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EE UU endurece el acceso a los analgésicos más adictivos
El País, 25 de octubre de 2013
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Tras una década de intenso debate sobre la necesidad de establecer un mayor control de las prescripciones de analgésicos adictivos que contienen hidrocodona -opioide derivado de la codeína, que se utiliza como analgésico de vía oral- en Estados Unidos, esta semana la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se ha comprometido a endurecer las leyes, de “forma que haya un mayor control y se erradique la epidemia de abuso que existe en el país”, explicó la Agencia en un comunicado. Este organismo, hasta este momento, siempre había defendido que “la regulación estricta de estos fármacos podría provocar más daño que beneficio”.

La decisión tomada pone estos medicamentos al mismo nivel de otros narcóticos, como la morfina. La principal modificación es su nueva categorización: pasarán del nivel III a nivel II, en una escala gubernamental que mide el uso y el potencial de abuso y adicción de un fármaco legal. Los medicamentos afectados van desde la oxicodona hasta los dirigidos al tratamiento del Trastorno por Déficit de Hiperactividad, como Ritalin o Adderall, entre otros.

Los analgésicos con hidrocodona recetados son la origen de dos tercios de total de fallecimientos por sobredosis en EE UU, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EE UU. Este organismo añade que desde 1999 las muertes por esta causa se han cuadriplicado. Durante mucho tiempo la hidrocodona ha sido fácil de recetar, en gran parte “porque se vende en píldoras en combinación con sustancias no adictivas, como la aspirina”, continúa el texto.

Las prescripciones de esos fármacos representan el 70% del total de todos los opiáceos recetados y “han sido las leyes permisivas las que han favorecido su abuso”, explican los expertos en el comunicado. En 2011 se recetaron 131 millones de fármacos que contenían hidrocodona, que fueron dirigidos a tratar a 47 millones de pacientes, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Salud de EE UU.

“Estas normas son necesarias debido al impacto que está teniendo el abuso de estos fármacos en la salud pública, un impacto que ha llegado a un punto crítico. Estos cambios pueden conseguir que nuestra sociedad modifique su comportamiento, ya que es cierto que recetamos estas pastillas para paliar el dolor, pero no podemos ignorar la epidemia que existe en EE UU al respecto”, explicó Janet Woodcock, experta de la FDA, al New York Times.

Entre las nuevas normas que presumiblemente entrarán en vigor a partir de enero de 2014 y de las que los expertos son conscientes de que los primeros afectados serán los pacientes, está el control del periodo de reabastecimiento de medicamentos con el que cada paciente cuenta antes de volver a su médico y solicitar más. En la actualidad, una persona puede usar la misma receta de un fármaco hasta cinco veces en seis meses antes de pedir una nueva. Estudios recientes elaborados por la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) concluyen que el paciente tan solo las toma un promedio de unos 14 días lo que, para los expertos, significa una sobreprescripción innecesaria.

Las nuevas modificaciones tendrán un gran impacto en cómo y quién receta este tipo de medicamentos y cómo los dispensan las farmacias. Para ello se incluirán nuevos requisitos para que los distribuidores solo puedan dar los medicamentos a los pacientes si estos entregan la receta en mano y no que sea suficiente con una llamada del doctor que las prescribe. En algunos Estados, las enfermeras y las auxiliares de clínica tienen permiso para recetar, es posible que tras estas modificaciones no puedan hacerlo más.
Las recomendaciones estipuladas por la FDA todavía necesitan la aprobación del Departamento de Salud de EE UU. La Asociación Médica de EE UU y agrupaciones farmacéuticas han asegurado que seguirán luchando para que las medidas recién planteadas no salgan hacia delante. Una de estas agrupaciones que se oponen al cambio, la National Community Pharmacists Association, ha dicho en un comunicado: “esto supone un daño significativo para los pacientes más vulnerables con dolor crónico”.