Conflictos de Interés

La pandemia ha obligado a los gobiernos a tomar decisiones aceleradas, incluyendo la compra de tratamientos y vacunas sin seguir los procedimientos de compras públicas habituales. En estos casos, es todavía más importante que los gobiernos divulguen los nombres de quienes están tomando las decisiones y los criterios que utilizan, para no erosionar la confianza del público.

El BMJ acaba de publicar un artículo [1] lamentando la falta de transparencia en las acciones que el gobierno del Reino Unido ha tomado durante la pandemia. Ni siquiera los nombres de los que forman el Consejo Asesor Científico para Emergencias (SAGE) son de conocimiento público. El artículo ofrece los nombres y menciona los pasos que diferentes grupos han dado para obtener información sobre este tema. Aquí solo resumimos la información sobre la presencia de profesionales de la industria farmacéutica que podían beneficiarse de las decisiones gubernamentales en los grupos decisorios establecidos por el gobierno.

En abril, el gobierno anunció que el asesor científico principal, Patrick Vallance iba a nombrar a un grupo de trabajo para acelerar la producción de vacunas. Este grupo de trabajo incluyó a un representante de AstraZeneca, otro de Wellcome y a John Bell de Oxford University. Al mes siguiente se anunció que Kate Bingham, una ejecutiva de SV Health Investors (una empresa que se dedica a inversiones de riesgo), iba a ausentarse de su trabajo habitual para presidir dicho grupo.

En julio de 2020, el gobierno del Reino Unido firmó un acuerdo, por una cantidad no revelada, con GlaxoSmithKline, para la entrega de 60 millones de dosis de un tratamiento que todavía no había demostrado ser eficaz. En septiembre los medios de comunicación revelaron que Vallance tenía acciones por un valor de US$800.000 con esa empresa, y el gobierno se apresuró en afirmar que Vallance no tenía potestad para tomar decisiones contractuales o de comerciales relacionadas con la vacuna.

En septiembre los medios de comunicación revelaron que Bell, quién también era presidente del Panel de Asesores Científicos para las Pruebas Nacionales de Covid tenía intereses financieros importantes con Roche (en ese momento £773.000), que en mayo había vendido las pruebas de anticuerpos Covid al gobierno (por valor de £13,5 millones). Al día siguiente de la firma del acuerdo con Roche, Bell apareció en los medios de comunicación hablando maravillas de esas pruebas, mientras que el servicio de salud de Inglaterra afirmaba que no eran confiables. Bell dijo que no había influido en la toma de decisiones y que había informado al gobierno todos sus conflictos de interés.

Esta información, que en el Reino Unido ha sido difícil de conseguir, en EE UU es información pública, la ley exige la divulgación de estos datos. Sin embargo, eso no impide el nombramiento de personas con conflictos de interés. Por ejemplo, el grupo de trabajo para la vacuna Covid (Operation Warp Speed) estuvo dirigido por Moncef Slaoui, un exejecutivo de GlaxoSmithKline. La administración Trump se saltó los procesos administrativos para nombrar a Slaoui como jefe del grupo de trabajo sin derecho a sueldo, para que no tuviera obligación de informar sus conflictos de interés. Eso no hubiera tenido que suceder. Los conflictos de interés financiero influyen en las decisiones aun cuando la persona afectada quiera evitarlo.

Nota de Salud y Fármacos, parece que tras la publicación del artículo que acabamos de resumir, el gobierno del Reino Unido decidió revelar los nombres de los miembros de SAGE y sus conflictos de interés [2].