Entrevistas

Claudia Vargas, directora de la Fundación Ifarma, una organización civil que desde hace 28 años se dedica a la investigación en cuanto a acceso, uso y calidad de los medicamentos en el país, se refiere a los fenómenos que han alterado el mercado y producción de los que se necesitan para combatir la pandemia de Covid-19. Analiza la posición débil de Colombia ante la emergencia y su nula capacidad de producir químicos o biológicos para abastecer el sistema de salud nacional.

¿El retraso y la lentitud de Colombia respecto de otros países latinoamericanos, en la llegada de lotes de vacunas anti-COVID, se debe al acaparamiento en el “primer mundo”, a las decisiones internas del Gobierno Nacional o a ambos motivos?
A una buena combinación de esos factores, sumándole la distorsión generada por países de muy alto ingreso, como Israel o Emiratos Árabes, que pagaron precios mucho más altos que los de la Unión Europea y que han concentrado, también, parte de la entrega, y a la actitud de otros países, Estados Unidos y Canadá entre ellos, que compraron vacunas para tres o cuatro veces su población total. En cuanto a las decisiones internas, hay que decir que Colombia estaba, claramente, en una mala posición para negociar: tenía mucha presión política para agilizar la compra y, al mismo tiempo, había gran incertidumbre sobre los resultados de la vacuna. No era una decisión fácil. Brasil y Argentina negociaron con más firmeza y obtuvieron mejores resultados, especialmente porque tienen capacidad de producción local.

A propósito, ¿cuánta capacidad de producción de biológicos tiene Colombia? ¿Hay laboratorios en el país preparados para producir las vacunas ya existentes o para investigar nuevas fórmulas?
No. En este momento es limitada. De hecho, se ha discutido mucho, como consecuencia de la pandemia, que la capacidad de respuesta de Colombia en cuanto a producción de biológicos se perdió y los esfuerzos por recuperarla no han sido suficientes. A finales de los años 90, el Instituto Nacional de Salud (INS) producía vacunas, pero la planta fue cerrada por una combinación de decisiones políticas y económicas, según las cuales había que reducir el sector público, en aplicación del principio de que el Estado regula, pero no produce, y por una mala aplicación de las políticas de la norma sobre buenas prácticas de manufactura que aplicaba para medicamentos de síntesis química, pero no para biológicos como las vacunas.

Hablando de este tema, precisamente en situaciones críticas, lo deseable es que el Estado afectado acelere o incremente la producción nacional de medicamentos. ¿Ha mejorado Colombia en este campo que ha demostrado ser crucial?
Recientemente el presidente animó a la industria nacional a producir vacunas recordando que, en el pasado, el Instituto Nacional de Salud (INS) y algunas empresas privadas produjeron biológicos como vacunas. Pero pasó un año de pandemia y no se avanzó, aunque desde el inicio muchas organizaciones, como Ifarma, estuvimos insistiendo en fortalecer las capacidades nacionales y en el Senado se propuso trabajar por una soberanía farmacéutica y por hacer inversiones para contrarrestar la dependencia. No podemos olvidar que el fundamentalismo de mercado que tanto defiende la eficiencia, la especialización y la competitividad, debilitó las capacidades locales y dejó al mundo entero sin herramientas para responder a la emergencia de forma oportuna.

¿Qué es “soberanía farmacéutica”?
Es la capacidad de un país de producir los insumos que requiere para resolver los problemas de salud de su población.

Y, ¿a qué se refiere cuando habla de “fundamentalismo de mercado”?
Al modelo económico en que se prima la eficiencia en la producción y la especialización, y se privilegia la importación cuando se está fuera de estos dos parámetros debilitando la capacidad de producción local de lo que no parece rentable.

La capacidad de negociación del Estado colombiano u otros latinoamericanos similares al nuestro, en este tipo de mercado que usted describe, ¿cuál es?
La capacidad de negociación de Colombia es baja, por la limitación de recursos y por el tamaño relativamente menor de su población en contraste con países como Brasil, que tiene mayor población y capacidad de producción. Aun cuando Brasil pasó por la implementación de una política similar a la de Colombia en los años 90, en cuanto a reducción del tamaño del Estado, nunca eliminó su capacidad pública de producir medicamentos.

El Gobierno de Colombia no ha estado del lado de muchos países en similares condiciones a la nuestra, en su petición de liberar las patentes de las vacunas para que estas puedan producirse en cualquier parte y a menores costos. Según los análisis de Ifarma, ¿a qué se debe esta posición nacional que contradice los intereses nacionales en salud pública? ¿Es una exigencia de los tratados de libre comercio?
Se pensaría que sí. Los países ricos han argumentado que no hay evidencia de que la propiedad intelectual incremente los precios ni limite el acceso. ¡Como si lo que pasa hoy con las vacunas no estuviera sucediendo! Colombia, que se había mantenido en silencio (abstención), en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, de esta semana, se sumó a los países que piden más evidencia para tomar una decisión sobre la iniciativa conocida como Waiver (una excepción a la propiedad intelectual). Si la responsabilidad del Estado colombiano es salvaguardar la salud de sus ciudadanos, uno no entiende esa posición en la situación actual de recursos limitados y retrasos en la entrega de las vacunas, incluso en países ricos como los de la Unión Europea.

O sea, ¿Colombia se sumó a la posición de los países ricos?
No, está en una posición intermedia, porque los países ricos alegan que esa excepción no es necesaria debido a que en el ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) existen unas flexibilidades que podrían utilizarse en este caso. Sucede, sin embargo, que son de muy difícil aplicación. Colombia no está completamente en contra del Waiver, pero ha dicho que quiere estudiar más el fondo del tema. Dos tercios de los países miembros que han sido afectados con la escasa disponibilidad y problemas en la entrega de las vacunas están a favor de las excepciones. Y, aunque Colombia ha expresado una posición similar, ha preferido inclinarse más hacia la de los países ricos.

¿Algunas farmacéuticas, durante las negociaciones para la venta de sus vacunas, presionaron a los gobiernos para que los contratos incluyeran cláusulas como la de la pignoración de activos estatales (por ejemplo, inmuebles de embajadas y otros) como garantía por la eventualidad de líos legales?
Eso publicó el Bureau de periodismo investigativo, una ONG sin fines de lucro. Lo que sabemos sobre el caso colombiano, en medio de la confidencialidad que nos fue impuesta, es que se modificó una ley, la ley de vacunas, para exonerar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por los efectos secundarios severos que se pudieran presentar. Se creó un nuevo esquema de vigilancia, no para reportar los efectos adversos, lo que es una función del Invima, sino para “calificar” si los efectos adversos son causados por las vacunas y si habría lugar a alguna indemnización que será pagada por el Estado colombiano, de acuerdo con lo que se estableció en esa ley. El seguimiento a reacciones adversas de los medicamentos es una función legal del Invima, pero para el caso de las vacunas, esa función le fue transferida al Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud (IETS), que no tiene experiencia en ese tipo de actividades.

¿Quién controla y regula la calidad y los precios de estas vacunas en el mundo? ¿Estamos sometidos a una especie de suprapoder farmacéutico por encima, incluso de los Estados?
Exactamente, estamos ante un suprapoder farmacéutico. Aunque algunas vacunas han sido desarrolladas, principalmente, en universidades y financiadas con recursos públicos, las empresas privadas están comercializando los productos y la “regulación” de los precios se limita a la capacidad de negociación de cada país. La calidad es regulada por las agencias sanitarias como la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por su sigla en inglés), la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) o en Colombia, el Invima. De otra parte, no puede desconocerse la influencia de la filantropía, especialmente de Bill y Melinda Gates en el desarrollo de la estrategia Covax, pues sus aportes apuntan, sobre todo, a legitimar modelos de negocio basados en propiedad intelectual que buscan balances con algunos principios más caritativos que solidarios.

La circulación de medicamentos en Colombia, ¿cuánto se alteró durante la pandemia? ¿Se presentaron incrementos inusuales de precios? ¿Hubo acaparamiento o retención temporal de antiinflamatorios, anestésicos, etc., como se insistió o se trató de rumores sin fundamento?
Sí hubo alteración del mercado de medicamentos y su impacto se debió, sobre todo, al aumento súbito de la demanda. A nivel institucional, en las UCI se requirió mayor cantidad de medicamentos, porque el número de pacientes creció. A nivel de farmacias y droguerías, el desabastecimiento se creó porque muchas personas salieron a comprarlos para tener reservas durante la cuarentena y ante la incertidumbre de cuándo volvería la normalidad. Pero también hubo una sobredemanda de medicamentos que parecían ser útiles para la prevención o tratamiento del COVID-19 sin que hubiese evidencia suficiente que justificara su uso, como sucedió, por ejemplo, con la ivermectina y con la hidroxicloroquina.

Hace cuatro meses, en noviembre, 2020, las Sociedades de Anestesiología, de Cuidados Intensivos y de Cuidados Paliativos le enviaron una carta al ministro de Salud denunciando “el desabastecimiento acelerado” de sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares. Le proponían acelerar, de acuerdo con las farmacéuticas, la importación y posterior distribución en todo el país de esos medicamentos. ¿Qué tan grave fue esta situación en momentos en que el pico del contagio era muy alto?
La situación ha sido crítica, especialmente durante los picos, porque en las UCI no daban abasto ante la escasez de medicamentos esenciales, y los equipos de salud han tenido que buscar alternativas entre los medicamentos que tienen a la mano. El primer correctivo que se tomó, por parte del Invima, fue incluirlos en la “lista de medicamentos vitales no disponibles”, un mecanismo que facilita la importación de productos sin registro sanitario. Ha habido, también, importación de sedantes por parte del Ministerio. Sin embargo, aún persisten problemas de abastecimiento de algunos medicamentos para atención en UCI.

¿Como cuáles?
El midazolam (sedante) o como el cisatracurio (relajante muscular) y semejantes.

Se ha negado reiteradamente, pero la escasez de medicamentos no relacionados con el COVID-19 también fue notoria entre los consumidores. ¿Ustedes tienen indicadores sobre cuántos y cuáles dejaron de encontrarse en el mercado?
No tenemos cifras exactas, pero en el seguimiento que hemos hecho desde la fundación, hemos detectado que además del aumento súbito de la demanda que expliqué antes, otro factor que cumplió un papel importante en el desabastecimiento, al inicio de la pandemia, fue el hecho de que los países que dominan la producción de materias primas, como India y China, bloquearon las exportaciones, por lo que el acceso a materias primas de la industria local se vio restringido y comprometió la oferta.

¿Fue por ese factor específico (falta de materias primas) que pastillas tan comunes como la aspirina, otras útiles para el tratamiento de enfermedades de tiroides, hipertensión, etc., al tiempo que unas más especializadas como la de tratamiento de cáncer, no se encontraban en el mercado?
Se combinaron factores como el cierre de exportaciones en los principales productores de materias primas, como dije, con incrementos en el consumo de algunos productos. En el caso de unos medicamentos para el tratamiento de cáncer, se ha detectado el interés de grandes farmacéuticas por reemplazar antineoplásicos clásicos por productos novedosos mucho más caros y más rentables, pero no necesariamente mejores. Esta tendencia viene desde 2012 y se mantiene.

¿Cuánto tiempo de escasez hubo en el país? ¿Ya se normalizó el suministro de todos los medicamentos?
Ese ha sido un fenómeno repetitivo porque la respuesta siempre es coyuntural y concentrada en cada producto específico. Asinfar (Asociación de Industrias Farmacéuticas), el gremio de las empresas farmacéuticas nacionales, se ha quejado porque, si bien en algunos medicamentos hubo gran aumento en el consumo como dijimos antes, en los de consumo masivo se presentó un fenómeno de reducción durante el confinamiento. La respuesta del Gobierno fue la de privilegiar las soluciones por vía de la importación de cualquier parte del mundo y a cualquier costo, sin contar con la industria nacional.

¿Por qué hizo eso? ¿Falta de confianza en la industria nacional?
Porque es una respuesta más rápida: importa el producto ya listo para su venta, pero no ha tenido en cuenta que es necesario fortalecer la producción local que requiere tiempo e inversión, pero que a largo plazo es más rentable en términos de “soberanía farmacéutica”.

Las lecciones aprendidas con un acontecimiento tan devastador como la pandemia, piensa uno, deberían servir para cambiar el sistema regulatorio de medicamentos, su producción y control de precios. ¿Se ha adelantado algo al respecto por parte de los gobiernos en el mundo o por iniciativa de los sectores médicos y farmacéuticos?
Lo fundamental sería modificar el modelo global de innovación farmacéutica, justamente lo que se está debatiendo en la Organización Mundial de Comercio y que se inicia con el Waiver (excepción) a los derechos de propiedad intelectual por la pandemia y el fortalecimiento de las capacidades locales de producción, investigación y desarrollo. La mala noticia es que los principales beneficiarios, las grandes farmacéuticas y los países que las representan, no parecen interesados en permitirlo. Las relaciones entre estas grandes empresas y los gobiernos van mucho más allá de financiar las campañas políticas de los mandatarios, como lo mostró, en 2014, el reporte “Gobernar para las élites”, de Oxfam (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre).

La concentración de vacunas por parte de los Estados más poderosos ha sido denunciada reiteradamente, pero ¿esas denuncias y la mayor producción de los biológicos en estos últimos meses, han sido útiles para un acceso más igualitario?
A la petición que han hecho diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para que la vacuna sea un bien público global y que todos los países con capacidad de hacerlo la puedan producir para garantizar su acceso equitativo, se han sumado otros actores internacionales importantes como el papa Francisco o la Unesco pero, hasta la fecha, no ha habido ningún cambio en esa tendencia. Estamos en una carrera contra el tiempo pues el retraso en el acceso a ellas, implica una mayor posibilidad de mutación del virus que puede comprometer la eficacia de las vacunas, y costar más vidas de las que ya se han perdido, especialmente en los países pobres.

¿Los llamados linajes o mutaciones que ha sufrido la Covi-19 y que han aparecido en Inglaterra o Brasil podrían llegar a transformaciones más severas e impredecibles en sus efectos?
Sí, a eso me refiero. Es natural que el virus vaya cambiando porque interactúa con el ambiente y con los seres humanos y, en consecuencia, se va adaptando.

Una fundación dedicada a la investigación en acceso y calidad de medicamentos
La Fundación Ifarma, dirigida por Claudia Vargas, entrevistada en estas páginas, es una Ong sin ánimo de lucro que realiza investigaciones y consultorías sobre la calidad y el acceso a los medicamentos en Colombia. Entre los propósitos de Ifarma, creada hace 28 años, está el de incidir en las políticas de salud pública no solo en el país sino internacionalmente, mediante las alianzas con organizaciones similares en otros países, para la democratización del derecho humano a la salud y el acceso a los tratamientos que se requieran para toda la población en un mundo dominado por las grandes multinacionales farmacéuticas que, además de su poderío económico y científico, cuentan con el apoyo de los gobiernos de los países ricos en donde tienen asiento. Ifarma tiene prestigio, más allá de las fronteras, como un centro de investigación con alta producción científica y editorial. Claudia Marcela Vargas es química farmaceútica, MsC en Farmacología y PhD en Farmacia. Acredita experiencia en investigación y gestión de proyectos en dos líneas: farmacoepidemiología y políticas públicas relacionadas con medicamentos en Colombia y Latinoamérica. Su opinión es, pues, altamente calificada.