Novedades sobre el covid

Fundación GEP presentó una nueva oposición a un pedido de patente que Gilead pretende obtener en Argentina sobre el remdesivir, la única droga que – hasta el momento – cuenta con autorización en algunos países del mundo para ser usada en el tratamiento del COVID-19. La eliminación de barreras de propiedad intelectual permite la producción local de medicamentos, genera disponibilidad y acceso a tecnologías médicas.

En este caso, la oposición presentada por Fundación GEP se encamina contra otra de las siete solicitudes de patente que Gilead presentó en Argentina para intentar obtener monopolios sobre remdesivir. Hasta el momento la fundación analizó todas las solicitudes de patentes. Como en la mayoría de los casos de presentaciones de Gilead, estas solicitudes no cumplen con los requisitos que establece el artículo 4 de la Ley de patentes de Argentina (24.481).

“Al realizar el análisis técnico de la solicitud presentada por Gilead ante el INPI argentino pudimos verificar la falta de novedad y actividad inventiva que pide la ley. La empresa estadounidense pretende reivindicar una forma cristalina de la droga, un polimorfo, que según las guías de patentabilidad vigentes no son patentables en Argentina. Esta solicitud debe ser rechazada por no cumplir con los requisitos legales”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Fundación GEP sigue la estrategia que la compañía estadounidense Gilead implementa en materia de patentes farmacéuticas para obtener monopolios en el mercado argentino de medicamentos. A través de pedidos de patentes, la empresa pretende monopolizar la producción y comercialización de tecnologías médicas, incluso actualmente, en un contexto de pandemia que impacta fuertemente la Salud y la economía global.

El remdesivir fue desarrollado originalmente para tratar el Ebola, pero no tuvo éxito. Tampoco logró ser aprobado para el tratamiento de otros coronavirus, hasta ahora. Ante la urgencia que presentó el COVID-19, Gilead ha logrado que esta droga sea aprobada para ese uso en varios países del mundo. Primero fue la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense, que le otorgó una aprobación para uso de emergencia en personas que cursan cuadros graves de este coronavirus (sólo cuando también necesitaban oxígeno), pero esta semana se amplió la recomendación para quienes presentan cuadros moderados.

Le siguió la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que también recomendó su comercialización, a finales de junio, para su uso en el tratamiento de adultos y adolescentes de más de 12 años con COVID-19 y que cursen neumonía. Y poco a poco, diferentes países del mundo lo han ido incorporando a sus recomendaciones de tratamiento. Es el caso de Australia, Bolivia, Japón, Paraguay y Singapur, entre otros.

Nacionalismos y acceso: ¿qué países pueden acceder a la medicación?
Pese a las aprobaciones para su uso, el acceso al remdesivir es limitado. Por un lado, Gilead impuso un precio abusivo a su medicamento, de 390 dólares por aplicación para Estados Unidos y los países desarrollados (aunque el precio para los seguros de salud privados podría ser aún superior, de 520 dólares por dosis), mientras que existen evidencias generadas por la Universidad de Liverpool que indican que el costo de producción de remdesivir no sería mayor a un dólar por día de tratamiento.

Por otro lado, la farmacéutica estableció un acuerdo de licencias voluntarias no exclusivas con cinco laboratorios, cuatro de India y uno de Paquistán para la producción de genéricos más baratos, que excluye a los países de ingresos medios, entre ellos a todos los de América del Sur, que hoy son de las poblaciones que más necesitan el medicamento.

Mientras tanto, los países en condiciones de pagar los precios elevados que impuso Gilead se apresuraron a abastecerse. A principios de julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos firmó un acuerdo con la empresa y adquirió 500.000 dosis de remdesivir. De ese modo, un solo país compró el 100% de la producción de la compañía farmacéutica de julio, el 90% de la producción de agosto y 90% de la producción de septiembre. “La administración Trump está haciendo todo lo que esté en su poder para aprender más sobre terapias contra COVID-19 que puedan salvar vidas y asegurar el acceso a estas opciones del pueblo estadounidense”, informaron desde el gobierno estadounidense.

Inmediatamente, la Unión Europea siguió el mismo ejemplo y firmó otro acuerdo comercial para garantizar dosis en sus 27 países, que se hará efectivo en octubre. Sin embargo, tras el segundo rebrote de COVID-19 en el continente europeo, el stock del medicamento comenzó a agotarse en España, lo que impulsó a la Comisión Europea a firmar un nuevo acuerdo para garantizar el acceso a remdesivir para 30 mil personas, durante este mes y hasta que la compra centralizada que se haga efectiva.

“El rechazo de las patentes que pretende Gilead sobre remdesivir en Argentina, permitirá que este medicamento sea producido localmente y garantizará su disponibilidad. Vemos también que la producción en nuestro país puede resultar en una fuente de acceso para otros países de la región que también lo necesiten”, continuó Di Giano. “Nuestro trabajo en oposiciones a las patentes busca generar competencia y reducir el precio de los medicamentos para contribuir al acceso universal. El rechazo de las solicitudes de patentes sobre remdesivir contribuirá a universalizar el acceso y garantizar la disponibilidad de tratamientos para COVID-19”, agregó José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP.

Desde sus orígenes, Fundación GEP trabaja para contribuir con el acceso universal a medicamentos con un énfasis en la eliminación de las barreras que generan las patentes farmacéuticas. El Programa de Acceso a Medicamentos cuenta con un Observatorio de Acceso a Tecnologías Médicas que permite generar las evidencias necesarias sobre las cuales basar las estrategias e intervenciones que implementamos sobre tratamientos de VIH, Hepatitis C, Tuberculosis y COVID-19.

Sin embargo, el aporte de la Fundación GEP intenta alcanzar un impacto más amplio y general sobre el sistema de patentes. Consideramos que el mismo debe ser reformado para la remoción de las tecnologías médicas del ADPIC, algo que necesita de decisiones; tanto de nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como a nivel de la legislación de los países. De manera urgente deben generarse condiciones que favorezcan a la Salud Pública en lugar de los intereses económicos especulativos de las empresas.