ECONOMÍA Y ACCESO

Compras

España. Sanidad pone en marcha la compra centralizada de inmunosupresores y epoetinas
El Global.net, 18 de octubre de 2013
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El Consejo de Ministros celebrado el 18 de octubre ha autorizado un nuevo acuerdo marco para la compra centralizada de medicamentos inmunosupresores con diez comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), responsable de la gestión de la sanidad en Ceuta y Melilla y dependiente del Ministerio de Sanidad, así como los ministerios de Defensa y de Interior. A este acuerdo hay que sumar otro para la compra de epoetinas, indicadas para la anemia asociada a insuficiencia renal y para la anemia en pacientes en quimioterapia.

El valor estimado para la adquisición de estos productos es de €370,07 millones para un año, aunque, teniendo en cuenta la posibilidad de que prorrogue por un año, se calcula en €666,1 millones. El ahorro previsto, dando por hecha la prolongación del acuerdo, será de €14,66 millones. En lo que tiene que ver con las comunidades adheridas, el Ministerio de Sanidad ha confirmado la participación de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, además del Ingesa.

Por otro lado, el valor estimado de las adquisiciones en el primer año asciende a €6,02 millones, que se convertirían en €10,8 millones si se consuma la prolongación del acuerdo. El ahorro estimado para los dos años sería de €2,65 millones. Tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad, las comunidades que se han adherido, además del Ingesa, son Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Murcia, así como el Ministerio de Defensa.

Además de los beneficios que se podrían obtener en materia de ahorro, Sanidad ha destacado que la compra centralizada "favorece la homogeneización de productos y medicamentos utilizados en el Sistema Nacional de Salud". Asimismo, "contribuye al establecimiento de estándares de calidad comunes en todo el SNS, lo que supone una mejora de la calidad y la equidad". Y, por último, "supone una garantía para las empresas suministradoras, al propiciar la estabilidad del mercado mediante un escenario de contratación común. En particular, en relación a los tiempos de pago". En este sentido, expertos en contratación pública han advertido que, pese a las buenas intenciones del Gobierno, no se dan las condiciones, desde el punto de vista legal, para garantizar dicho cumplimiento.