Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
En Europa, se estima que cada año se invierten varios miles de millones de euros provenientes de fondos públicos en la investigación y el desarrollo (I + D) de nuevos medicamentos. A pesar de recibir este financiamiento, los sistemas de salud europeos gastan cada vez más dinero en reembolsar medicamentos por los que se cobran precios exorbitantes [1]. Prescrire y otras organizaciones han denunciado en numerosas ocasiones la falta de transparencia y divulgación de los fondos públicos que se destinan a la I + D biomédica [1,2].
En noviembre de 2019, el gobierno francés respondió a esta presión e intentó establecer normas, pero el Consejo Constitucional de Francia las rechazó por motivos de procedimiento [1]. El segundo intento tuvo más éxito. La ley del 14 de diciembre de 2020 sobre el financiamiento de la seguridad social para 2021 introdujo en el Código de Seguridad Social la obligación de que las empresas “den a conocer al Comité Económico de Productos para la Salud (CEPS) la cantidad de inversión pública que recibieron para investigación y desarrollo” [3]. La reglamentación de esta nueva ley se estableció a través de un decreto [4]. Antes del 31 de enero de cada año, las empresas tienen que declarar al CEPS la cantidad de financiamiento público que recibieron del Estado y de las autoridades locales durante el año previo. Deben hacer esta declaración para todos los medicamentos que están en las listas de medicamentos reembolsables a las personas aseguradas o a las organizaciones públicas y de aquellos “para los que ya se ha hecho la solicitud de inclusión en esta lista o por los que la empresa fabricante planea hacer tal solicitud en no más de cinco años”. El CEPS publicará la cantidad declarada por cada empresa en su informe anual [4].
Es un primer paso para lograr más transparencia, pero se informarán las cantidades totales para cada empresa y no para cada medicamento. Sobre todo, no incluye el financiamiento indirecto de los créditos fiscales para la investigación y otras exenciones impositivas, que también ascienden a miles de millones de euros [1].
Referencias