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Uruguay. Facultad critica que se impida acceso a remedios

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República decidió el jueves apoyar las gestiones que se llevan adelante en el Consultorio Jurídico de esa casa de estudios para asesorar a pacientes que reclaman el acceso a medicación, procedimientos o dispositivos terapéuticos de alto costo, luego de que los integrantes del consultorio denunciaran que tres artículos del proyecto de ley presupuestal (los 425, 438 y 439) bloquean definitivamente esa posibilidad.

El Consejo decidió con el voto unánime de los ocho consejeros presentes (cuatro se ausentaron) pedir al Consultorio de la Facultad que en 15 días implemente un plan de asistencia, asesoramiento y divulgación dirigido a los pacientes de bajos recursos, residentes en el interior, y pidió a los distintos colegios de abogados que coordinen esfuerzos en ese sentido. La decisión fue propuesta por los consejeros Guillermo Chiribao, Gastón Gianero, Juan Andrés Ramírez y Ariel Ghans.

El artículo que más molesta a los integrantes del consultorio es el 425 que establece que el Estado no tiene a su cargo “la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.

El artículo 438 determina que “la dispensación de medicamentos, procedimientos o dispositivos terapéuticos que no se encuentren debidamente aprobados y registrados ante el Ministerio de Salud Pública, solamente se admitirá en los casos taxativamente enumerados en la legislación vigente y en los incluidos en el marco de ensayos clínicos realizados conforme a derecho. Y el 439 establece que la aprobación y registro en el Ministerio de Salud Pública de especialidades farmacéuticas deberá ser precedida de un informe técnico favorable de eficacia y seguridad. También deberá tener un informe técnico favorable sobre su impacto presupuestal y de evaluación económica según las recomendaciones vigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado 2 de septiembre el presidente Tabaré Vázquez autorizó que el Estado financie medicamentos de alto costo para ser suministrados a Agustín Cal, un niño de 11 años que padece cáncer.

En febrero, la exministra de salud, Susana Muñiz, hoy presidenta de ASSE, firmó una ordenanza que advierte específicamente que 16 medicamentos no ingresarán al FTM.

El Consultorio de la Facultad de Derecho ha presentado 45 amparos de pacientes que reclaman medicamentos costosos que no están incluidos en el FTM; 30 casos ya fueron cerrados. En el 90% de ellos se resolvió en primera instancia de manera favorable a los reclamantes, pero ocurre que tres de los seis tribunales de apelaciones que han entendido en estos casos suelen fallar en contra de los pacientes. Cuando ocurre esto, el ministerio le retira los fármacos a la persona.

El diputado blanco Martín Lema envió una comunicación al presidente de la cámara baja, Alejandro Sánchez, en la que señala que “nos tiene sumamente preocupados la situación de desigualdad y de injusticia que se ha generado con respecto a este tema”.

“Desconocemos los motivos por los cuales el MSP, frente a idénticos casos, adoptó distintos criterios, en algunos realizó excepciones comprando el medicamento y en otros lo negó amparándose en el FTM”. Los artículos “merecen severas críticas, tanto por cuestiones de mérito como de legalidad”, escribió Lema.