Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Nuestro país es el segundo en la región con mayor número de casos de tuberculosis, después de Brasil: registramos el 14% de los casos en el continente y se calcula que cada año 39.000 personas adquieren la enfermedad en territorio patrio. Sin embargo, para acceder hoy a un tratamiento moderno y más eficaz –hablamos del fármaco bedaquilina– Perú aún debe pagar altos precios debido a que este producto de la farmacéutica Johnson & Johnson se encuentra monopolizado hasta el 2027.
Hace dos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Directriz Unificada sobre la Tuberculosis, solicitó a los países que descarten el uso del medicamento kanaminina (que actualmente utiliza en Ministerio de Salud en sus terapias contra la tuberculosis multidrogo resistente) por tener efectos adversos (sordera en 13% de los casos), además de ser una tortura para los usuarios al aplicarse mediante inyecciones diarias, lo que hace que muchos abandonen el tratamiento.
En su lugar, la OMS recomendó el medicamento bedaquilina, que no presenta efectos colaterales y se administra mediante pastillas. Por desgracia, el Ministerio de Salud (Minsa) aún no lo incluye dentro de su guía de prácticas clínicas para tuberculosis y solo lo aplica entre los usuarios con tuberculosis extremadamente resistente –quienes representan un reducido porcentaje de la población total afectada– dejando de lado a la mayoritaria que presenta tuberculosis multidrogo resistente.
Activistas en derechos de personas con tuberculosis conversaron con Conexión Vida y revelaron que las autoridades del Minsa les respondieron que no se aplica bedaquilina a los multidrogo resistente en nuestro país a causa de los altos precios de este producto, cuya patente (PE20081350A18) expirará recién el 5 de diciembre del año 2027.
“En 2019, el Estado peruano adquiría la tableta de 100 miligramos de bedaquilina a 53,78 soles (US$14,5). Después de que varias organizaciones del mundo hicieran una campaña pidiendo la reducción de su precio, se logró adquirir el producto a 10,85 soles (US$2,9) cada tableta”, explica Javier Llamoza, investigador de Acción Internacional para la Salud. Pero aún 10,85 soles es una cifra alta para que el Estado se anime a pagarla.
“El alto precio es lo que, refieren, impide que se use (bedaquilina) en el país, pero no se dan cuenta que el costo/beneficio es alto a largo plazo, a diferencia del actual tratamiento con inyectables. No nos podemos guardar los mejores medicamentos para el final”, cuestiona Leonid Lecca, médico y director ejecutivo de Socios en Salud, en diálogo con nuestro medio.
Una investigación de la Universidad de Liverpool estima que este medicamento podría producirse y comercializarse hasta por 0,98 soles (US$0,26) cada tableta, siempre y cuando nuestro gobierno asegure una cantidad determinada de tratamientos. ¿Cómo podríamos acceder a tan bajo precio?
La solución: que nos cedan los derechos de la patente
Existen mecanismos para ello, como las llamadas licencias obligatorias con las que el Estado peruano puede solicitar al titular de la patente –Johnson & Jonhson– que ceda sus derechos para que un tercero fabrique o importe versiones genéricas de bedaquilina. Pero este mecanismo (contemplado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al cual Perú está adscrito) requiere que el Estado declare el medicamento de interés público, lo que implica un proceso tedioso, tal como ocurrió con el antirretroviral para el VIH atazanavir, años atrás.
El otro mecanismo, que no se ha explotado aún en el país, es el denominado uso gubernamental con el que el Estado ya no necesita pedir a Johnson & Johnson el cese de su patente de bedaquilina (solo le basta comunicarle su decisión), al declararse beneficiario directo. De esta manera, tiene carta libre para la fabricación e importación del medicamento. Este sería nuestro camino más factible.
“Así, el Estado autoriza el ingreso de genéricos al mercado para ser comercializados solo para el Estado, ojo, y no al sector privado. ¿Johnson & Johnson puede tomar medidas legales para impedirlo? No, porque la misma norma que le da la patente a Johnson & Johnson para el medicamento también reconoce el mecanismo del uso gubernamental. Se trata de una decisión política del Estado”, aclara Javier Llamoza.
Sin embargo, para Leonid Lecca, no existe ni existirá la necesidad de recurrir a ambos mecanismos mientras no se incluya la utilización urgente del medicamento en la norma técnica para ampliar, así, su consumo, no solo entre los usuarios extremadamente resistentes, sino también a los multidrogo resistentes. Aunque, de darse el cese de la patente y tener la cancha libre, el panorama tampoco es el más optimista.
“Si se libera (la patente), ¿quién lo produciría (el medicamento genérico)? Dudo que haya interesados porque no son rentables, porque estos medicamentos (contra la tuberculosis) solo lo compran los Estados los cuales no siempre son los mejores pagadores… aunque se puede usar mecanismos de financiamiento como el Fondo Mundial para que todos los multidrogo resistentes tengan antibióticos”, finaliza Lecca.