Menos de dos meses después del esperado inicio de la venta de marihuana en las farmacias uruguayas, la más total incertidumbre rodea el proceso de legalización más ambicioso del mundo, debido a la intervención de los bancos internacionales, especialmente estadounidenses.

La demanda de las dos variedades de cannabis distribuidas por el Estado uruguayo iba en aumento, así como el registro de compradores, que superó las 13.000 personas. Un éxito. Y entonces llegó el anuncio de que una de las farmacias de Montevideo renunciaba a expender marihuana después de que su banco, el Santander, amenazara con cerrarle la cuenta. Poco después se daba a conocer que otras entidades, como Itaú (Brasil) habían cancelado las cuentas de las empresas privadas que tienen la concesión de la producción de la marihuana y de algunos clubes cannábicos.

El estatal Banco República (BROU) pareció poder hacerse cargo de la situación, proveyendo sus servicios a las 15 escasas farmacias involucradas en el proceso, a los productores y a los clubes. Pero al poco tiempo se daba a conocer que Bank of America y Citibank habían advertido que dejarían de operar con el BROU si mantenía esos servicios. Según la legislación estadounidense, manejar dinero proveniente de la marihuana es ilegal y atenta contra las medidas para controlar el lavado de dinero y los actos terroristas.

El directorio del BROU anunció entonces que cerraría las cuentas de las farmacias que venden cannabis para no ver comprometida la operativa en dólares. Los uruguayos manejan sus ahorros y las compras de bienes importantes (electrodomésticos, coches, apartamentos) en dólares, una moneda tan utilizada que hasta la pueden sacar directamente de los cajeros. Así, el BROU, un banco estatal, decidía anteponer la legislación estadounidense (adoptada después de los atentados del 11 de septiembre) a una ley adoptada por el parlamento uruguayo autorizando la venta y producción de la marihuana.

Rápidamente, el entuerto legal se convirtió en crisis política. El expresidente José Mujica, artífice de la legalización, montó en cólera y durante una sesión de Senado acusó a los bancos de atentar contra la democracia. Mujica también apuntó al presidente Tabaré Vázquez y su gabinete, al que amenazó de bloquear las labores del parlamento si no se buscaba una solución. El partido del exguerrillero, el MPP, es la fuerza más numerosa en el parlamento dentro de la coalición gobernante en Uruguay, el Frente Amplio.

Vázquez, que nunca vio con buenos ojos la legalización, trató de calmar las aguas dentro de su partido y anunció que una misión de alto nivel viajaría a Estados Unidos para desbloquear la situación. Pero la iniciativa generó escepticismo, ya que dentro de Estados Unidos el asunto de la legalización de la marihuana está lejos de resolverse. Los Estados que autorizan la venta de cannabis se han topado también con las leyes federales y han tenido que recurrir al pago únicamente en efectivo, o han conseguido ayuda de pequeñas entidades bancarias. La posibilidad de que una delegación uruguaya consiga reunirse con la administración Trump para cambiar las leyes que no logran mover los legisladores de Colorado u Oregon parece remota.

Entonces: ¿estamos ante el fin de la venta de la marihuana en las farmacias?

Como siempre, la realidad transcurre a veces por su propio cauce. En medio de la tormenta, cinco de las seis farmacias montevideanas que venden marihuana lo siguen haciendo, aunque en algunos casos los propietarios han anunciado que podrían renunciar. Como en un cuento de Onetti, en los departamentos del Interior la crisis parece no existir y varias farmacias aseguraron a EL PAÍS que trabajan con normalidad.

De todos modos, el gobierno estudia soluciones que debieron estar encima de la mesa hace ya tres años, cuando se legalizó la marihuana. La ecuación no es fácil porque incluso si se decidiera que las ventas se realicen en efectivo (o con criptomonedas) los bancos pueden cerrar las cuentas de las farmacias por considerar que las transacciones son ilegales.

Nadie sabe cómo va a terminar este capítulo de la legalización que ha puesto a Uruguay frente a la realidad de la legislación internacional anti drogas.