La semana pasada salieron a la luz varias noticias sobre interferencias políticas en el funcionamiento de la Junta de Revisión de Precios de Medicamentos Patentados (Patented Medicine Prices Review Board oPMPRB), el organismo federal que fija el precio máximo de los nuevos medicamentos patentados que entran en el mercado y mantiene el aumento de esos precios igual o por debajo de la tasa de inflación.

La PMPRB ha intentado introducir cambios en su funcionamiento desde 2017, con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos en Canadá, que actualmente son los terceros más altos de la OCDE [1].

Inicialmente, el gobierno federal anunció que estos cambios reducirían el gasto de Canadá en US$13.000 millones en 10 años [2]. Pero tales propuestas de cambio se debilitaron gracias a decisiones judiciales que el gobierno se negó a apelar y luego suspendió y posiblemente anuló, como informa The Breach, por la supuesta interferencia del ministro de salud Jean-Yves Duclos [3,4]. Antes de que interviniera, los ayudantes de Duclos habían sido objeto, durante semanas, de fuertes presiones por parte de la industria farmacéutica.

El artículo de Breach era sólo el principio del relato sobre cómo el gobierno federal se ha aliado con la industria para obstaculizar cualquier cambio progresista en la PMPRB. Al día siguiente llegó la noticia de que un miembro de la Junta había dimitido [5]. En una mordaz carta a Duclos, Matthew Herder afirmó que el gobierno federal había “socavado fundamentalmente la independencia y credibilidad de la Junta” [3].

Un día después, el director ejecutivo de la PMPRB dimitió [6]. Aunque Douglas Clark no dio ninguna razón para dejar su

puesto, es difícil no imaginar que estaba relacionada con el nombramiento de Thomas Digby como nuevo presidente del PMPRB unas semanas antes [7]. El anuncio de Health Canada sobre este nombramiento describe a Digby como alguien con 25 años de experiencia de trabajo con el sector farmacéutico.

Para las personas familiarizadas con la historia de la industria farmacéutica en Canadá, la noticia de que hay una estrecha cooperación entre el gobierno federal y la industria no habría generado sorpresa.

En 1950, durante la celebración del 75º aniversario de la implementación de la primera legislación federal sobre medicamentos, el Ministro de Salud y Bienestar Nacional expresó el agradecimiento del departamento a las industrias afectadas por la Ley de Alimentos y Medicamentos, por su apoyo para que la ley fuera un éxito. La publicación que celebraba el acontecimiento incluía una caricatura de dos hombres, que representaban a la Ley de Alimentos y Medicamentos y a la industria, utilizando una sierra de corte transversal para cortar un trozo de madera con el título “75 años de exitosa cooperación entre la industria y el gobierno”.

Tras la retirada del mercado de la talidomida, varios médicos escribieron al gobierno para protestar. En respuesta a una de esas cartas, el Dr. C.A. Morrell, jefe de la Dirección de Alimentos y Medicamentos, respondió: “Creo que si la profesión médica lo solicitara… habría muchas posibilidades de que la talidomida se reintrodujera en el mercado canadiense y, con este fin, le animo a que inste encarecidamente a sus colegas a que se manifiesten ante nosotros sobre esta cuestión” [8]. Después de que Morrell dejó el gobierno en 1965, se incorporó al consejo de Ciba-Geigy (ahora parte de Novartis).

Judy LaMarsh, Ministra de Salud, pronunció el discurso de bienvenida a la 5ª Asamblea General Anual de la Asociación de Fabricantes Farmacéuticos de Canadá (PMAC) de 1964 y aplaudió calurosamente la relación gobierno-industria. Durante su discurso, señaló que la “tarea [del Director de la Dirección de Alimentos y Medicamentos] sería inconmensurablemente más difícil si no tuviera acceso a los conocimientos combinados de la industria y no recibiera su apoyo”.

Incluso Monique Bégin, famosa por haber promulgado la Ley de Salud de Canadá, que cimentó el medicare como parte esencial de la identidad canadiense, se mostró amistosa con la industria. Ella no creía que Canadá necesitara una normativa detallada para controlar el proceso de aprobación de medicamentos. En su opinión, “se debe obligar a los actores” implicados en la comercialización de un fármaco -funcionarios federales, fabricantes de medicamentos y médicos que realizan ensayos clínicos- deben ” a seguir usando la cabeza y el razonamiento” al aplicar las guías.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de la cooperación entre la industria y el gobierno, y de cómo esa cooperación puede lograr que Health Canada renuncie a garantizar la seguridad pública, procede de un análisis de cómo su división veterinaria gestionó Revalor-H, una hormona de crecimiento que se administra al ganado.

El Dr. Donald Landry, jefe de la Oficina de Medicamentos Veterinarios, esbozó una promesa al Dr. Murray Jelinski, director de desarrollo de productos de Hoechst Canada Inc., para “compensarle por lo mal que lo había pasado con Revalor-H cuando revisemos su próxima solicitud”. Jelinski pasó por encima del revisor y pidió directamente al director general de la Dirección de Alimentos de Health Canada que interviniera, ya que el retraso en la comercialización del medicamento costó a Hoechst más de US$1 millón.

Cuando Judy Erola abandonó la política en 1984, tras ejercer como Ministra federal de Consumo y Asuntos Corporativos, se fue directamente a los brazos de la industria farmacéutica y se convirtió en presidenta de la PMAC (Pharmaceutical Manufacturers Association of Canada).

En 1991, esta mezcolanza de funcionarios públicos y privados fue un paso más allá. El comité para contratar a una persona nueva para dirigir la Oficina de Medicamentos de Venta Libre estaba formado por un funcionario de la Comisión de Servicios Públicos, el director general de la Dirección de Medicamentos y Judy Erola. La posición oficial de Health Canada era que el PMAC se ocupaba principalmente de los medicamentos sujetos a prescripción médica y, como la persona contratada supervisaría el organismo que se ocupaba de los medicamentos de venta libre, incluir a Erola en el comité de contratación no generaba ningún conflicto de interés.

Desde finales de 2010 hasta principios de 2011, Health Canada organizó una serie de consultas públicas para debatir los detalles técnicos de lo que denominó modernización normativa, que muchos vieron como otra manifestación de la desregulación.

La forma en que se estructuraron las reuniones reflejó la naturaleza de la relación entre Health Canada, la industria y el público. Yo asistí a una de esas reuniones. Los funcionarios del Ministerio de Salud se sentaban en una larga mesa frente a otra en la que había representantes de la industria. Entre el público, ubicado a un lado, había representantes de organizaciones profesionales, grupos de consumidores y pacientes -muchos de ellos financiados parcialmente por la industria- y académicos. En primer lugar, el Health Canada presentaba las propuestas, luego respondía la industria y, por último, los asistentes podían hacer preguntas o comentarios.

La agenda de investigación médica tampoco ha estado exenta de relaciones con la industria farmacéutica.

A finales de 2009, el ministro federal de salud anunció el nombramiento del Dr. Bernard Prigent, vicepresidente de asuntos médicos de Pfizer Canadá, como miembro del consejo de gobierno de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR) [9]. Prigent era uno de “los altos cargos de Pfizer que están registrados como cabilderos en la Oficina del Comisionado de Cabilderos de Canadá, y el CIHR figura como objetivo del cabildeo de Pfizer”.

Un ejemplo más reciente de cómo el gobierno no sólo ha ignorado el conflicto de interés al hacer sus nombramientos, sino que lo ha adoptado activamente, es la forma en que se estructuró el Grupo de Trabajo sobre la Vacuna covid-19. El grupo de trabajo se creó al principio de la pandemia, en junio de 2020. El gobierno adoptó la postura de que el conflicto de interés no importaba porque tenía “un procedimiento sólido para gestionar posibles conflictos de intereses”.

El resultado fue un comité de 13 miembros, 12 de los cuales tenían un conflicto de interés con una o más empresas farmacéuticas [10]. Dado que las actas de las reuniones del grupo de trabajo nunca se hicieron públicas, no tenemos ni idea de cómo o si los conflictos de interés afectaron las decisiones.

Con ese poco de historia, podemos volver a los recientes acontecimientos en la PMPRB y reconocer que lo que hemos estado viendo no es una aberración; es sólo la continuación de una larga relación histórica.

Pero no se trata de una relación benigna.

Al igual que interacciones previas entre el gobierno y la industria han tenido efectos negativos en la regulación de los medicamentos, la eliminación de los cambios propuestos para el PMPRB garantizará que los medicamentos sigan teniendo precios excesivos y fuera del alcance de muchos canadienses, especialmente de aquellos que tienen que pagar de su bolsillo por sus medicamentos.

Por último, si se mantienen los precios de los medicamentos altos, es mucho menos probable que se desarrolle un plan de cobertura farmacéutica universal. Las compañías farmacéuticas están regocijándose por sus posibles beneficios.