Maryanne Demasi ha publicado un artículo en el BJM donde critica la adecuación del sistema para compensar a los residentes estadounidenses que sufran efectos adversos por las vacunas covid [1]. Según este artículo, pacientes y abogados afirman que ese sistema es costoso, opaco y aún no ha emitido un solo pago.
El articulo describe el ejemplo de un abogado de 44 años que tuvo que ser hospitalizado tras recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en marzo de 2021. Este paciente experimenta movimientos continuos de los dedos de los pies durante las 24 horas del día; y con frecuencia pasa al menos cuatro horas en su bañera porque el baño caliente es lo único que calma la sensación eléctrica que pulsa a través de su cuerpo. Los problemas cognitivos son aún peores. Este abogado investigó los sistemas de indemnización, pero descubrió que el Programa Nacional de Indemnización por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP) de EE UU no incluía a las personas lesionadas por las vacunas covid-19. En su lugar, se estableció un programa más costoso, opaco y menos generoso, y que se considera inferior. ¿Por qué ese doble estándar?
El programa VICP se estableció en respuesta a la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986, cuyo objetivo era compensar por las lesiones muy poco frecuentes que ocurren después de aplicar las vacunas y proteger a los fabricantes de ese tipo de responsabilidad. Este programa se financia con un impuesto especial de US$0,75 por cada dosis de vacuna, y cubre la mayoría de las vacunas, incluyendo las inmunizaciones infantiles rutinarias, pero no está disponible para las personas lesionadas por vacunas covid.
Cuando se declaró la emergencia de salud pública a principios de 2020, se activó la Ley de Preparación Pública y de Emergencia (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) de 2005, lo que significa que cualquier lesión derivada de las medidas adoptadas para prevenir y tratar el covíd -incluyendo los ventiladores, los antivirales y las vacunas- tendría que ser procesada a través del Programa de Compensación de Lesiones por Contramedidas (Countermeasures Injury Compensation Program o CICP).
Los críticos dicen que el CICP es inferior al VICP en cuanto a los pagos y la forma de evaluar las reclamaciones. Sólo se indemnizan las lesiones más graves y la muerte, hay que reclamar en el plazo de un año tras la vacunación y la evidencia tiene que ser más obvia que en el caso del programa VICP. La pérdida de ingresos en el marco del CICP se limita a US$50.000 al año, y no se incluye ninguna indemnización por dolor o angustia emocional. En el VICP, la indemnización por pérdida de ingresos es ilimitada, y la prestación por dolor y sufrimiento puede llegar a alcanzar los US$250.000.
Desde 1988 se han concedido indemnizaciones en el 36% de las 24.909 reclamaciones presentadas al VICP, con pagos totales de US$4.700 millones. En el caso del CICP, sólo se han concedido indemnizaciones en el 0,4% de las 7.547 reclamaciones presentadas, y se han pagado unos US$6 millones. La gran mayoría (93%) de las reclamaciones al CICP se han tramitado durante la pandemia de covid, de las cuales 4.097 se deben por lesiones o muertes tras la administración de vacunas covid, y 2.959 por otras intervenciones relacionadas con el covid.
Hasta la fecha en que se escribió el artículo, sólo una de las reclamaciones por covid se ha considerado indemnizable, pero todavía no se había pagado ningún dinero. En cambio, la Oficina Nacional de Seguridad en Salud de Tailandia informa que ha indemnizado a más de 14.000 personas con alrededor de US$50 millones para resolver las reclamaciones por lesiones causadas por la vacuna contra el covid, mediante un proceso que promete ayuda financiera rápida.
Los críticos también dicen que el CICP es menos transparente, todo se tramita en secreto y el reclamante no tiene derecho a tener un abogado pagado por el programa ni derecho a una audiencia. Los casos se resuelven mediante un proceso administrativo mientas que las VICP involucran un proceso judicial, con derecho a audiencia,
A diferencia de las reclamaciones del CICP, que se resuelven mediante un proceso administrativo, las del VICP se resuelven a través de un proceso judicial (frente a un juez independiente, la corte le paga el abogado y a un experto, y tiene derecho a apelar). El programa CICP también exige que las pruebas de causalidad sean más convincentes (fiables, válidas, médicas y científicas), mientras que el VICP solo requiere que haya más probabilidad de certeza que lo contrario. Las reclamaciones por daños causados por las vacunas covid sólo se considerarán en el marco del VICP después de que el secretario de Salud declare el fin de la emergencia de salud pública, y para muchas personas ya será demasiado tarde.
El programa CICP no distingue entre las vacunas autorizadas para uso en emergencia y las que cuentan con la aprobación regular.
Un pequeño grupo de senadores estadounidenses ha estado trabajando para reformar el CICP, y lograr que sus procesos y pagos sean comparables a los del VICP. También propone la creación de una comisión para identificar las lesiones causadas por una intervención relacionada con el covid y para permitir que se vuelvan a presentar las reclamaciones previamente rechazadas. Sin embargo, algunos consideran que sería más sencillo dirigir todas las reclamaciones por lesiones causadas por vacunas covid a través del sistema existente del VICP. Aunque a algunos les preocupa que el monto de las reclamaciones covid pueda atascar el sistema, y habría reclamaciones que no están relacionadas con las vacunas. Además, los efectos adversos de las vacunas covid todavía no son bien conocidos.
Hay una organización sin ánimo de lucro, React 19, que está creando una red de pacientes, médicos y científicos para investigar las causas subyacentes a las lesiones por vacunas, y abogar por cambios legislativos para conseguir una compensación justa por este tipo de lesiones.
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