El análisis empírico de las inversiones del sector público y el valor para la salud que aportan los medicamentos seleccionados para la negociación de precios en el programa Medicare, aporta información sobre los costes para establecer el precio máximo justo.

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA o Inflation Reduction Act) de 2022 contiene estipulaciones trascendentales que autorizan al gobierno a negociar un “precio máximo justo” para determinados medicamentos de la Parte D del programa Medicare, teniendo en cuenta los gastos del fabricante relacionados con su investigación y desarrollo, el apoyo federal recibido para su descubrimiento y desarrollo, la medida en que los medicamentos abordan necesidades médicas no cubiertas y otros factores.

Este documento de trabajo describe la inversión federal en el descubrimiento y desarrollo de los diez medicamentos seleccionados para la negociación de precios en el primer año de implementación de IRA, así como el valor para la salud generado mediante el gasto de la Parte D de Medicare en estos medicamentos.

Identificamos US$11.700 millones en financiación por parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH o National Institutes of Health) para la investigación básica o aplicada que condujo a la aprobación de estos fármacos, con una mediana de inversión de US$895,4 millones por fármaco. Esta primera inversión pública proporcionó una mediana de ahorros a la industria de US$1.485 millones por medicamento, comparable a los niveles de inversión que la industria ha notificado.

Entre 2017 y 2021, la Parte D de Medicare gastó US$126.400 millones (mediana de US$10.700 millones) en estos productos, antes de los reembolsos. El gasto de la Parte D de Medicare, excluyendo dos productos para la diabetes, fue de US$97.400 millones, y el valor total para la salud que aportaron fue de 650.940 AVAC (en inglés QALY) o US$67.700 millones (disposición a pagar o DAP/AVAC= US$104K), lo que representa un valor residual negativo para la salud de -US$29.700 millones (antes de los reembolsos).

Argumentamos que el precio justo negociado debería generar beneficios tanto por las inversiones privadas como públicas en estos productos, proporcional a la escala y el riesgo de las inversiones, siendo el principal rendimiento de las inversiones del sector público el valor residual para la salud (precio neto) acumulado por quienes utilizan el producto.

Estos datos empíricos proporcionan una base de costes para negociar un precio justo que recompense las inversiones públicas en las etapas tempranas del proceso de innovación y aporte valor social a los ciudadanos.