Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
En vísperas de una votación en el Tribunal Supremo Federal (STF), que ha sido impulsada por la pandemia de covid-19, publicaciones disfrazadas de periodismo hablaban de “amenazas a la economía”.
“EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA acude al Tribunal Supremo para invalidar más de 30.000 patentes y amenaza la recuperación económica”. El titular, impreso en la portada del diario Valor Econômico del 28 de marzo, no podía haber sido más claro. Los especialistas advertían, en una página completa, con textos, infografías y números en negrita, sobre los riesgos de una Acción Directa de Inconstitucionalidad, o ADI, para la economía y la innovación. Si el STF aprueba la ADI, reducirá el período de vigencia de algunas patentes en Brasil.
Un lector distraído podría no darse cuenta de que los anuncios no eran material periodístico, sino “editoriales publicitarias”, jerga que se utiliza para definir el contenido publicitario y disfrazarlo de material periodístico, presentándolo visualmente de forma similar.
Una semana después, en Folha de S.Paulo, otra alerta sobre la ADI, que estaba a punto de ser juzgada, en una página entera de la primera sección. “Los cambios a las patentes podrían perjudicar el acceso a los nuevos medicamentos en el país”, decía el titular, seguido también de texto, más infografías y números.
La semana siguiente a las publicaciones se programó la sentencia de Acción Directa de Inconstitucionalidad 5529, ADI 5529 / DF, que cuestiona la constitucionalidad del artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial, vigente desde 1997. Ese párrafo dice que el plazo de vigencia de una patente no puede ser menor a diez años. La ley estipula un período de 20 años para explotar la propiedad intelectual. Pero, como el párrafo hace que empiece a transcurrir este tiempo desde el momento en que se otorgó la patente, y comercializar el medicamento puede llevar años, en la práctica termina extendiendo el plazo más allá de los 20 años, haciendo que en Brasil los monopolios sean más largos de lo debido.
Esto afecta a docenas de medicamentos, incluyendo el tocilizumab, un antiinflamatorio que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de casos graves de covid-19. Creado por la empresa japonesa Chugai Pharmaceutical en asociación con la empresa suiza Roche, desde 2017 es de dominio público – es decir, lo puede producir cualquier empresa farmacéutica – en varios países. Sin embargo, en Brasil, está restringido hasta 2023.
Es por eso que la acción propuesta por la industria nacional de medicamentos genéricos entró en la agenda del STF. Las empresas farmacéuticas brasileñas argumentan que la eliminación del artículo 40 de la ley ayudaría a bajar el precio y facilitaría el acceso a los medicamentos. Las organizaciones de acceso a medicamentos defienden la misma tesis, también avalada por el Tribunal Federal de Cuentas (TFC). En una “estimación conservadora”, el TFC calcula que si el artículo no hubiera extendido el plazo de las patentes, el gobierno habría ahorrado más de R$900 millones entre 2010 y 2019.
En total, cerca de 2.000 medicamentos se verían afectados por el juicio. La bedaquilina, que se usa para tratar la tuberculosis es otro ejemplo. Johnson & Johnson cobra US$400 por seis meses de tratamiento (alrededor de 2.180 reales a precios actuales), pero los investigadores argumentan que el precio podría bajar a US$48 (alrededor de 216 reales) si se anula la patente.
Con la urgencia de la pandemia, el Fiscal General de la República, Augusto Aras solicitó la suspensión del artículo 40, y el juicio, que estaba previsto para el 26 de mayo, se adelantó inicialmente al 7 de abril.
Fue entonces cuando surgió la avalancha de anuncios alarmistas para intentar presionar a la opinión pública. Según los textos apoyados por la industria, la ADI, de aprobarse, “puede invalidar o declarar extintas alrededor del 47% de todas las patentes de invenciones que están vigentes en Brasil – casi 31.000, de empresas de diferentes sectores”. Los editores garantizan que “12.667 solicitudes de patente presentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual también están en riesgo”.
En Valor, solo un pequeño banner amarillo en la parte superior de la página indicaba que se trataba de una “portada promocional”, es la forma en que eligieron indicar que habían pagado por el contenido. Licks Attorneys, una firma de abogados que opera en las áreas de ciencia, tecnología, infraestructura y defensa y tiene oficinas en São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba y Tokio firmaba la editorial.
Según el cuadro sobre la publicidad de las organizaciones Globo, propietaria de Valor Econômico, un anuncio de doble página en ese periódico, con contenido personalizado, no cuesta menos de 300.000 reales. La editorial publicitaria también se replicó en la versión online de la publicación, donde una acción de branded content cuesta 351.000 reales. En otras palabras: en una estimación aproximada, el lobby farmacéutico gastó al menos 700.000 reales para convencer a los lectores de un solo diario.
En Folha de S.Paulo, una publicación similar llevaba el sello de Estúdo Folha, la rama del periódico responsable de la editoriales publicitarias. Firmado por Interfarma, la Asociación de la Industria Farmacéutica de Investigación que representa los intereses de decenas de empresas farmacéuticas extranjeras como Roche, Sanofi, Takeda y GSK, muestra que la acción que se estaba discutiendo en el STF puede impactar a más de 35.000 patentes, ocasionando un “impacto económico en varios sectores”. Un anuncio de página completa en la primera sección del periódico cuesta alrededor de 400.000 reales. El precio de los anuncios en EstúdoFolha no es público. Los valores aproximados fueron confirmados por un profesional que trabaja en la zona.
Foto: Arquivo Pessoal
En Estadão, el mismo tipo de contenido: “La decisión del STF sobre la nulidad de más de 31.000 patentes de invención amenaza la recuperación económica”, decía el titular, firmado por los mismos Abogados Licks. El día anterior, el bufete de abogados había realizado, junto con el periódico, un seminario web para discutir lo que denominó “ataques a la ley de patentes”. El debate incluyó a Otto Licks, socio de la firma, al economista Samy Dana (la misma persona que tergiversó un estudio para defender su tesis contra el aislamiento social), otro abogado especialista en propiedad intelectual y un gerente de innovación de Petrobras. No hubo representantes de la oposición, lo que, por supuesto, es de esperar cuando el contenido es unilateral. Al día siguiente, dos días antes del juicio, otra editorial publicitaria sobre el “debate” llenó las páginas del periódico.
Las multinacionales farmacéuticas, más interesadas en mantener el artículo 40, no aparecieron en los anuncios disfrazados de periodismo. Pero entre los principales clientes de Licks Attorneys figuran, entre otros: Sanofi-Aventis Pharmaceuticals, Merck Sharp & Dohme y Gilead, el fabricante de remdesivir, un fármaco aprobado por Anvisa para el tratamiento del covid-19. Cuando representó a Gilead, la oficina fue responsable de la acción que garantizó a la farmacéutica, por ejemplo, el mantenimiento de las patentes de sofosbuvir, un fármaco que en Brasil se utiliza para tratar la hepatitis C. La orden judicial prohibió que 15.000 pacientes accedieran a los genéricos del medicamento.
Quién tiene ‘espacio reducido’ en el periódico
Ocupar espacio en los periódicos no es una estrategia nueva. En la década de 1990s, durante la discusión de la Ley de Propiedad Industrial, los cabilderos utilizaron a los medios de comunicación para alinearlos con los intereses de la industria multinacional, que defendía extender los términos de los monopolios de medicamentos. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por las siglas en inglés ADPIC, determinó que el plazo de las patentes debe ser de 20 años, y la ley brasileña impuso patentes en varias áreas, incluyendo la salud, que en ese momento se regía por sus propias reglas.
En ese momento, el Foro por la Libertad de Uso del Conocimiento, que promovía una ley más flexible, se quejó de que no tenía espacio en los medios de comunicación. El debate se polarizó entre la defensa de la industria nacional y el alineamiento con la legislación internacional, que protegía más a las empresas extranjeras que tenían monopolios.
Según la investigadora Renata Reis, de la UFRJ, quien para su doctorado analizó el cabildeo alrededor de la Ley de Propiedad Industrial, la mitad de los artículos en Folha de S.Paulo estaban firmados por industrias o asociaciones empresariales. Solo el 7% procedía de institutos de investigación. En Estadão, el 71% de los artículos publicados sobre el tema estaban a favor de la aprobación de la ley. “La SBPC [Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia], las asociaciones de empresarios nacionales del sector químico-farmacéutico y los grupos de interés público que se oponían claramente al proyecto de ley tenían un espacio limitado en el periódico”, dice la tesis.
Ahora el escenario parece repetirse. Aunque Folha informó de las divergencias entre las empresas farmacéuticas, Valor publicó – esta vez, no como publicidad – que la disputa en el STF “tiene en juego” a 31.000 patentes. El experto entrevistado en el artículo es Otto Licks, socio del bufete de abogados que la semana anterior había comprado la portada del periódico.
La decisión del STF estaba programada para el 7 de abril, pero fue suspendida debido a la sentencia sobre la sospecha de Sergio Moro en el caso de Lula. El ministro Dias Toffoli, sin embargo, anticipó su voto y decidió suspender el artículo 40 de la ley de patentes, para las patentes registradas a partir de 2021. El caso, sin embargo, aún debe ser juzgado por los demás ministros, y está programado para el 22. Con la reprogramación, comenzó una nueva arremetida en la prensa.
El día 20, los mismos Abogados Licks promovieron un webinar con el tema “Ataques a la ley de patentes”. En lo que sería el día del juicio, Estadão publicó otra editorial firmada por el bufete de abogados. El título fue dramático: “Día decisivo para el futuro de la innovación”. El precio de una página completa en la sección Economía y Negocios, donde se publicó el anuncio, supera los 400.000 reales. Como el anuncio se hizo como branded content, podría tener un costo adicional de 200.000 reales. Un día antes de la nueva fecha del juicio, reprogramada para el 28 de abril, el Estadão también publicó en la Coluna do Fausto un artículo de Otto Licks titulado “No hay extensión de patentes en Brasil”.
Este miércoles, si se mantiene la continuación del juicio, los demás ministros decidirán si suspenden el artículo y si esta suspensión tiene vigencia retroactiva. Dos días después, el ministro Luiz Fux ya tiene una cita en la agenda. Impartirá la conferencia inaugural en un seminario promovido por el Instituto Dannemann Siemsen, vinculado a la oficina del mismo nombre. Y no será la primera vez: ya participó en un evento en el mismo instituto el año pasado, cuando era ponente de la ADI 5529 / DF. La firma, que se presenta como “líder en propiedad intelectual en América Latina”, tiene como clientes a algunos interesados directamente en la sentencia del STF, entre ellos, Interfarma.