El gobierno federal está “haciendo todo lo posible” para evitar que los fabricantes de las vacunas covid-19 aumenten indebidamente el precio de sus productos cuando el gobierno federal deje de proporcionar gratuitamente las vacunas covid, y los pacientes y las aseguradoras tengan que comprarlas a precios comerciales, dijo el miércoles el secretario del HHS, Xavier Becerra [1].

La administración Biden ha estado proporcionado gratuitamente las vacunas covid-19 desde diciembre de 2020, pero se ha agotado el presupuesto asignado por el Congreso. La administración solicitó US$9.000 millones adicionales, pero el Congreso no los aprobó, por lo que los residentes en EE UU deberán pagar de su bolsillo las vacunas o ser reembolsados por su aseguradora de salud [1].

Pfizer anunció hace varios meses que cuando el gobierno deje de pagar la vacuna de Pfizer, el precio aumentará de unos US$30 por dosis a entre US$110 y US$130 por dosis. Moderna está considerando un precio similar para su vacuna, por la que el gobierno federal paga US$26 por dosis [1].

El Senador Bernie Sanders escribió en una carta abierta al director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel “Me preocupa profundamente esa decisión y el impacto que tendrá en el presupuesto federal y en el costo para los seguros privados, así como las muertes innecesarias que se pueden producir porque millones de estadounidenses no podrán acceder a la vacuna al nuevo precio… Le escribo para pedirle que reconsidere su decisión y se abstenga de cualquier aumento de precio” [1].

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren y el entonces senador demócrata electo Peter Welch escribieron una carta similar en diciembre al consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, en la que señalaban que la subida de precios propuesta supone “un aumento del 10.000% sobre lo que los expertos estiman que es su coste de producción. Este aumento de precio refleja la codicia de la empresa que podría acabar siendo mortal, pues puede provocar la muerte por covid de muchos estadounidenses sin seguro médico que no pueden permitirse la vacuna” [1]. Los dos senadores dieron hasta el 9 de enero de plazo a Bourla para responder a sus preguntas sobre el valor de la subida de precios para la empresa, en términos de beneficios e ingresos [1].