Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Hace tiempo que se debate el papel de la propiedad intelectual (PI) en el fomento de la innovación en materia de medicamentos y las consecuencias negativas de una protección excesiva. Con el comienzo de la pandemia por covid-19 esta discusión ha vuelto a cobrar relevancia.
En un artículo publicado en el BMJ que resumimos a continuación [1], Luke Hawksbee se pregunta si se debe exigir a las empresas que desarrollaron vacunas contra el covid-19 que pongan sus conocimientos a disposición de terceras empresas para aumentar la producción o si la renuncia temporal a los derechos de PI (como se ha solicitado a la OMC y han apoyado muchos grupos de defensa del consumidor y gobiernos, incluyendo el de EE UU) pondría en peligro la innovación futura.
El argumento de quienes rechazan cualquier flexibilización de los derechos de PI en un contexto de pandemia es que estos son necesarios para compensar los riesgos financieros que asume la industria farmacéutica, y que la exención desincentivaría el futuro desarrollo de medicamentos. Sin embargo, según el autor, esto es más discutible en el caso de las vacunas covid-19, porque los gobiernos eliminaron gran parte de esos riesgos, entre otras cosas, aportando una proporción considerable de la inversión en investigación y el desarrollo (I+D) y comprando por adelantado grandes cantidades de vacunas. En este contexto, estos gobiernos que han invertido ¿tienen derecho a precios más económicos y a que se facilite la vacunación del resto del mundo para proteger su propio sistema de salud pública? O, por el contrario, esa exención temporal de los derechos de PI sería una forma de robo que puede impedir que se invierta en la I+D que es esencial para la salud pública.
En este artículo, el autor argumenta “que una exención no amenazaría el desarrollo de medicamentos nuevos, principalmente porque el vínculo entre los beneficios y la innovación es tenue, y las contribuciones del sector público ya son un importante impulsor de gran parte de la innovación que más beneficia a la salud pública”. Para defender su postura desarrolla los siguientes puntos:
Los beneficios económicos de la industria farmacéutica
Como se muestra en el gráfico, según las publicaciones de la revista Fortune 500 sobre el rendimiento financiero de las empresas, desde 1955, el sector farmacéutico ha sido prácticamente siempre el más rentable, por encima del sector financiero y energético. Entre 1954 y 1999, el margen de beneficio de la industria farmacéutica ya era más del doble que el de los otros sectores, pero a partir del 2000 ha aumentado hasta ser más del triple. Además, la industria farmacéutica mundial pasó de representar el 3% de los beneficios netos de todas las empresas que cotizan en bolsa a mediados de la década de 1970 a detentar un 10% a principios de la década de 2000. Desde entonces, ha retrocedido un poco, pero las empresas farmacéuticas siguen representando más del 5% de todo el valor bursátil desde principios de la década de 2020 hasta la fecha. Es más, el rendimiento del capital invertido en el sector farmacéutico es menos volátil que en la mayoría de los demás sectores.
Con estos datos, este sector no tiene problemas para atraer a los inversionistas. El hecho de que los rendimientos sean menos volátiles que en otros sectores cuestiona el argumento de las empresas de depender de “una única apuesta de alto riesgo”.
Los datos que presenta Hawksbee son contundentes, incluso si las empresas farmacéuticas perdieran una quinta parte de sus beneficios, seguirían superando al 75% restante, y si perdieran casi un tercio de sus beneficios, no ganarían menos que la media de la industria.
Las inversiones en I+D de la industria no responden a las necesidades de salud pública
Más allá de las extraordinarias ganancias que tiene el sector, el argumento de la industria podría tener validez si realmente fuera muy innovadora y desarrollara los productos que el mundo necesita. Sin embargo, la evidencia existente demuestra que eso no sucede. Sólo alrededor del 2-3% de los nuevos fármacos aprobados representan avances realmente importantes, y alrededor del 9-11% ofrecen alguna ventaja sobre los tratamientos existentes. Es decir, mientras solo unos pocos productos nuevos aportan beneficios hay necesidades insatisfechas que la industria no aborda. Por ejemplo, aunque la resistencia antimicrobiana ha estado creciendo y amenaza con convertirse en una de las causas más importantes de muerte, la industria privada casi no ha invertido en el desarrollo de nuevos antibióticos.
Antes de la actual pandemia, los brotes de infección por otros coronavirus SARS-CoV-1 en 2002 y MERS-CoV en 2012 fueron premonitorios, pero la industria farmacéutica no quiso destinar recursos para prevenir y controlar la amenaza. Esto tiene lógica si se considera que su modelo de negocios se basa en comercializar medicamentos patentados y obtener las mayores ventas posibles antes de que se agote la patente. No hay ningún incentivo financiero para que una empresa privada invierta en desarrollar productos para los que no hay un mercado aparente. De hecho, hay un conflicto básico entre la búsqueda de beneficios para los accionistas, por un lado, y la inversión en medicamentos para las comunidades desatendidas o para adelantarse a la curva epidemiológica, por otro. Es más probable que los beneficios de las empresas se inviertan en marketing y en recompensar a los inversionistas y a los ejecutivos de las empresas que en responder a las necesidades de salud pública.
Miedo a perder el mercado
En un contexto de pandemia donde la capacidad instalada de las empresas no es suficiente para abastecer al mundo, una exención temporal de la protección a la PI no afectaría sus ventas, y sí permitiría que otras empresas respondieran a la demanda global. En relación a esto, quizás la situación actual, con una mayor disponibilidad de vacunas podría ser diferente a la de enero, fecha en la que fue publicado el artículo. Es poco probable que tras 65 años de haber aportado beneficios sistemáticamente elevados, los inversionistas abandonen el sector por haber renunciado a la PI durante la pandemia.
El autor busca entonces explicaciones alternativas al hecho de que las empresas tengan tanto miedo a flexibilizar los derechos de la propiedad intelectual (PI). Asegura que esto se debe, por un lado, a que podría sentar precedente, y afectar los intereses de la industria, especialmente en el mercado de América del Norte, que representó el 49% de las ventas mundiales en 2018. Pero quizás lo más importante es que muchas de las vacunas covid-19 incorporan nuevas plataformas, que con cambios relativamente sencillos podrían adaptarse para producirse tratamientos contra otras enfermedades. Es decir, “las empresas farmacéuticas están tan interesadas en monopolizar no sólo los derechos de la PI, sino también la capacidad productiva, los conocimientos, o ‘secretos comerciales’, necesarios para producir las vacunas”.
Esta no es la primera vez que la industria prioriza las ganancias sobre las necesidades de salud pública. Es lo mismo que sucedió con el VIH/SIDA, cuando en 1997 las empresas denunciaron a Sudáfrica por aprobar una ley que permitía importar antirretrovirales de los países vecinos para poder tratar al 20% de su población que sufría la enfermedad. Finalmente, las empresas cedieron ante la presión de los activistas y se pudo aumentar la producción de genéricos. El hecho de que no hicieran valer sus patentes y no tuvieran las ganancias esperadas no provocó un colapso de los beneficios de las empresas farmacéuticas.
Conclusión
La idea de que para que la sociedad se beneficie de la innovación farmacéutica hay que otorgan monopolios a las empresas no se sostiene. Como hemos visto, a pesar de sus extraordinarios beneficios no priorizaron la investigación para poder responder a amenazas predecibles de salud pública. No se puede esperar que el sector privado lo haga, hay que cambiar los incentivos que subyacen a la I+D para dirigir la investigación hacia las prioridades de salud pública y se oriente hacia misiones específicas, donde la recompensa a la innovación no dependa del tamaño del posible mercado.
Un modelo interesante es la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, que ha demostrado que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden sacar nuevos productos al mercado a un costo relativamente bajo: desde su creación en 2003 hasta la publicación de su actual plan estratégico a principios de 2021, bastaron menos de US$1.000 millones para desarrollar ocho nuevos tratamientos para enfermedades olvidadas, lo que contrasta con el argumento de la industria de que desarrollar un medicamento cuesta más de US$2.000 millones.
Las organizaciones financiadas y gestionadas por el Estado, como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE UU o, en el futuro, la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) de la UE, podrían tener un papel más importante en el desarrollo de medicamentos, estableciendo iniciativas innovadoras que no dependan de los monopolios que otorgan los derechos de PI y que priorice la salud pública.
Este cambio sólo se producirá si la voluntad política supera la inercia y la presión de los grupos que quieren mantener el statu quo. Limitar los derechos de PI de las vacunas contra el covid-19 y transferir los conocimientos y la tecnología necesaria sería un primer paso en esta dirección, que se requiere para evitar que surjan nuevas variantes que amenacen la salud pública global.
El artículo culmina con una metáfora que describe la situación actual “No estamos en el negocio de contratar zorros para cuidar el gallinero: no debemos preocuparnos por los beneficios desmesurados de la industria farmacéutica si no responden a los intereses de la salud pública”.
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