Europa y el Reino Unido

Cada vez más organizaciones europeas están exigiendo una reforma completa de las políticas farmacéuticas regionales, con el fin de proteger la salud de las personas por encima de las ganancias económicas.

“Es hora de dar un paso hacia adelante, promover la justicia en materia de salud y responder a las necesidades reales de la gente”, dice Alan Silva —de la sección europea del Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM o People’s Health Movement)— refiriéndose a la necesidad de revolucionar las políticas farmacéuticas en Europa. Defensor desde hace tiempo del acceso a los medicamentos, Silva conoce la importancia de que Europa cambie su concepción de la investigación y el desarrollo, pero también de la producción y distribución de las tecnologías de salud.

Si la región fuera capaz de desvincularse de los intereses de las empresas farmacéuticas transnacionales, supondría un verdadero cambio, afirma. En Europa “Necesitamos una industria farmacéutica pública para dejar de depender de soluciones en materia de salud impulsadas por el ánimo de lucro”, afirma.

Inspirada por una visión diferente del sector farmacéutico europeo, una coalición de organizaciones que defienden el derecho a la salud y de expertos en salud hizo un llamado a crear una red de institutos públicos de investigación y desarrollo que garantice que las grandes empresas farmacéuticas dejen de lucrar con la salud de las personas. La coalición, que incluye a PHM Europa, Médicos para el Pueblo (Médecine pour le Peuple o MPLP), Acción Internacional por la Salud (HAI o Health Action International) y muchos otros grupos, está preparando una primera conferencia sobre el tema [1], que se celebrará a mediados de marzo.

Esta red pública garantizaría que los nuevos fármacos se investiguen a través de canales públicos y —lo que es crucial— permanezcan en manos públicas en las fases más avanzadas de su desarrollo. En este caso, todo el conocimiento acumulado en investigación y desarrollo se compartiría a través de una base de datos pública. No se registraría ninguna patente: las empresas privadas podrían seguir participando en la producción de fármacos, pero se les impediría monopolizar el conocimiento público.

Esto tendría un impacto importante en la disponibilidad de tratamientos y en el precio de ciertos medicamentos, afirma Jaume Vidal, de HAI. “Sería un verdadero impulso para la capacidad del sector público para desarrollar actividades de investigación y desarrollo, en el sentido de que por primera vez tendríamos algo así como instalaciones de propiedad estatal”.

Según Tim Joye, de Médicos para el Pueblo, Europa necesita urgentemente este tipo de cambio. Justo ahora, las políticas de la Unión Europea dependen demasiado del sector privado, lo que está provocando un aumento en los precios de los medicamentos y los productos esenciales. Esto está presionando los presupuestos públicos —especialmente los de salud y seguridad social—, drenando recursos valiosos que de otro modo se podrían utilizar para emplear a más trabajadores de salud y mejorar sus condiciones de trabajo.

De hecho, el gasto público de los miembros de la UE en medicamentos sigue disparándose. En menos de 10 años, entre 2000 y 2009, este segmento del presupuesto público aumentó un 76%, advirtieron la Red Europea contra la Comercialización y Privatización de la Salud y la Protección Social (European Network against the commercialisation and privatisation of health and social protection), la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU o European Federation of Public Service Unions) y Salud de los Pueblos Europa (PHM Europe) al anunciar una campaña en favor de mejores políticas centradas en las personas, antes de las elecciones de la UE de este año [2].

Si esto cambiara y se redujera la influencia de las grandes empresas farmacéuticas sobre los precios de los medicamentos, se calcula que el ahorro en toda la UE ascendería a €140.000 millones: dinero que se podría invertir en fortalecer los sistemas públicos de salud, capacitar a más enfermeras y farmacéuticos y cumplir las promesas que se hicieron a los trabajadores de la salud en el momento álgido de la pandemia de covid-19.

Es verdad que construir una red así costaría tiempo y dinero, pero no es imposible lograrlo. En conjunto, las inversiones no serían muy diferentes a lo que se está aportando actualmente a la innovación en el ámbito de la salud, pero beneficiarían a un grupo más amplio de personas. Y se podrían poner en marcha gracias al ahorro en el gasto farmacéutico.

“La única manera de poder tener una industria farmacéutica pública en Europa, es creando un movimiento lo más amplio posible y seguir presionando día tras día para conseguirlo. Es, por supuesto, un compromiso a largo plazo. Pero admitámoslo, no podemos sentarnos a esperar a que los gobiernos, las empresas privadas y las instituciones multilaterales nos den lo que necesitamos de forma espontánea”, dice Silva.

Aunque los sindicatos y la sociedad civil de Europa desean ver cambios radicales tras los fiascos que se vivieron durante la pandemia de covid-19, la mayoría de los responsables políticos de la UE no comparten sus opiniones. Durante los debates sobre las directrices farmacéuticas en la Unión, lo más se escuchó fue una propuesta para acortar el período en el que las empresas farmacéuticas disfrutan de un acceso sin trabas a los mercados de nuevos medicamentos.

Las asociaciones regionales de productores farmacéuticos se opusieron incluso a este tipo de propuestas, insinuando que los intentos de debilitar el marco de propiedad intelectual vigente reducirían el número de medicamentos desarrollados, lo que pondría en peligro la salud en Europa.

Lo que las grandes empresas farmacéuticas no revelaron en sus declaraciones es que el sistema actual beneficia a sus accionistas en detrimento de los intereses de salud pública. Entre otras cosas, las empresas farmacéuticas pueden elegir a su gusto los fármacos que quieren investigar, lo que hace que se ignoren problemas de salud considerados poco rentables, como la resistencia a los antimicrobianos.

Reestructurar el sistema conllevaría nuevas reglas. “Nosotros mismos podríamos decidir de forma democrática en qué estudios, en qué ensayos clínicos y en qué desarrollo queremos invertir”, dijo Joye.

Tratar de construir infraestructuras farmacéuticas públicas en toda Europa es, según Jaume Vidal, “un intento de mejorar las cosas”.

“Hay que acercar las instalaciones de investigación y desarrollo a las necesidades en materia de salud; de acercar las necesidades en materia de salud al acceso”.

Cambiar el enfoque de Europa respecto a la investigación y el desarrollo farmacéuticos supondría también que la región se solidarizara con el resto del mundo. Desde el comienzo de la pandemia, muchos países del Sur Global han luchado por un sistema más justo que permita que todos accedan a los medicamentos y tecnologías esenciales, independientemente de su nivel de ingresos. Sin embargo, durante todo este tiempo, los representantes y las instituciones europeas han defendido los intereses de las grandes empresas farmacéuticas.

Si las alianzas cambiaran bajo la presión de los movimientos populares, Europa podría hacer modificaciones, al menos parciales, de la estrategia que se adoptó durante la covid-19. “Es algo global. La salud no es un producto y todo el mundo debería recibir la mejor tecnología que el conocimiento humano pueda producir”, opina Alan Silva.