En Europa, al igual que en EE UU, algunos funcionarios públicos en ocasiones pasan a ocupar puestos en el sector privado (con fines de lucro), y viceversa. Esta situación hace que se desdibujen las responsabilidades y se generen conflictos de interés que perjudican el interés público. Existen muchos ejemplos de esto en el sector de la salud.

Durante el mes posterior al abandono del cargo que ocupó entre 2001 y 2010, el exdirector de la EMA se unió a la junta directiva de una empresa que cabildea a favor de las farmacéuticas [1]. A mediados de 2022, presentaba esta situación como algo completamente normal en su perfil de LinkedIn: “Basándome en mi vasta experiencia y conocimiento sobre la regulación de medicamentos y dispositivos médicos, su aprobación, acceso al mercado, gestión, estrategia y liderazgo, actualmente asesoro a las empresas farmacéuticas en el desarrollo de medicamentos especialmente en la regulación y el acceso al mercado” [1].

Durante la primavera de 2022, la Defensora del Pueblo europea publicó sus conclusiones tras investigar 100 casos de miembros de instituciones europeas que se habían pasado al sector privado entre 2019 y 2021 [2]. Ella considera que la Comisión Europea ha tratado estas situaciones de manera muy laxa: “El flujo de reguladores a los sectores que solían regular se ha convertido en un problema en Bruselas, aunque no se refleja completamente en el tratamiento que la administración de la UE le da a este problema. (…) Existe una tendencia a subestimar los efectos corrosivos que tiene el que los funcionarios lleven su conocimiento y sus contactos a áreas afines en el sector privado” [2]. La Defensora ha propuesto varias estrategias para mejorar esta situación, tales como prohibir temporalmente que los antiguos miembros de estas instituciones acepten esos puestos cuando las restricciones no alcancen para prevenir que se desdibujen las responsabilidades y que se eviten los conflictos de interés [2].

Este problema alcanzó niveles sin precedentes cuando la consultora McKinsey, que prestaba asesoría a la FDA de EE UU, asesoraba al mismo tiempo a los fabricantes de opioides para eludir… ¡las regulaciones de la FDA! [3]. La consultora se jactaba con sus clientes de tener un conocimiento íntimo de los planes y de los funcionarios de la FDA, y de haber influido en el discurso del entonces comisionado de la agencia [3]. En retrospectiva, una vez que se conoció el escándalo sobre la promoción de opioides en EE UU, McKinsey reconoció que su trabajo con los fabricantes de opioides, “si bien era legal, no estuvo a la altura de nuestros altos estándares” [3]. Entre 1999 y 2019, la crisis de prescripción de opioides ocasionó 250.000 muertes por sobredosis en EE UU [4].

En la práctica, quienes se benefician de esta puerta giratoria u ofrecen consultorías a todo el mundo parecen no poder entender que estas prácticas se consideren reprobables. No son solo los papeles los que están confundidos: parece que las mentes también.