Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Un nuevo informe revela que los estadounidenses financiaron el desarrollo de los diez medicamentos que se van a negociar con el programa Medicare. Sin embargo, las grandes empresas farmacéuticas siguen queriendo que los precios de estos medicamentos, desarrollados con fondos públicos, se mantengan elevados.
Mientras el gobierno inicia las primeras negociaciones de precios para un grupo de medicamentos bajo Medicare, la industria farmacéutica ha lanzado un ataque legal y de relaciones públicas contra este débil intento de regular los precios descontrolados de los medicamentos para los más vulnerables del país [1, 2]. Las grandes empresas farmacéuticas sostienen que el gobierno no tiene por qué fijar los precios de los medicamentos que desarrollan las empresas privadas [3].
Pero el gobierno, y por tanto los contribuyentes, subvencionan en gran medida el desarrollo de fármacos en este país. Ahora, un nuevo informe revela que los estadounidenses financiaron el desarrollo de los diez medicamentos cuyos precios se van a negociar, pagando un total de US$11.700 millones para su investigación. Tan solo en 2022, las grandes empresas farmacéuticas ganaron US$70.000 millones vendiendo esos mismos medicamentos, y ahora quieren mantener sus precios por las nubes.
Según el nuevo estudio del Centro para la Integración de la Ciencia y la Industria de la Universidad de Bentley, que aún no se ha publicado, los diez medicamentos de venta con receta seleccionados recibieron entre US$227 y US$6.500 millones en fondos de los NIH (Institutos Nacionales de Salud o National Institutes of Health) del gobierno, para realizar investigaciones tempranas cruciales [4].
“Cuando el contribuyente promedio paga el medicamento, no solo se trata de lo que paga en la farmacia”, afirma Fred Ledley, profesor de Ciencias Naturales y Aplicadas de Bentley y autor principal del estudio.
Estos medicamentos, que están cubiertos por el plan de beneficios de medicamentos de venta con receta de Medicare, los consumen 7,7 millones de afiliados (la mayoría de ellos personas mayores) para tratar enfermedades como coágulos sanguíneos, insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedades autoinmunes y enfermedad renal crónica. En 2022, los pacientes de Medicare gastaron US$3.400 millones de su bolsillo en estos medicamentos [5], una cifra que aumentó un 116% en un período de cuatro años.
Entre 2018 y 2022, los gastos de bolsillo de los afiliados a Medicare aumentaron en nueve de los diez medicamentos. El gasto de bolsillo promedio al año en Stelara, un medicamento inyectable que se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes, fue el que más aumentó, de US$709 por afiliado a US$2.058. Para los pacientes estadounidenses que no están afiliados a Medicare, Stelara puede ser considerablemente más caro, especialmente porque los fabricantes de medicamentos cobran precios mucho más altos en este país que en otros lugares [6]. Un informe de 2019 reveló que el precio regular de Stelara era de US$16.600 por dosis en EE UU [7], en comparación con el precio en el Reino Unido, que es de US$2.900 por dosis.
Según el nuevo informe de la Universidad de Bentley, la subsidiaria de Johnson & Johnson recibió US$6.500 millones en fondos de los contribuyentes para el desarrollo de Stelara: con mucho, la mayor cantidad de todos los medicamentos que se someten a negociaciones de precios.
El gasto total de Medicare para pagar el uso de estos medicamentos vitales por parte de los afiliados se duplicó con creces [8], ya que pasó de unos US$20.000 millones en 2018 a US$50.500 millones en 2023. El pago de estos medicamentos en particular representó aproximadamente el 20% de todo el gasto de Medicare en medicamentos de venta con receta, entre el verano de 2022 y la primavera de 2023.
La asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA o Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) —el principal grupo de cabildeo de la industria farmacéutica— dijo que no podía hacer comentarios sobre los detalles de un estudio que no había revisado.
Sarah Ryan, responsable de asuntos públicos de PhRMA, añadió en un correo electrónico que “aunque los NIH desempeñan un papel crucial en fomentar la investigación básica, las contribuciones de la industria privada, tanto financieras como técnicas, son fundamentales para convertir los descubrimientos en tratamientos plenamente desarrollados para los pacientes. Existe un amplio corpus de investigaciones que documentan la naturaleza de estos roles complementarios, que demuestran de forma contundente que el sector privado invierte mucho más y asume muchos más riesgos en el desarrollo de fármacos que el gobierno”.
Una vez que concluyan las negociaciones con los fabricantes de medicamentos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que supervisan todos los programas federales de salud, publicarán los precios de los medicamentos acordados a más tardar el 1 de septiembre de 2024, y los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Investigación básica esencial
El aumento en los precios de los medicamentos de venta con receta es un problema crítico en el sistema de salud estadounidense. Entre 2008 y 2021, los precios de lanzamiento de los nuevos medicamentos aumentaron un 20% al año [9], lo que obligó a 18 millones de estadounidenses a prescindir de sus dosis esenciales, según una encuesta que realizó la empresa Gallup en 2021, entre adultos de todo el país [10].
Los precios elevados son especialmente perjudiciales para las familias de ingresos más bajos. De los encuestados que ganan menos de US$48.000 al año, el 18% declaró que ellos o alguien en su familia se había saltado una dosis para ahorrar dinero. Más de 5 millones de beneficiarios de Medicare tienen dificultades para pagar sus recetas, sobre todo los que no reciben subsidios por bajos ingresos que reduzcan su gasto de bolsillo [11]. Además, los afiliados de raza negra y los latinos notifican problemas en relación con la asequibilidad, entre 1,5 y 2 veces más que los de raza blanca [12].
En años anteriores, el gobierno federal no tenía poder para negociar los precios de los medicamentos de Medicare con los fabricantes farmacéuticos. Pero eso cambió gracias a la Ley de Reducción de la Inflación [13], firmada por el presidente Joe Biden en 2022, la cual permite negociar los precios de los medicamentos para el programa Medicare e incluye otras medidas de reducción de precios en el sector farmacéutico. La legislación ya ha limitado el gasto de bolsillo en insulina a US$35 al mes para los beneficiarios de Medicare [14]. Medicare irá ampliando sus negociaciones de precios hasta cubrir ochenta medicamentos en 2030, y se calcula que para 2031 la ley habrá ahorrado al gobierno US$237.000 millones [15].
Tras el anuncio por parte del gobierno de los precios de salida de los diez primeros medicamentos que se van a negociar [16], un análisis que realizó el Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress), un grupo de defensa de la política pública, concluyó que el proceso podría reducir los precios de los medicamentos hasta en US$6.500 al mes [17].
Mientras las empresas farmacéuticas lanzaban su ofensiva contra estas negociaciones de precios, un informe publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU el pasado diciembre reveló que, de los diez medicamentos seleccionados, siete recibieron algún tipo de apoyo federal para su investigación y desarrollo [18].
Pero el nuevo informe del Centro para la Integración de la Ciencia y la Industria (Center for Integration of Science and Industry) profundiza más y constata que los diez fármacos recibieron financiación del gobierno federal. Esto se debe a que, mientras que el informe del gobierno solo se centró en el dinero destinado a la investigación aplicada, es decir, los esfuerzos para desarrollar un fármaco concreto, Ledley y sus colegas también analizaron la financiación para la ciencia básica —la investigación temprana clave que identifica un objetivo biológico, como una proteína o un gen, que puede estar relacionado con una enfermedad y representa el primer paso en el desarrollo de un fármaco—.
“Cuando la mayoría de las personas analizan lo que paga el gobierno, solo se fijan en la ciencia aplicada”, dijo Ledley.
Según un estudio realizado en 2018 [19], la ciencia básica es crucial para el desarrollo de la medicina transformadora. Los investigadores analizaron veintiocho medicamentos importantes aprobados por la FDA, entre 1985 y 2009, y descubrieron que el origen del 80% de ellos se remontaba a investigaciones básicas que buscaban comprender un proceso biológico o una enfermedad.
Según el estudio de la Universidad de Bentley, la financiación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para los diez medicamentos de Medicare cuyo precio se iba a negociar, oscilaba entre US$228 y US$6.500 millones por fármaco. He aquí el desglose:
El último fármaco de la lista, Novolog, que trata la diabetes tipo 1 y 2, no dispone de datos sobre los fondos públicos destinados a su investigación básica, ya que la investigación básica sobre la insulina se llevó a cabo hace décadas. Los NIH sí informaron haber gastado US$4,5 millones en investigación aplicada para el desarrollo de Novolog.
Aunque la mayor parte de las subvenciones públicas se destinaron a la ciencia básica que sustenta estos fármacos, los NIH también gastaron más de US$250 millones en la investigación aplicada de estos medicamentos, lo que supuso aproximadamente la mitad del costo total de lograr que estos productos se comercialicen.
Esta financiación pública ahorró a la industria farmacéutica miles de millones en gastos de investigación y desarrollo. Ahora esos medicamentos hacen ganar miles de millones a las empresas farmacéuticas. Según nuestro análisis, tan solo en 2022 los fabricantes de estos medicamentos obtuvieron ingresos por un total de más de US$70.000 millones. Y algunos de estos medicamentos se han comercializado durante veinticinco años.
“Lo que hace que la codicia de la industria farmacéutica sea tan reprochable es el hecho de que los ciudadanos estadounidenses estén pagando dos veces por algunos de los medicamentos de venta con receta más caros del mercado: primero a través de sus impuestos y una segunda vez en el mostrador de la farmacia”, declaró el año pasado el senador por Vermont Bernie Sanders ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE UU (HELP Committee o United States Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions) [20].
Ledley no está de acuerdo con la idea de que se “paga dos veces”, ya que él y sus colegas consideran que la industria farmacéutica cubre la mayor parte de los gastos durante la fase de investigación aplicada y de desarrollo. Sin embargo, cuando se trata de fijar el precio de los medicamentos, “creemos que uno debe incluir en la ecuación esta financiación pública destinada al desarrollo del fármaco”, dijo Ledley.
Referencias