Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Derecho
Un juez en Hawái ordenó que Bristol-Myers Squibb Co y a Sanofi SA paguen más de US$834 millones al estado por no advertir adecuadamente a los pacientes no blancos sobre los riesgos para la salud de su anticoagulante Plavix.
El juez Dean Ochiai de Honolulu concluyó que entre 1998 y 2010 las empresas participaron en prácticas comerciales injustas y engañosas al no cambiar la etiqueta del medicamento para advertir a los médicos y pacientes, a pesar de conocer algunos de los riesgos.
La procuradora general de Hawái, Clare Connors, cuya oficina demandó a las empresas en 2014, dijo que el fallo “advierte a la industria farmacéutica que será responsable de las conductas que engañen al público y coloquen las ganancias por encima de la seguridad”.
Bristol-Myers y Sanofi, que se asociaron para producir Plavix, prometieron apelar y dijeron que la decisión “no estaba respaldada por la ley y estaba en desacuerdo con la evidencia pesentada en el juicio”. Dijeron que Plavix es seguro y eficaz.
Ochiai, quien presidió un juicio sin jurado de cuatro semanas realizado por via virtual debido a la pandemia de COVID-19, impuso multas de US$417 millones a cada una de las empresas, a Bristol-Myers y a Sanofi.
El gobierno de Hawaii alegó que las compañías violaron las leyes estatales de protección al consumidor al comercializar Plavix sin revelar que el medicamento podría tener un efecto disminuido o nulo para algunas personas, particularmente de ascendencia asiática y de las islas del Pacífico.
Plavix se prescribe para prevenir los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos. El anticoagulante necesita ser activado por las propias enzimas del cuerpo, que pueden depender de la genética.
