Se odia a las empresas farmacéuticas por un motivo: su razón para existir es maximizar las ganancias, no hacernos recobrar nuestra salud. Y es hora de ponerlas bajo el control público.

Las compañías farmacéuticas se encuentran entre las empresas más despreciadas de EE UU. Conocidas por generar increíbles ganancias a costa de los enfermos y moribundos mientras aprovechan su enorme poder económico para evadir las regulaciones (por no hablar de su papel en la epidemia de opiáceos), a menudo se les considera como ejemplos de especuladoras de libro de texto. Ya hay muchos estadounidenses que dicen que no pueden comprar toda la receta [1], y que cortan las pastillas por la mitad u omiten dosis debido a los altos precios. En el sistema de atención médica más costoso del mundo, más del 10% de los gastos totales de asistencia médica [2] y el 21% de los beneficios de atención médica que paga el empleador [3] se atribuyen a los productos farmacéuticos. La investigación muestra que “el gasto en medicamentos está creciendo más rápido que cualquier otro gasto de salud” [4].

Durante el tan esperado discurso del viernes sobre los precios de los medicamentos, el presidente Trump culpó a los “países que se aprovechan de los EE UU al pagar menos por los medicamentos”, al lobby de las farmacéuticas y a los “intermediarios” por el alza de los precios, prometiendo una vez más que priorizará a los pacientes estadounidenses. Sin embargo, los expertos predicen que el plan, que se centra en la competencia privada y en la negociación tendrá poco efecto en la industria o en sus prácticas.

En muchos casos, los beneficios que obtienen las compañías farmacéuticas representan una forma de doble imposición, ya que la financiación pública respalda la investigación y el desarrollo farmacéutico (I + D). Por ejemplo, una investigación financiada con fondos públicos contribuyó al desarrollo de Crestor, medicamento para reducir el colesterol [5]. Sin embargo, los estadounidenses gastaron miles de millones más (ya sea de su bolsillo, a través del aumento de las primas de seguro o a través de Medicare o Medicaid) para acceder al medicamento a los precios del marcado estadounidense, mientras el gigante farmacéutico AstraZeneca, en tres años, obtuvo más de US$16.000 millones en ganancias solo con las ventas de Crestor [6].

Y eso no es todo. Pagamos por tercera vez cuando perdemos ingresos a través de exenciones fiscales y lagunas legales que permiten a las compañías farmacéuticas comercializar sus medicamentos sin impuestos [7] y operar vastas redes de subsidiarias en otros países para evitar pagar impuestos [8].

En este contexto, y con la creciente presión para mantener bajos los costos de atención médica a medida que la población envejece, ¿no es hora de considerar una opción pública para el sector farmacéutico?

Por qué necesitamos una opción pública
La industria farmacéutica a menudo defiende los precios exorbitantes y crecientes de los medicamentos, citando el alto costo de la I + D. Sin embargo, un estudio de 2017 [9] del Institute for New Economic Thinking reveló que a lo largo de una investigación que cubría diez años, las 18 principales compañías farmacéuticas de EE UU gastaron más en recompras de acciones y dividendos que en I&D. La publicidad, incluyendo la publicidad de medicamentos que requieren receta dirigida al público que está prohibida en todos los países de altos ingresos excepto en otro [10], también representa mayor gasto para las empresas farmacéuticas que su inversión en investigación [11]. (Nota de Salud y Fármacos: esta última frase la hemos corregido pues la versión original era incorrecta)

Y las compañías farmacéuticas gastan mucho en cabildeo en Washington —más que cualquier otra industria en 2017 [12] — ayuda para asegurar victorias como la de la legislación de la Parte D de Medicare de 2003 que prohibió al gobierno negociar precios de medicamentos para el programa, lo que se traduce en miles de millones de dólares en ganancias adicionales [13] para la industria.

Las investigaciones han demostrado que alrededor del 75% de los medicamentos nuevos [14] (aquellos que no son solo variaciones de los medicamentos existentes) se desarrollan con fondos de los Institutos Nacionales de la Salud. Otras agencias federales y estatales también apoyan la investigación crítica que conduce a desarrollos innovadores de medicamentos. Entre los ejemplos se incluyen la contribución del Departamento de Defensa [15] al desarrollo del medicamento para el cáncer de próstata Xtandi, la inversión del Instituto de Medicina Regenerativa de California en investigación de células madre, y las del Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer en Texas.

La investigación financiada por el gobierno también está dirigida a las etapas tempranas y más riesgosas del desarrollo de fármacos. Un estudio de 2011 [16], por ejemplo, mostró que casi dos tercios de los “medicamentos de revisión prioritaria” (nuevos medicamentos que se espera que tengan un impacto particularmente importante en el tratamiento de una enfermedad) aprobados por la FDA entre 1988 a 2005 habían recibido financiamiento gubernamental para la investigación básica. Más recientemente, un estudio de la Academia Nacional de Ciencias mostró que todos y cada uno de los 210 medicamentos aprobados por la FDA entre 2010 y 2016 se beneficiaron de la investigación básica financiada por los NIH [17].

La industria farmacéutica de EE UU también es altamente dependiente del gobierno de otras formas, a través de la protección de patentes, las restricciones a la importación de medicamentos más baratos y los límites en la reventa de medicamentos. Sin este apoyo tan grande, es difícil imaginar cómo las compañías farmacéuticas podrían obtener sistemáticamente sus ganancias récord [18].

Aquellos que promueven una economía neoliberal argumentan que si el gobierno simplemente se retirara por completo del mercado, surgiría un mercado competitivo que funcionaría perfectamente y las compañías con fines de lucro suministrarían medicamentos a un costo que los consumidores estarían dispuestos a pagar. Pero en la vida real, la asignación que depende del mercado no es tan clara y directa como las mentes de los economistas neoliberales. Es complicado, hay luchas, y en un sector tan crítico para los humanos como es el cuidado de la salud, tiene implicaciones de vida o muerte. Además de la amplia evidencia de fraude, manipulación del mercado, fijación de precios, carteles, consolidación y comportamiento anticompetitivo, la industria farmacéutica ya ofrece un excelente ejemplo de fracaso del mercado.

Si la industria lograra una asignación eficiente de los productos, uno no esperaría ver tantos medicamentos en la lista de escasez de medicamentos de la FDA que, en el momento de escribir este artículo, incluye 96 productos farmacéuticos, desde analgésicos hasta antibióticos, anestésicos y quimioterapia. [19].

En marzo de 2017 había más de 180 medicamentos que no estaban protegidos por patentes pero tampoco habia un genérico [20]. A menudo esto ocurre porque ninguna compañía solicita los derechos para producir uno, al considerar que los márgenes de ganancia son demasiado bajos. Como el Premio Nobel Joseph Stiglitz escribió en 2007: “Es una cuestión de simple economía: las empresas dirigen su investigación hacia dónde están los márgenes de ganancia, independientemente del valor relativo para la sociedad. Los pobres no pueden pagar los medicamentos, por lo que hay poca investigación sobre sus enfermedades “[21].

Un mercado Potemkin
Como industria de gran importancia estratégica y capital intensivo que no ha podido asignar productos de manera eficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad, la industria farmacéutica es un candidato claro para promover una opción pública. En pocas palabras, se puede deicr que los productos farmacéuticos son un mercado Potemkin (falso) que solo existe (o es rentable) debido al masivo apoyo público, y por una variedad o por razones morales y económicas, el desarrollo de medicamentos que salvan vidas o de medicamentos críticos (como mínimo) deberían sacarse “del mercado”.

Hay empresas farmacéuticas de propiedad pública en varios países incluyendo Suecia, Cuba, Sudáfrica y Brasil. Apoteket AB (una cadena farmacéutica y productora de medicamentos) de Suecia, por ejemplo, es una empresa pública muy exitosa que en 2015 tuvo ganancias de aproximadamente US$133,5 millones [22]. Toda la industria farmacéutica de Cuba es pública y es conocida por sus innovaciones, incluyendo la primera vacuna contra el cáncer del mundo [23], con la que actualmente se están haciendo ensayos clínicos en EE UU para su posterior comercialización en ese país[24]. Cuenta con más de 1.200 patentes internacionales, suministra la mayoría de los medicamentos necesarios para Cuba y los vende en más de 50 países, y generan anualmente ventas de hasta US$700 millones [25].

La propiedad pública es mucho más frecuente y ampliamente aceptada en EE UU de lo que la mayoría piensa. Las empresas de servicios públicos de agua y electricidad, puertos y aeropuertos, sistemas de transporte, tierra, redes de internet de banda ancha y acciones en miles de compañías a través de fondos públicos de pensiones y fondos soberanos están bajo control público.

Los productos farmacéuticos son una industria rentable, y una mejor medida de su éxito financiero iría más allá del balance de cuentas e incluiría los beneficios económicos y sociales directos e indirectos de facilicitar el acceso a precios más baratos a los medicamentos que salvan vidas, que mejoran la calidad de vida, o que nos prolongan la vida con menos hospitalizaciones de larga duración, proporcionan una fuerza laboral más saludable y productiva e incrementan la esperanza de vida. Teniendo en cuenta estos beneficios indirectos, las compañías farmacéuticas de propiedad pública incluso podrían funcionar sin pérdias o con ganancias.

Medicinas para el bien público
Como entidades públicas, estas compañías farmacéuticas estarían al servicio del bien público y podrían tener la misión de desarrollar medicamentos en respuesta a las necesidades, y no según las proyecciones de ganancias. Podrían estar intencionalmente vinculadas a la red existente de centros de investigación que reciben financiamiento público y cualquier beneficio que obtuvieran se podría canalizar hacía la I + D, o para compensar el costo de los medicamentos que son más caros de producir, o se podrían invertir en futuras intervenciones de salud pública y servicios sociales que se ha comprobado que mejoran la salud.

Se podrían centrar en las prioridades de salud pública, como las vacunas, los medicamentos que aparecen en la lista de escasez de medicamentos de la FDA y los tratamientos para enfermedades olvidadas. También podrían garantizar que los genéricos estuvieran disponibles cuando caducan las patentes. Las empresas públicas estatales o regionales podrían incluso producir medicamentos de bajo costo que respondan a las necesidades de salud de los residentes del área. Por ejemplo, las áreas con un aumento importante de ancianos podrían centrarse en la producción de medicamentos para ellos.

La idea de empresas farmacéuticas públicas sería, sin duda, atacada por los neoliberales, pero en realidad representa un enfoque intermedio entre, por un lado, una ausencia completa del sector público, y el enfoque capitalista de la doble tributación y subsidio a las ganancias de las empresas, por el otro. La opción pública probablemente sería popular, dado que para muchos estadounidenses la posibilidad de costos más bajos y mayor acceso probablemente sea más importante que el que las compañías que suministran los medicamentos sean privadas.

Es bien sabido que EE UU tiene, con mucho, uno de los sistemas de salud más caros del mundo y, sin embargo, sus indicadores de salud son relativamente peores que la de otros países de altos ingresos. Si bien durante los últimos años los responsables de la formulación de políticas en todos los niveles han comenzado a examinar nuestro modelo único (y algunos dirían irracional) de proveer y pagar la atención médica, el papel de la industria farmacéutica no es menos importante.

Dado que la industria confía, de diversas formas, en el apoyo público, es posible comenzar a pensar cómo se puede dirigir ese apoyo hacia enfoques y diseños alternativos que puedan ofrecer mejores resultados a largo plazo para los consumidores y la sociedad en general. Ha llegado el momento de tener una opción pública para los productos farmacéuticos.