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Farmacia

Uruguay.Farmacias independientes de Uruguay respaldan decreto del gobierno que limita expansión de cadeneras
Mirada Profesional, 21 de agosto de 2014
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A principios de este mes, las dos principales cadenas de farmacias que operan en Uruguay iniciaron un proceso legal contra el decreto que limita el número de locales que pueden operar en ese país. La medida, anunciada a mediados del 2013 por el presidente José Mujica, dispuso que cada empresa o sociedad pueda tener 15 mostradores como máximo, y así evitar situaciones monopólicas. Las presiones contra la iniciativa incluyen una demanda internacional en los tribunales del Banco Mundial. Esta semana, las farmacias independientes del país respaldaron el decreto regulatorio, y aseguraron que se trata de una “buena medida. “Sin las limitaciones del decreto se produciría un oligopolio”, afirman.

Con la firma de su vocero Hermann Leis, la Asociación de Farmacias Comunitarias respaldó decreto 369 de noviembre de 2013, que pone un límite a las cadeneras, y por el cual Farmashop y San Roque –las redes más grandes del Uruguay –demandaron al gobierno. “El Poder Ejecutivo buscó con este decreto limitar el número de farmacias propiedad de una única persona, sociedad, o grupo económico para evitar que unos pocos dominen el mercado de venta de medicamentos, como ocurrió en otros países de la región”, sostiene la entidad.

“Estamos en el área de la salud y no de la libertad de comercio e industria”, refutaron desde la asociación, apuntando al argumento de Farmashop y San Roque sobre los problemas económicos que esta medida traerá. “Se busca evitar situaciones que deriven en fuertes demandas de los usuarios, por el encarecimiento de los remedios. La iniciativa del gobierno, que apoyamos, es buena, dado que sin las limitaciones del decreto, se produciría un oligopolio cuyos efectos ya se hicieron notar en otros mercados sin regulación”, insistieron.

Para la asociación, “la facultad de regular los mercados es propia del Poder Ejecutivo y se ajusta a derecho. La salud pública está por encima de los intereses comerciales”. “Sostenemos que estos grupos tienen una voracidad insaciable y la situación afecta, no solo a las pequeñas farmacias comunitarias, de barrio o pueblos, sino también a mutualistas y consumidores”, ratificaron.

A principios de agosto Farmashop contrató el asesoramiento legal de Latham & Watkins para llevar adelante su reclamo terminó de poner de manifiesto las fuertes presiones que está decidida a realizar la cadenera para frenar el decreto de regulación. Según se publicó en Montevideo, la firma de abogados “es una de las más prestigiosas, con 32 oficinas en los 5 continentes y con reconocida experiencia en materia de arbitraje internacional comercial y de inversión”. Además, se espera que mantenga el vínculo con Marval O’Farrell Mairal, otra oficina con amplia experiencia ante el CIADI, el tribunal comercial del Banco Mundial. Farmashop fue adquirida en enero de 2013 por Linzor Capital Partners (accionista también de Pagnifique en Uruguay) y opera 92 farmacias.

“Ante esta situación, desde la Asociación de Farmacias Comunitarias señalamos ante la opinión pública y medios de comunicación que de ninguna manera el referido decreto es inconstitucional o ilegal, como se afirma, sino que por el contrario, el mismo obedece a una verdadera invasión sobre la Salud Pública que están haciendo dichos fondos de inversión”, contestaron las farmacias más pequeñas.

“Entendemos que el verdadero objetivo que buscan estos fondos es apoderarse del 100 % del mercado farmacéutico, para convertirse en oligopolio, cosa que ya hicieron en Chile con pésimos resultados para los consumidores, los pacientes, el sistema de salud y la sociedad”, comunicaron.

“Calificamos de engañosa la información en la que dichas cadenas afirman que controlan solamente el 5,7 % del mercado. Justamente, con el 5,7 % de las farmacias concentran el 40 % del mercado y de no haber impulsado este decreto el gobierno del presidente Mujica, estarían apuntando al 100 %”, remarcó la entidad. “Si este dominio se concretara, entonces serán ellos los que fijarán los precios, pondrán las reglas y determinarán que es lo que se vende y que es lo que no”, concluyó.

El decreto 369 de noviembre de 2013 pone un tope de 15 al número de locales que puede tener una misma cadena (Farmashop opera 92 farmacias y San Roque 35, pero no deberán deshacerse de ninguno de los locales con los que cuentan hasta ahora pues el decreto no es retroactivo). Además, se prohíben para las farmacias los centros de distribución y de call centers, las ventas por internet, la comercialización de genéricos y marcas propias, y se establecen límites de distancia de 1.000 metros entre farmacias de un mismo dueño.

Farmashop sostiene que tanto ellos, como San Roque, recibieron “un golpe” cuando se anunció el decreto, ya que ambas estaban “invirtiendo en nuevos locales y remodelando los existentes”.