EE.UU. viene negociando desde hace más de una década tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y regionales. Ya ha firmado tratados con Canadá y México (NAFTA), Australia, Chile, Marruecos, Jordania, Omán, con varios países del norte de África y Medio Oriente (TIFA), y con la República Dominicana y Centro América (DR-CAFTA, como se indicará el de Costa Rica están por ratificarlo)..

Los acuerdos con Colombia, Perú, Panamá y Corea del Sur están en su tramo final, pero como veremos su aprobación por parte del Congreso de EE.UU. está muy trabada. En la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha se acordaron medidas sobre derechos de propiedad intelectual conocidas como ADPIC. Los TLC han conseguido aumentar la exclusividad de venta de los medicamentos, es decir, el poder monopólico de la industria farmacéutica innovadora y por ello las medidas sobre derechos de propiedad intelectual en los TLC se conocen como ADPIC+ (plus). Hay consenso entre los expertos que los ADPIC+ posponen la entrada de medicamentos genéricos en el mercado y por ello ponen en peligro el acceso de los pobres a un número creciente de medicamentos. Los países más pobres son los más afectados con este tipo de acuerdos.

Perú y Colombia
En mayo de 2004 EE.UU. empezó las negociaciones con el llamado Grupo Andino que incluía Colombia, Perú y Ecuador, y Bolivia como observador. En medio del proceso, Ecuador decidió retirarse por entender que no beneficiaría a sus campesinos que constituyen la mayoría de su población. La negociación con Perú y Colombia también tuvo sus complicaciones y EE.UU. decidió negociar con cada país por separado [a].

Las negociaciones con Perú empezaron durante el gobierno del presidente Toledo (2001-2006) y se terminaron en diciembre de 2005. El TLC fue ratificado sin debate por el Congreso peruano con el apoyo del partido aprista en junio de 2006 con 79 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. El acuerdo incluía cláusulas que protegían los intereses de la gran industria farmacéutica: a) Compensación por demoras en el otorgamiento de la patente; b) Compensaciones por demoras en la aprobación de comercialización; c) Vinculación entre el otorgamiento de la patente y el registro sanitario; y d) Protección y uso exclusivo de datos de prueba.

Estas mismas condiciones fueron aceptadas por Colombia, que concluyó las negociaciones en febrero de 2006 y fue ratificado por su Parlamento en sesiones extraordinarias el 14 de junio de 2007. Como se verá, la ratificación coincidió con los debates entre demócratas y republicanos en EE.UU. que terminaron modificando aspectos sustanciales en el tema de medicamentos de los tratados con Colombia y Perú.

En medio de las discusiones tanto en el Congreso de EE.UU. como en el Parlamento colombiano, uno de los representantes más notables de la Iglesia Católica en Colombia, el cardenal Pedro Rubiano, quien además preside la junta directiva de la ONG Misión Salud, tomó claro partido y cuestionó el TLC, puntualmente por sus implicancias en el acceso a los medicamentos. Envió una carta a Diego Palacio, Ministro de Protección Social, y a los 37 congresistas de las comisiones segundas de Senado y Cámara en la solicitaba al Gobierno que impidiera que se tomaran medidas que contribuyeran a fortalecer los monopolios e incrementasen el gasto sanitario, lo que identificó como “una amenaza seria al derecho a la salud”. Sus argumentos se basaron en parte en un estudio que se acababa de publicar preparado por Misión Salud y IFARMA en el que se medía el impacto del TLC sobre personas viviendo con HIV-sida, y que entre sus conclusiones afirmaba que la cobertura de pacientes que requiriendo la terapia ARV la recibirían efectiva y oportunamente podría pasar del 80% -meta del Gobierno Nacional- a entre 47% y 78% dependiendo de las medidas implementadas y del nivel de monopolio que ocasionen. Es decir, que, el TLC, podría reducir la cobertura esperada entre un 2 y un 33% [1].

Otro hecho relevante con respecto al TLC y la salud en Colombia fue la audiencia pública convocada por los Senadores Camilo Sánchez Ortega y Jorge Enrique Robledo por iniciativa de Misión Salud que se llevó a cabo en el recinto del Senado el día 15 de febrero de 2007. Allí se presentó un documento preparado por la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, y la Confederación de Organizaciones de Profesionales de la Salud [b]. El documento plantea que el TLC va más allá de tratar “asuntos relacionados con el comercio”, ya que toca temas sobre inversión, propiedad intelectual e intercambio de servicios, cada uno de las cuales tiene implicaciones para la salud. Preocupa la aceptación por parte del equipo negociador de una cláusula (“de anulación y menoscabo”) que faculta a EE.UU. para exigir indemnizaciones a Colombia en caso de que una medida interna como, por ejemplo, un decreto para control de precios de medicamentos para enfermedades de alto costo, anule o menoscabe las ganancias económicas esperadas por las empresas extranjeras [2].

Para entender el proceso de discusión de los TLC en el Congreso de EE.UU. hay que tener en cuenta dos hechos. El primero se refiere al poder que tiene el Ejecutivo de este país en las negociaciones de los tratados. De acuerdo al poder que el Congreso concedió al Ejecutivo, el presidente entrega al Congreso el texto de un TLC y el Congreso solo puede aceptarlo o rechazarlo, pero no puede alterar ninguna cláusula del mismo. Este poder se conoce por el nombre de Autoridad para Promover Comercio o Fast Track porque evita el retraso de la ratificación al impedir que los congresistas discutan y modifiquen cláusulas que después deberían volver a ser examinadas y aprobadas por el ejecutivo y de nuevo ser negociados con los otros países. Hay que recordar que cada congresista intentaría introducir cambios para que sus electores y grupos de interés salieran beneficiados. El Congreso concedió el Fast Track al Presidente por un periodo de tiempo que terminaba el 30 de junio del 2007. Es decir, después de esa fecha en la negociación de los nuevos TLC participará el Congreso.

El segundo hecho fue el cambio de gobierno que tuvo lugar como resultado de las elecciones de noviembre de 2006. Las dos cámaras del Congreso, hasta entonces controlado por los republicanos, pasaron al control de los demócratas, que tienen una disposición menos favorable a satisfacer los excesos de ganancias de la industria farmacéutica y al mismo tiempo están más comprometidos con los derechos humanos [c].

A partir del 2007 los demócratas comenzaron a exigir una serie de cambios como condición para aceptar los TLC en curso, es decir los de Perú, Colombia, Corea del Sur y Panamá. Mientras algunos sostenían que estas exigencias implicaban una renegociación de los tratados, otros afirmaban que estos temas podrían ser revisados en su trámite por el legislativo, pero mediante instrumentos o enmiendas que no significaban la reapertura de la negociación [3].

El 12 de marzo de 2007 doce influyentes Congresistas, liderados por el representante Henry A. Waxman, Presidente del Comité de Reformas Gubernamentales y miembro del Subcomité de Comercio, enviaron una carta a la representante de los TLC del Departamento de Comercio de su país, insistiendo en la “inmediata reconsideración” de las disposiciones que demoran el acceso a los medicamentos genéricos, como son la protección exclusiva de datos, la extensión de las patentes, el vínculo patente – registro sanitario, y las restricciones al derecho de los países de utilizar las licencias obligatorias y otras salvaguardas a la salud pública previstas en el ADPIC y en la Declaración de Doha [4] [d].

En el mismo sentido, a fines de abril el Partido Demócrata hizo público el documento titulado “Una nueva política comercial para América”, en el que fija su posición frente a los TLC firmados recientemente. Precisa la necesidad de modificar los tratados en orden de reestablecer en los países en desarrollo un “justo balance” entre el acceso a los medicamentos y la protección de la innovación farmacéutica. En el documento no se planteaban propuestas específicas para lograr este “justo balance”, sin embargo el congresista Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio, en declaraciones previas, afirmó que las provisiones de los TLC que dificultaban el acceso debían ser “rehechas” [4].

En un principio muchos en Washington advirtieron que las diferencias entre los demócratas y el presidente Bush parecían irreconciliables y que estos acuerdos no serían aprobados. Sin embargo, Bush, reacio desde el comienzo a los cambios sugeridos por los demócratas, necesitaba que se diera curso a los trámites de los TLC pendientes en el Congreso para que pudiesen entrar en vigencia en el 2008, y también pretendía que el Congreso renovara el Fast Track.

Luego de varias semanas de negociación, a principios de mayo de 2007, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que planteaba modificaciones en algunos capítulos del texto original del tratado, documento que pasaría a manos del Departamento de Comercio de los EE.UU. y que se convertiría en un “Protocolo de Enmienda”; pero Bush no consiguió que el Congreso le diera la prórroga del Fast Track.

Las modificaciones incluidas en el Protocolo de Enmienda no llegaron al capítulo de agricultura, pero sí al de los derechos laborales y medio ambiente, en los cuales se establecerán condiciones más firmes para la defensa de los mismos. Las enmiendas más importantes sobre medicamentos para Perú y Colombia han sido [4,5]:

– La carta adjunta sobre salud pública, que antes aparecía como anexo, ahora ha sido incorporada al texto, en el artículo 16.13 del capítulo, la cual permite un manejo flexible de las normas sobre patentes cuando los países requieran atender una crisis en salud pública.
– Ya no serán obligatorias sino opcionales las compensaciones a las farmacéuticas por demoras en el trámite de una patente o registro sanitario.
– El establecimiento de un vínculo entre la oficina de registros sanitarios y la oficina de patentes (linkaje) para proteger contra posibles infracciones contra las patentes se vuelve opcional, pero se estipula que debe haber mecanismos efectivos, de carácter administrativo o judicial, para resolver las disputas por posible trasgresión a los derechos de patentes.
– Para acceder a la protección de los datos de prueba se establecen condiciones más estrictas:

o Se precisa que la protección es para nuevas entidades químicas cuya obtención haya significado un esfuerzo considerable. En el texto del TLC se hablaba de nuevos productos y no se mencionaba el esfuerzo considerable.
o El tiempo de la protección se establece como cinco años normalmente; el texto del TLC menciona al menos cinco años.
o Para productos que tengan protección de datos de prueba, puede aprobarse la solicitud de comercialización de un genérico antes de que venza la protección, si ésta está amparada en estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad [e].
o Si la solicitud de protección en Colombia o en Perú se basa en una protección otorgada en EE.UU., a los cinco años se le descontará el tiempo que ya haya tenido de protección en EE.UU.

Estas modificaciones, que se prevé pasen a ser el nuevo estándar de futuros acuerdos comerciales, han sido evaluadas por diferentes expertos y organizaciones no gubernamentales como un avance con relación al texto original, aunque sostienen que de todas formas el acceso a los medicamentos se verá afectado. La mayor preocupación refiere al sistema de protección de los datos de prueba debido a que el Protocolo de Enmienda no contempló alternativas al sistema (como pagos compartidos). A su vez genera inquietud que las flexibilidades y excepciones incluidas están redactadas en un vocabulario técnicamente impreciso y que no forman parte del cuerpo principal del acuerdo sino que están incorporadas como cartas adicionales [f] [6,7].

Los primeros días de noviembre los demócratas Henry A. Waxman y Edgard Kennedy se hicieron eco de un informe elaborado por la Oficina de Contabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés Government Accountability Office), e indicaron que panel USTR ha tomado una posición que no acepta la flexibilidad que la Declaración de Doha concede respecto a las patentes de medicamentos. La GAO encontró asimismo que el debate interno de la administración Bush acerca de las disposiciones sobre PI en los TLC no incluye un examen de sus repercusiones en la salud pública. Según afirmó Waxman, “Lamentablemente, en la estrategia comercial de EE.UU. se le ha dado mayor prioridad a las patentes que a la salud pública”. Por su parte, una portavoz del USTR considera que el informe de la GAO es “en general, equilibrado y justo”. Añadió que “el USTR sostiene que una protección sólida de los derechos de propiedad intelectual y el apoyo para mejorar el acceso a los medicamentos son objetivos que pueden y deben perseguirse conjuntamente” [8].

El gobierno peruano se mantuvo bastante pasivo mientras los demócratas planteaban las enmiendas al texto del acuerdo. Según lo expresado a fines de marzo por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Aráoz, la voluntad del gobierno peruano era que el documento firmado no fuese reabierto y que las demandas de los demócratas se incluyeran en una carta adjunta al tratado. Consideraba que lo expuesto por los demócratas era un planteamiento global, y que marcaba las pautas de la negociación comercial del gobierno de Bush [9]. En el caso específico del Perú, los legisladores demócratas exigieron la adopción de leyes que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo [10].

A fines de junio de 2007, el Protocolo de Enmienda fue aprobado por el Ejecutivo peruano, y ratificado casi sin debate por el Congreso [g]. Cabe mencionar que un año atrás, en plena campaña electoral, el ahora Presidente electo Alan García, dijo: “Vamos a renegociar el TLC en defensa de los campesinos” (Ica, 23/5/2006); “La bancada aprista no aprobará "al carpetazo" el TLC. De no alcanzar el tiempo para un debate capítulo por capítulo y línea por línea, el documento tendría que ser debatido en el próximo Congreso" (Lima, abril del 2006). El APRA no sólo apoyó con su voto en el Congreso la aprobación del TLC en junio de 2006, sino que ahora aprobó el Protocolo Modificatorio sin siquiera revisar alguno de sus puntos [11,12]. La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó –con el voto negativo de la mayoría de los demócratas- el TLC con Perú el 7 de noviembre de 2007 y se espera que el Senado lo apruebe de inmediato [13].
La aprobación de este TLC ha sido criticada por varios grupos de consumidores porque ha coincidido con el conocimiento de que la FDA no tiene capacidad para controlar la calidad de las importaciones y al presente solo toma muestras de un 80% de las importaciones. El grupo Food and Water Watch ha indicado que en las poquísimas muestras que se han examinado de las importaciones de Perú se ha detectado que los camarones congelados tienen muchos residuos de medicamentos de uso veterinario y salmonella, que el pez espada está contaminado y es venenoso, y que las vieras y el mahi mahi están sucios [14]. Los críticos piensan que el TLC aumentará la importación de productos y de riesgos para la salud. Estos críticos piden que no se apruebe ningún otro TLC hasta que la FDA tenga mayor capacidad de inspeccionar las importaciones.

El Presidente colombiano, Álvaro Uribe viajó a Washington y firmó el Protocolo el 28 de junio último [d] y ahora está en manos del Congreso colombiano para su aprobación, lo que –según expertos colombianos- se concretará en los próximos meses. Si bien los demócratas sostiene que la aprobación por parte del Congreso de EE.UU. está supeditado a que Colombia adopte medidas contra la violencia antisindical y pueda sortear las dificultades surgidas a partir de las revelaciones sobre los presuntos nexos entre políticos y paramilitares (y que ha llevado a la cárcel a 13 congresistas), lo que puede apreciarse es que los parlamentarios no tienen ninguna prisa en aprobar este tratado y quizá esperen hasta después de las próximas elecciones generales de noviembre de 2008 [15].

Mientras tanto, en noviembre se dieron a conocer dos casos de funcionarios que estuvieron involucrados en la negociación del TLC y que ahora han pasado a trabajar para la industria farmacéutica. Primero fue el de Sandra Suárez, que dejó su cargo de consejera presidencial de asuntos internacionales para vincularse a la farmacéutica Wyeth. Y luego, el de la abogada María Fernanda Hurtado, que desde que se firmó el TLC con EE.UU. manejó el tema de propiedad intelectual en el Ministerio de Comercio, y que ahora trabaja con la suiza Novartis. Ambas se han vinculado como directoras de asuntos públicos de las firmas [16].

Panamá
En el caso panameño, el Tratado suscrito por los respectivos gobiernos el año pasado y aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en julio de 2007, aguarda ahora el visto bueno del Congreso estadounidense, el cual manifestó su malestar por la elección como presidente del Parlamento de un diputado acusado por los estadounidenses de terrorismo y asesinato en 1992 de uno de sus soldados durante la invasión del país por EE.UU. que terminó con la captura del presidente panameño y su subsiguiente juicio y encarcelamiento en EE.UU. [17,18].

Se trata de Pedro Miguel González, ahora diputado oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que se entregó a las autoridades panameñas en 1995 y resultó absuelto por un jurado de conciencia en 1997, en un proceso donde EE.UU. pudo presentar su acusación. Washington desconoce el fallo de la justicia panameña y mantiene vigente una orden internacional de captura contra González [17].

Costa Rica y el referéndum
Costa Rica es el único país signatario del TLC entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. que aún no ha ratificado el acuerdo firmado en 2004, debido al rechazo que el tratado ha generado en su población. También es el único país que sometió el tratado a consulta popular [h].

El gobierno norteamericano ha presionado en reiteradas oportunidades a Costa Rica para que su Parlamento revalide el acuerdo. Por ejemplo, el pasado 7 de febrero de 2007 la Asociación de Fabricantes e Investigadores de la Industria Farmacéutica de EE.UU. (PhRMA por sus siglas en inglés), presentó una petición formal ante el Representante Comercial de EE.UU. en la que solicitó la imposición de sanciones comerciales contra Costa Rica por no aplicar las normas del Capítulo 15 del TLC sobre protección a las patentes sobre medicamentos.

La PhRMA expresó en su demanda que entre enero y septiembre de 2006, las farmacéuticas habrían dejado de percibir ingresos por más de US$112 millones, de los cuales unos US$17 millones serían por protección de datos de prueba y algo más de US$94 millones por patentes. En la acusación presentada por la poderosa Asociación también aparecen demandas contra Guatemala y República Dominicana que sí son miembros efectivos del RD-CAFTA [19].

Una de las mayores preocupaciones en el campo de la salud, es cómo afectará la entrada en vigencia de las reglas que establece el TLC a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Algunos afirman que no va a poder continuar con la cobertura universal. Para el titular de la Cámara de Empresarios Pro Costa Rica, Roman Macaya, ante el incremento de los precios de los medicamentos la Caja deberá escoger qué enfermedades cubre y cuáles no, o a qué sector de la población atiende y a cuál no.

Según Macaya, es muy probable, que se retrace el ingreso de los genéricos a causa de que los medicamentos nuevos van a obtener una extensión de 5 años de su patente por demoras en los Registros. La oficina de patentes presenta serios cuellos de botella para cumplir en tiempo y forma con las autorizaciones. En el 2005 se solicitaron 553 patentes y solo se otorgaron 7, y al 30 de junio del 2007 se habían solicitado 370 y no se había entregado ninguna. Uno de los obstáculos que el empresario señala es que la oficina no cuenta con los profesionales necesarios para evaluar las peticiones de registro [20].

El 7 de octubre más de dos millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para decidir sobre el acuerdo comercial con EE.UU. El recuento de votos dio como ganador al ‘Sí’ con el 51,57% de los sufragios, mientras el ‘No’ alcanzó 48,43%. La participación fue de un 59,2% del padrón electoral, superando el 40% para que el resultado de la consulta popular sea vinculante [21].

Ahora resta que se apruebe en el Congreso de Costa Rica un paquete de 13 leyes de implementación que son una exigencia de EE.UU. para autorizarle al país la puesta en vigencia del TLC. A mediados de octubre se inició el trámite por “vía rápida” y el gobernante Partido de Liberación Nacional (PLN) junto a otros siete partidos pro TLC, que tienen mayoría en la Cámara, esperan tener aprobadas las leyes para el fines de febrero del 2008. A las denuncias de diversas organizaciones sociales por coacción e intimidación antes y durante el referéndum, se le suman ahora las de los diputados opositores al TLC que temen que este trámite pase por encima del reglamento y la institucionalidad del Parlamento [22].

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