuencias de la austeridad, ha sido provocado por la política y el gobierno de Agnes Buzyn. El gobierno francés ha decidido aceptar lo que Novartis ofrece con cinismo.

Por vergonzoso que sea, el anuncio de Novartis no es una aberración, sino el producto de un sistema alentado por la falta de acción por parte de nuestras autoridades. Se debe cambiar y repensar el sistema actual en su conjunto. Los medios de comunicación deben finalmente documentar el alcance del problema y cuestionar constantemente a nuestros líderes políticos sobre el tema. El gobierno debe garantizar, por decreto de ley, la transparencia en los precios de los productos de salud. Debe reclamar NUESTROS medicamentos, aquellos por los que ya hemos pagado, incluido Zolgensma. Existen medidas legales, como la licencia obligatoria, que hace posible contrarrestar el dictado financiero de estos gigantes farmacéuticos y hacer que la salud vuelva a ser un activo compartido.