Resumimos a continuación un artículo publicado por Bloomfield, Walsh y Kesselheim en JAMA [1]. Los autores afirman que tal como funciona el sistema en EE UU, las empresas farmacéuticas se aprovechan de la forma en que la FDA aprueba los medicamentos nuevos y del sistema de patentes para prolongar injustificadamente sus monopolios.
En 1984, el Congreso de EE UU aprobó la ley Hatch-Waxman para favorecer la comercialización de los genéricos. La ley reconocía la importancia de las patentes y la exclusividad del mercado, pero también facilitaba la entrada de versiones genéricas de los medicamentos cuando caducaran las patentes sobre el principio activo y la indicación principal. Por ejemplo, para evitar que las empresas impidieran la comercialización de genéricos solicitando patentes para otros usos, la ley permitió que los productores de genéricos utilizaran un etiquetado/ficha técnica reducido, donde solo constaran las indicaciones para las que el producto había perdido la patente, son las etiquetas que se conocen como “skinny labeling” o etiquetas reducidas. Pero eso solo se puede hacer cuando la “etiqueta reducida” no abre la posibilidad de que los pacientes utilicen la terapia de forma menos segura y eficaz.
El problema es que ahora algunas empresas han empezado a patentar la información que aparece en las etiquetas sobre cómo utilizar la terapia de forma segura, como la información para reducir los efectos adversos en determinados grupos de pacientes. Estas patentes pueden retrasar la entrada de los genéricos si la FDA insiste en que dicha información de seguridad permanezca en la etiqueta, independientemente de que la información sea clínicamente significativa o no.
El artículo incluye un cuadro con el nombre de los productos que cuentan con patentes de seguridad. Dos de esos productos, el oxibato de sodio (Jazz Pharmaceuticals) y la teriflunomida (Sanofi) tienen patentes sobre las interacciones con otros medicamentos, lo que les otorga 123 y 41 meses extra de exclusividad, respectivamente. Vanda Pharmaceuticals ha protegido con patentes la dosificación del iloperidona para los pacientes con una variante genética inusual, las modificaciones a las dosis para reducir el riesgo cardiaco y las interacciones con otros medicamentos, lo que le garantiza 181 meses adicionales de permanencia en el mercado; y AstraZeneca ha protegido las dosis del nebulizador de budesónida, obteniendo un mes extra de monopolio.
La FDA aprobó el oxibato de sodio (Xyrem) para tratar la narcolepsia hace 23 años, y en los últimos 10 años Jazz Pharmaceuticals ha aumentado su precio un 328%: el precio de lista de una dosis de 0,5 g/mL era de US$7,67 en el segundo trimestre de 2011 y en el primer trimestre de 2021 era de US$36,96. Las ultimas patentes sobre este medicamento vencían en 2021, pero la empresa ha impedido la entrada de los genéricos actualizando el etiquetado de seguridad, por lo que no enfrentará la competencia genérica hasta 2025.
En el caso de Jazz Pharmaceuticals, todo lo que hizo la empresa fue documentar en un estudio con 20 pacientes que los niveles sanguíneos del fármaco aumentaban un 25% cuando se tomaba en combinación con el valproato de sodio, un anticonvulsivante. Con esa información diseñó una estrategia de dosificación para los pacientes que necesitan ambos medicamentos y la patentó. Cuando los fabricantes de genéricos solicitaron el permiso de comercialización utilizando una “etiqueta reducida” que eliminaba las referencias al valproato sódico, Jazz dijo que esto pondría en peligro a los pacientes y la FDA lo aceptó. Posteriormente, Jazz llegó a acuerdos con los fabricantes de genéricos para retrasar la entrada de la competencia del oxibato de sodio hasta 2025.
En el caso de la teriflunomida, Sanofi realizó un estudio con 15 personas y documentó que la concentración plasmática de rosuvastatina aumentaba sustancialmente cuando se tomaba en combinación con teriflunomida, y patentó la información. Después, sabiendo que esto imposibilitaría la competencia durante varios años más, utilizó su posición favorable para negociar un acuerdo con los fabricantes de genéricos y bloquear la competencia hasta 2023, 9 años después de que venciera la patente que cubre el ingrediente activo. Es importante notar, que la oficina de patentes de la Comunidad Europea no concedió esa patente, dijo que el conocimiento era “obvio”, por lo que se conocía previamente sobre el medicamento.
Como ilustran los ejemplos de Sanofi y Jazz, las patentes que cubren las instrucciones de seguridad que aparecen en el etiquetado recompensan a los fabricantes de medicamentos de marca, que hacen pequeños estudios en voluntarios sanos para extender su monopolio. Cuando otras empresas se enteren que haciendo esto pueden extender la patente es posible que haya más casos similares.
Las soluciones a este problema están en manos del Congreso, la FDA y la Oficina de Patentes. El Congreso podría aprobar legislación para impedir que la información de seguridad se utilice para impedir la comercialización de genéricos; a la vez que podría otorgar a la FDA el poder (y en caso necesario financiamiento) para exigir estudios de seguridad, o exigir a los fabricantes de marca que licencien las patentes relacionadas con la seguridad a los fabricantes de genéricos en términos justos y no discriminatorios.
La FDA podría incentivar la comercialización de los genéricos elaborando un etiquetado que proporcione toda la información de seguridad relevante sin infringir las patentes existentes. Por ejemplo, advirtiendo a los pacientes que eviten una determinada interacción entre medicamentos, pero sin incluir un método de dosificación patentado.
La oficina de patentes (USPTO) debería evaluar más detenidamente si las solicitudes de patentes cumplen con el requisito de no ser obvias y rechazar las que lo son.
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