La Cámara de Representantes de EE UU ha publicado un informe afirmando que consultores y altos ejecutivos de McKinsey&Co asesoraban al mismo tiempo a la FDA y a las empresas de opioides. Este informe forma parte de un acuerdo alcanzado en 2021 para investigar el trabajo que McKinsey hizo para Purdue. La información a la que ha tenido acceso el gobierno federal y una coalición de fiscales generales estatales procede de las actividades de la empresa para Purdue y otras empresas de opioides, pues McKinsey no ha entregado información sobre otros contratos de consultoría que podrían haber afectado la salud de los estadounidenses [1].

La presidenta del comité que escribió el informe, Carolyn Maloney dijo “El informe de hoy muestra que al mismo tiempo que la FDA confiaba en el asesoramiento de McKinsey para garantizar la seguridad de los medicamentos y proteger las vidas de los estadounidenses, la empresa recibía dinero de las mismas empresas que alimentan la mortal epidemia de opioides para ayudarles a evitar una regulación más estricta de estos peligrosos medicamentos” [1]. Según los documentos, la empresa mencionaba sus contactos con la FDA cuando promovía sus servicios al sector privado [2], y hay pruebas de que los consultores de McKinsey obtuvieron información sobre como la FDA regulaba los opioides y la compartieron con sus colegas que trabajaban para clientes de opioides [1].

El estudio cubre un periodo de 15 años, desde 2004 hasta 2019. Desde 2010, al menos 22 consultores de McKinsey, algunos de muy alto nivel, trabajaron tanto con la FDA como con los fabricantes de opioides, a veces simultáneamente [2]. En 2009, Purdue contrató a McKinsey para “defenderse de un trato estricto por parte de la FDA” [1] y en el 2011, cuatro consultores trabajaban para Purdue en “proyectos diseñados para persuadir a la FDA de la seguridad de los productos opioides de Purdue” al mismo tiempo que estaban contratados por la FDA para trabajar en un proyecto para mejorar la seguridad de los medicamentos y “el impacto adverso de los medicamentos en la salud en los Estados Unidos” [1].

La ley federal obliga a las empresas a revelar estos conflictos de interés.

El comité identificó 37 proyectos de la FDA en los que participaron consultores de McKinsey que también trabajaron para Purdue, pero hay evidencia de que podría haber muchos más. Uno de los empleados de la empresa trabajo en 40 proyectos con la FDA entre 2007 y 2019, y durante ese periodo también hizo seis consultorías para Purdue, asesorando a la empresa sobre cómo manejar las interacciones con el regulador y ayudando a asegurar la aprobación de un opioide [2]. Otro empleado de McKinsey trabajo en 80 proyectos con la FDA durante el mismo periodo, mientras también trabajó en varios proyectos para Purdue, en al menos un caso como “experto en agencias reguladoras” [2]

Durante la administración de Trump, McKinsey intentó influir en los funcionarios de salud pública, incluyendo el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) y el Comisionado de la FDA, documentó el comité [1].

Antes de que Alex Azar fuera confirmado, los consultores de McKinsey habían comenzado a redactar un memorando esbozando los principales problemas a los que se enfrentaría. Uno de los párrafos ofrecía una evaluación contundente de la gravedad de la crisis de los opioides. Decía que dos programas que el Sr. Azar supervisaría como secretario -Medicare y Medicaid- estaban contribuyendo al problema al permitir que los opioides se dispensaran a personas propensas a abusar de ellos y en dosis demasiado altas.

Pero esas referencias se eliminaron después de que un consultor de McKinsey que trabajaba para Purdue se opusiera a ellas. Además, este consultor logró que la versión final ampliara la responsabilidad de la crisis e incluyera a los fabricantes de genéricos y el uso ilícito de la heroína. También dijo que la afirmación de que “una parte sustancial de la prescripción en Medicaid y Medicare sigue siendo potencialmente inapropiada” no tenía suficiente fundamento [2].

En febrero de 2021, McKinsey acordó, sin admitir infracciones, pagar unos US$600 millones para resolver las investigaciones estatales sobre su papel en ayudar a “turboalimentar” las ventas de los fabricantes de opioides [2].

Un grupo bipartidista de legisladores ha presentado un proyecto de ley para prevenir los conflictos de interés en la contratación federal, citando la experiencia de McKinsey con Purdue y la FDA. Además, siete senadores demócratas pidieron al inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos que investigara el hecho de que McKinsey no revelara su trabajo con los fabricantes de opioides, cuando trabajaba para la FDA “en temas relacionados con los opioides” [2].