A medida que aumenta la presión sobre los mayoristas farmacéuticos por su papel en la crisis de los opioides, McKesson acordó pagar US$175 millones para resolver una demanda presentada por inversores que afirmaron que el gran distribuidor no supervisó adecuadamente los envíos sospechosos de analgésicos adictivos.

Además del pago, McKesson también acordó tomar varias medidas para fortalecer la gobernanza de la corporación, incluyendo la separación de los roles de presidente y el director ejecutivo, poner límites de mandato para los miembros de la junta, reformar el comité de cumplimiento de la junta, generar informes de la junta sobre las quejas por problemas de cumplimiento, y endurecer las políticas de reintegro para los ejecutivos que no se desempeñan correctamente, según lo estipulado en el acuerdo.

Un portavoz de McKesson nos escribió que “el acuerdo extrajudicial está sujeto a la aprobación del tribunal y no incluye ninguna admisión de responsabilidad”.

El acuerdo se produce cuando McKesson y otros dos grandes distribuidores, Cardinal Health y AmerisourceBergen, se enfrentan a un número creciente de demandas de los gobiernos estatales, de condados y ciudades. Las demandas acusan a las compañías de no tomar suficientes medidas para detener los envíos cuestionables de opioides, pero hasta ahora la oferta de acuerdo extrajudicial que han hecho las compañías por US$18.000 no ha ganado fuerza.

Mientras tanto, las compañías han recibido multas de las autoridades federales por este tema y, en consecuencia, se enfrentan a una presión creciente de los accionistas para endurecer los procedimientos.

“El tamaño y los términos del acuerdo son las señales más claras de que la falta de supervisión por parte del consejo directivo permitió que los grandes distribuidores de medicamentos jugaran un papel clave en inundar a la nación con más de 100.000 millones de pastillas para el dolor en solo nueve años”, dijo Michael Pryce-Jones, director corporativo analista de gobernanza en International Brotherhood of Teamsters, miembro de Investors for Opioid Accountability, una coalición de inversores institucionales que ha estado presionando a los mayoristas y a las farmacias para que tomen medidas para frenar la crisis de los opioides.

“Los términos sirven como modelo para los otros distribuidores de medicamentos, y deberían movilizar a los grandes gestores de activos para exigir una reforma integral de la gobernanza, en particular para la destitución de los directivos. La pregunta candente ahora, particularmente teniendo en cuenta la posibilidad de un acuerdo global (de los demandantes), es si las juntas directivas se sentirán de hecho presionadas, para seguir adelante y exigir que los altos ejecutivos devuelvan su pago, algo que los Teamsters han solicitado repetidamente”.

Hace tres años, McKesson llegó a un acuerdo por US$150 millones con el Departamento de Justicia por acusaciones de que la compañía no había informado sobre órdenes cuestionables. Posteriormente, la junta realizó una investigación interna y exoneró a la alta gerencia de cualquier incumplimiento de los requisitos federales. Pero las coaliciones de inversores impulsaron posteriormente a la compañía a crear un comité para monitorear los riesgos de distribución y presentar a los inversores los informes de sus dos investigaciones por denuncias de fallos de supervisión.

Casi al mismo tiempo, los Teamsters patrocinaron una resolución que convenció a los accionistas de McKesson para que rechazaran un plan de compensación ejecutiva. El sindicato explicó que el pago que se había acordado con el exdirector ejecutivo John Hammergren era “excesivo”, porque McKesson había sido “una figura central” en la crisis de los opioides. La resolución también contó con el apoyo de los tesoreros estatales de Virginia Occidental, Illinois y Pensilvania.

También se ha presionado a otros dos grandes mayoristas farmacéuticos. El otoño pasado, un grupo de cuatro tesoreros estatales, de Connecticut, Illinois, Rhode Island y Vermont, se opuso a la decisión de Cardinal Health de volver a nombrar a un miembro de la junta que había sido miembro cuando las autoridades federales multaron al distribuidor por permitir el desvío de sustancias controladas. Los Teamsters también se quejaron de que se volviera a nombrar. El esfuerzo, sin embargo, fracasó.

La organización Investors for Opioid Accountability también ha presionado a las cadenas de farmacias para reforzar la supervisión. El otoño pasado, por ejemplo, más de la mitad de los accionistas de Rite Aid (RAD) votaron exigiendo a la junta directiva de la cadena de farmacias que informara sobre cómo se monitorean los analgésicos adictivos y cómo la empresa gestiona los riesgos financieros y de reputación relacionados.