Producción y Negocio

El día 12 de marzo el Consejo de Ministros autorizó al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para que, a través de Innvierte Economía Sostenible SICC S.M.E., realice un pacto negociado para la constitución de una sociedad de terapias avanzadas con capital público-privado. Este desarrollo se encuentra enmarcado en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la salud de vanguardia, con la aplicación de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La sociedad público-privada creada se dedicará a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos en nuevas terapias avanzadas.

La aportación inicial de capital público-privado contará con una cantidad aproximada de 74 millones de euros. La participación privada la realizarán las compañías farmacéuticas Rovi e Insud Pharma, y alcanzará el 51 % del total. Un 49 % del capital corresponderá a la financiación pública del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de CDTI y de su sociedad de inversión Innvierte Economía. El gobierno podría aumentar su aportación a la empresa en un futuro.

La información actualmente disponible proviene de las notas de prensa proporcionadas por el CDTI (1), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2), así como la compañía farmacéutica Rovi (3) y de breves comentarios en la prensa económica, m-Erica y farmacéutica. Por lo tanto, a día de hoy, disponemos de datos incompletos sobre las características del acuerdo firmado. En las citadas notas se recoge la afirmación de la ministra de Ciencia: “También se pretende capacitar a empresas españolas en este ámbito, en el que todavía no tenemos industria nacional para este tipo de terapias”.

Como objetivo adicional para la sociedad, la Sra. Morant añade: “Ofrecer los fármacos resultantes de este proceso al Sistema Nacional de Salud con un precio competitivo, haciendo que nuestro Sistema Nacional de Salud sea más sostenible y facilitando el acceso a tratamientos que tienen un coste muy elevado”.

Finalmente, la ministra ha añadido que esta nueva empresa tenía como estrategia desarrollar y comercializar productos originados en los resultados de grupos de investigación españoles e impulsar la industria nacional en el campo de las terapias avanzadas, disponiendo también del apoyo del Instituto de Salud Carlos III.

De esta limitada información inicial solo podemos afirmar que su dedicación principal es la investigación en terapias avanzadas, la mejora en el acceso del SNS a estos medicamentos y procedimientos, y la producción y comercialización de aquellos productos y procedimientos que finalmente se desarrollen.

Esta iniciativa, en principio, es positiva. Pero, con la información disponible, quedan algunas preguntas en el aire: ¿Quién será titular de los derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo se fijarán los precios? ¿Se facilitarán a otras empresas y países, a través de la OMS, la licencia y la transferencia del know how, como se hizo con los test para la COVID-19?

Hemos considerado útil exponer algunas propuestas y sugerencias, que pensamos podrían ser útiles para un desarrollo más avanzado de este proyecto en líneas y aspectos que creemos clave para el futuro.

Reflexiones, consideraciones y sugerencias
Las estrategias de Public-Private Partnership (PPP) o consorcios que involucran a múltiples organizaciones de partes interesadas, incluida al menos una organización sin fines de lucro (por ejemplo, gobierno, universidad o fundación) y al menos una organización con fines de lucro (por ejemplo, empresa farmacéutica, biotecnológica o de dispositivos médicos) son habituales en determinados campos de la investigación y desarrollo. Esta iniciativa, por tanto, se encuentra dentro de un contexto con múltiples experiencias en este sentido dentro de la UE y de varios países. Durante la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, se ha impulsado su desarrollo en países de bajos y medianos ingresos, como por ejemplo Sudáfrica, para facilitar el acceso a vacunas y medicamentos.

Conocemos también cómo la producción pública de medicamentos constituye una de las soluciones posibles al grave problema de equidad y accesibilidad de la población a los medicamentos y vacunas necesarios para la recuperación y mantenimiento de la salud.

Consideramos, como señala, por ejemplo, Dean Baker (4), que es imprescindible desarrollar alternativas al modo actual de financiación de la investigación y desarrollo de medicamentos mediante el sistema de monopolio de patentes. Un sistema que, como conocemos bien, esconde un porcentaje muy alto de financiación pública previa. Tenemos una evidencia demostrada en numerosos artículos e informes: financiar la investigación a través de la concesión de monopolios (patentes y exclusividades), cobrando precios excesivos de miles de euros por medicamentos, que en realidad costarían unas decenas o cientos de euros es inaceptable y provoca un insoportable aumento del gasto farmacéutico público.

Consideramos que la industria farmacéutica es un sector estratégico que exige implementar y articular políticas públicas, que integren las áreas de investigación, ciencia y tecnología, con las necesidades y prioridades en salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Consideramos que iniciar un camino que permita averiguar las fortalezas y debilidades de un sistema alternativo al modelo actual, por un lado, y por otro, incrementar las posibilidades nacionales de investigación y producción pública de medicamentos nuevos es un paso necesario y positivo. Además, facilita la creación de instrumentos para la gestión de políticas y tecnologías vinculadas con el desarrollo estratégico autónomo e independiente de nuestro país. Como afirmaba el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (5): “la presencia de lo público en la industria farmacéutica ha de servir para generar ecosistemas que lideren y dirijan la inversión biomédica de titularidad privada hacia ámbitos de investigación relevantes, generando un ente público con capacidad de acumular know how, en los procesos de investigación y desarrollo biomédico”.

Consideramos que el acuerdo debe incluir y garantizar que los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los productos desarrollados se encuentren en el ámbito del dominio público. Al mismo tiempo, los resultados de las investigaciones y desarrollos deben estar disponibles de forma abierta y no deben estar sometidos a normas de confidencialidad.

Consideramos que el precio final de los productos farmacéuticos desarrollados, una vez comercializados, debe corresponder con los costes, debidamente auditados de la investigación, desarrollo y producción de estos con un beneficio razonable.

La experiencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en primer lugar, poniendo a disposición de los países en vías de desarrollo los test serológicos para COVID-19 y posteriormente facilitando su prototipo de vacuna a través de un acuerdo con la OMS y Medicines Patent Pool, constituyen excelentes ejemplos a seguir para facilitar al acceso igualitario a tecnologías sanitarias para Covid-19.de terapias, vacunas y sistemas de diagnóstico.

Consideramos que en este acuerdo debe incluirse y garantizarse el objetivo de compartir la propiedad intelectual, conocimiento y datos, mediante licencias transparentes, no-exclusivas y transferencia de tecnología y know how, con una decisión clara de facilitar y conseguir un acceso universal y equitativo.

Finalmente reiterar que el compromiso con la financiación pública de la investigación de fármacos nos parece clave para asegurar y conseguir un acceso justo a los medicamentos y al mismo tiempo impedir el elevado gasto farmacéutico.