Para varios senadores estadounidenses, parecía un desperdicio, incluso un escándalo. Cada año, los contribuyentes pagan por lo menos US$750 millones en costosos productos farmacéuticos que simplemente se desechan. Las empresas envían muchos de los medicamentos en viales tamaño “Costco”, dijo un legislador, que una vez abiertos, por lo general, no se pueden volver a sellar ni guardar para otros pacientes. Sin embargo, a la industria farmacéutica se le paga por cada gota.

Por lo tanto, el Congreso recurrió a las prestigiosas Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) en busca de asesoramiento, dada su reputación por producir “informes independientes y objetivos” sobre estos temas. El influyente informe de las academias nacionales, publicado en febrero, sorprendió a los médicos que han rastreado el problema por ser claramente amigable con las grandes farmacéuticas (Big Pharma). Desaconsejó que se implementara una estrategia para recuperar millones por los medicamentos desechados. Concluyó que Medicare debería dejar de rastrear el costo del desperdicio de medicamentos.

Sin embargo, el informe omitió algunos hechos clave, según descubrió una investigación de Kaiser Health News.

Entre ellos: a un miembro del comité se le pagó US$1,4 millones para unirse a la junta de una corporación farmacéutica en 2019 y en 2020 se sumó a la junta de una compañía de biotecnología que se refiere a los esfuerzos de “contención de costos” del gobierno como un riesgo para sus resultados financieros.

Otro miembro del comité informó ingresos por consultoría de 11 a 13 compañías farmacéuticas, incluyendo ocho que según los registros de Medicare han ganado millones a través de las facturas de medicamentos que se desperdician. Sus vínculos con la industria farmacéutica se revelaron en publicaciones que no estaban relacionadas con el tema, entre 2019 y este año.

Los miembros del comité dijeron que informaron a las academias nacionales sobre las relaciones relevantes que mantienen y que la información está disponible fuera del informe.

Es más: durante años, la propia Academia Nacional de Ciencias ha estado recolectando generosos obsequios de fundaciones, universidades y corporaciones, incluyendo según muestran sus informes de tesorería al menos US$10 millones de los principales fabricantes de medicamentos desde 2015. Entre los donantes hay empresas que pueden ganar o perder millones según los hallazgos del comité de desperdicio de medicamentos.

El hecho de que una organización creada en 1863 para asesorar a la nación no revele esas relaciones en el informe final refleja fracasos “atroces”, dijo Sheldon Krimsky, profesor de la Universidad de Tufts y experto en conflictos de interés en la ciencia.

“La cantidad de dinero que está informando es realmente sustancial”, dijo. “Realmente plantea interrogantes sobre la independencia” de las academias nacionales.

En una declaración enviada por correo electrónico a KHN, las academias nacionales dijeron que los dos miembros que no revelaron pertenecer a juntas directivas o haber hecho consultorías “no tenían ningún conflicto de interés durante el tiempo que se llevó a cabo el estudio [de desperdicio de medicamentos]” entre enero y febrero de 2020. El informe reveló conflictos para otros dos miembros de la junta de 14 miembros. El informe en cuestión fue financiado por funcionarios federales y “los fondos de organizaciones con fines de lucro, que tienen un interés financiero directo en el resultado de un estudio no se pueden utilizar para financiar estudios de asesoría consensuada, excepto en raras circunstancias”, dijo la portavoz de las academias nacionales, Dana. Korsen en la declaración enviada por correo electrónico.

También dijo que la organización está implementando una nueva política de conflicto de intereses que estará completamente implementada este otoño.

“Proteger la integridad, independencia y objetividad de nuestro proceso de estudio es de suma importancia para las Academias Nacionales”, dijo su declaración.

El hecho de que el comité no pidiera cambios concretos, y los millones en obsequios de las compañías farmacéuticas a las academias nacionales, resultó familiar para David Mitchell, presidente de Pacientes por Medicamentos Asequibles (Patients for Affordable Drugs) y paciente con cáncer que depende para su supervivencia de un medicamento con grandes costos por desperdicio.

“Hemos descubierto en nuestro trabajo que la industria farmacéutica es como un pulpo”, dijo, “y al final de cada tentáculo hay un fajo de billetes”.

En 2016, los responsables de la formulación de políticas se quedaron conmocionados por los desechos
El Dr. Peter Bach y sus colegas, en 2016, publicaron un artículo explosivo que estimaba por primera vez que los contribuyentes y los que pagan las primas del seguro médico estaban pagando US$2.800 millones al año por medicamentos que se desperdician. Los hallazgos abarcaron toda la atención médica de EE UU, no solo lo que informan los consultorios médicos a Medicare, y se cubrieron ampliamente en las noticias.

Bach, investigador del Centro de Políticas de Salud y Resultados (Center for Health Policy and Outcomes) del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, descubrió que los medicamentos que se administran a través de infusiones en los consultorios médicos a menudo llegaban en frascos de tamaño adecuado para una persona muy grande, pero podían administrarse a una persona raquítica. Dadas las condiciones de esterilidad y otras preocupaciones, los miligramos sobrantes, a menudo para terapias oncológicas que pueden costar miles de dólares por dosis, generalmente se descartan.

El Congreso y los legisladores se dieron cuenta.

En 2017, los senadores Amy Klobuchar (D-Minn.) y Chuck Grassley (R-Iowa) presentaron un proyecto de ley instando a las agencias de atención médica a desarrollar un “plan de acción conjunta” para abordar el desecho de medicamentos. Los senadores Dick Durbin (D-Ill.) y Rob Portman (R-Ohio) introdujeron una medida aún más fuerte en 2019, y de nuevo este año que permitiría a Medicare recuperar el costo de los medicamentos desperdiciados. Ninguno de los proyectos de ley ha sido aprobado.

El mandato de reembolso se incluyó en una medida más amplia de fijación de precios de medicamentos que también fracasó, pero no antes de que la Oficina de Presupuesto del Congreso la examinara de cerca en 2020, y estimara que se podrían ahorrar US$9.000 millones durante una década.

Los funcionarios de Medicare también instaron a los médicos a usar un código de facturación para documentar la cantidad que los contribuyentes gastaban anualmente en medicamentos desperdiciados, que ascendió a US$753 millones solo en 2019, según muestran los datos de Medicare.

Antes y mientras el artículo de Bach generaba discusión, los médicos que eventualmente estarían en el comité de las academias nacionales estaban forjando alianzas con la industria farmacéutica.

La Dra. Kavita Patel informó que en 2015 de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, o PhRMA, le había pagado entre US$5.001 y US$15.000 por dar una conferencia. También acumuló activos valorados en más de US$50.000 por su papel como miembro de la junta de una empresa farmacéutica, según las divulgaciones de 2015 y 2018 presentadas ante la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

La Dra. Kavita Patel apareció en MSNBC para discutir la vacuna Pfizer-BioNTech en diciembre de 2020. (https://www.youtube.com/watch?v=-WchIRwSJ5I)

El Dr. Anupam Jena, que también formó parte del comité, escribió un artículo con miembros de PhRMA en 2018 argumentando que los medicamentos no deben valorarse por su beneficio real, sino por el potencial de innovación que conlleva la creación de nuevas terapias.

El beso de muerte’
En 2016, los legisladores pidieron un estudio independiente sobre el desperdicio en medicamentos. En septiembre de 2019, la Academia Nacional de Ciencias recibió US$1,2 millones para completar el informe.

Al inicio de su estudio, en enero de 2020, los miembros del comité de las academias nacionales declararon sus posibles conflictos de interés en una sesión a puerta cerrada, según la agenda de la reunión.

Bach estaba entre los médicos y otros expertos que luego presentaron frente al comité de las academias nacionales. Dijo que su equipo había considerado dos posibles soluciones desde el principio: hacer que las empresas fabriquen una variedad de tamaños de viales para minimizar el desperdicio o solicitar reembolsos.

El ex administrador de Medicare, Donald Berwick, se presentó frente al comité en una reunión virtual en junio de 2020, exhortando a sus miembros a desafiar la expectativa de convertirse en un comité más que no logró hacer nada significativo por los costos de la salud.

“Alguien tiene que empezar a poner un estándar y decir: ‘No, este dinero es demasiado importante para… que aceptemos esto'”, dijo Berwick al comité.

Las recomendaciones del informe fueron “el resultado de una extensa investigación, discusiones largas en el comité y un consenso unánime”, dijo el presidente del comité, el Dr. Edward Shortliffe, presidente emérito y profesor adjunto en el Departamento de Informática Biomédica de la Universidad de Columbia.

Sin embargo, el informe no cumplió con el llamado a la acción de Berwick. En un seminario web que resume los hallazgos del informe, Jena dijo que los medicamentos eran lo suficientemente valiosos como para justificar el costo total de cada vial, tanto si se usaba por completo como si no. Patel y otros resumieron los hallazgos en un artículo de opinión publicado en STAT, diciendo que el comité argumentó en contra de rastrear el dinero desperdiciado y en su lugar abogó por una estrategia que involucrara a todas las agencias y estamentos gubernamentales involucrados.

Bach dijo que las conclusiones eran “mejores de lo que la industria farmacéutica podría haber esperado” y calificó la idea de involucrar a las diferentes partes del gobierno como el “beso de la muerte”.

Berwick dijo que estaba “decepcionado” por las conclusiones y que se deberían haber informado las relaciones de todos los miembros del comité con la industria. Señaló que, en su experiencia, los miembros del comité han sido muy abiertos en declarar los conflictos y las academias nacionales despidieron a quienes los tenían.

Cuando le presentaron los hallazgos de KHN sobre los ingresos que ciertos miembros del comité recibieron de las compañías farmacéuticas y las relaciones de consultoría, que revelaron, Bach dijo que plantean serias preocupaciones.

“Los conflictos se alinean demasiado estrechamente con los resultados”, dijo. “Por eso es difícil ignorarlos”.

Los conflictos actuales no cuentan la historia completa
Los conflictos de interés se convirtieron en un tema candente hace más de una década, en medio de una serie de escándalos sobre el respaldo silencioso de las grandes farmacéuticas a médicos influyentes.

Siguieron reformas, y hubo innumerables revistas médicas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales que fortalecieron sus políticas de conflicto de interés.

Las academias nacionales fueron objeto de escrutinio en 2014 y 2016 por no revelar los conflictos entre los miembros del comité que asesoraba a los funcionarios federales sobre el uso de opioides y en 2017 sobre los cultivos modificados genéticamente.

Su página web sobre conflictos subraya por qué es importante tener reglas estrictas de divulgación: “La institución no debe estar en una situación que otros puedan cuestionar razonablemente, y tal vez descartar o minusvalorar, el trabajo del comité simplemente por la existencia de intereses en conflicto”.

Sin embargo, los expertos en conflictos de interés entrevistados por KHN dijeron que las academias nacionales se destacan por considerar solo los conflictos “actuales” y no los que se remontan a tres años atrás, como es más típico. Korsen dijo que la Academia Nacional de Ciencias está considerando exigir cinco años de divulgaciones.

Varios expertos dijeron que, dada la confianza depositada en las academias nacionales y los US$200 millones en fondos federales que se les otorgan, deberían haber revelado una serie de conflictos en el informe.

Entre ellos se incluyen los de Patel, quien se describe en la biografía de su informe como becaria de la Brookings Institution, médico de atención primaria en Washington, D.C. y exasesor de políticas de la administración Obama.

Las academias nacionales se negaron a proporcionar el formulario de conflicto de interés que Patel o cualquier otro miembro llenó al empezar a trabajar en el comité, a principios de 2020.

Los registros no relacionados de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) muestran que, antes de unirse al comité en 2020, Patel era miembro de la junta directiva de Tesaro, empresa que desarrolla de medicamentos oncológicos, que resultó ser muy lucrativo cuando GlaxoSmithKline compró la empresa. En el momento de la venta en 2019, Patel estaba a punto de recibir un estimado de US$1,4 millones por sus acciones y opciones sobre acciones, según los datos presentados por Tesaro a la Comisión de Bolsa y Valores en diciembre de 2018.

También en 2020, Patel fue nombrada miembro del consejo directivo de Sigilon Therapeutics, una empresa de biotecnología que no ha comercializado ningún producto. La compañía le otorgó opciones sobre acciones por un valor estimado de US$369.000, según muestra un archivo de la SEC.

Sigilon, en un informe anual para los inversores, describió los esfuerzos estatales y federales para controlar los costos como un riesgo para su negocio: “Cualquier medida de contención de costos podría disminuir significativamente… el precio que podríamos establecer para nuestros productos”.

La falta de divulgación de esos roles por parte de las academias nacionales “para mí es una violación de casi todos los estándares que conozco para divulgar conflictos de interés”, dijo Krimsky, de Tufts.

Patel dijo a KHN que participó en el proceso de divulgación de conflictos de “forma completa y transparente” y “proporcionó toda la información solicitada”. Y añadió: “Además, muchas de las relaciones financieras en las que incurrí durante mi trabajo ya habían sido reveladas en el registro público”.

Patel fue la autora principal de un artículo de opinión publicado el 25 de febrero en STAT que resume el informe del comité como centrado en la necesidad de reducir las ineficiencias, “en lugar de tratar de recuperar de las compañías farmacéuticas el valor financiero de la parte del medicamento que no se usó”.

Patel dijo que “fui objetiva en todas mis contribuciones” al informe de las academias nacionales.

Las academias nacionales, como organización, informaron en el informe del tesorero de 2016 que, si bien en 2011 el 84% de su financiamiento provenía de agencias federales, esa cantidad estaba fallando. Así que estaba trabajando para “hacer crecer el trabajo no patrocinado por el gobierno federal”.

“Será muy importante para el futuro de la institución continuar esforzándose vigorosamente para diversificar sus fuentes de ingresos”, dice el informe del tesorero.

Una revisión de KHN de los informes del tesorero de 2015 a 2020 muestra que las compañías farmacéuticas han estado donando de forma constante a las academias nacionales. Los fabricantes de medicamentos donaron al menos US$10 millones durante esos años. Sus donaciones se informan en rangos, a menudo de US$100.000 a US$500.000, y ese total asume que dieron la cantidad más baja en cada rango cada año.

Un informe del tesorero de 2018 reconoció a Merck & Co. por haber donado más de US$5 millones, como suma de todas las donaciones acumuladas, y a otras 10 farmacéuticas por donar más de US$1 millón.

Ninguna de esas donaciones se incluyó en el informe sobre el desperdicio de medicamentos. Pero enumerarlas tranquilizaría a los lectores, dijo Genevieve Kanter, profesora asistente de ética médica y políticas de salud en la Universidad de Pensilvania.

“Si las academias nacionales están interesadas en producir un informe independiente y creíble”, dijo, “creo que deberían reportar todas esas donaciones en el informe mismo”.

Jena, profesora asociada de la Escuela de Medicina de Harvard, médica del Hospital General de Massachusetts y economista, tampoco reveló conflictos en el informe.

Jena ha reconocido haber recibido honorarios de consultoría de una docena de importantes compañías farmacéuticas, según se puede leer en sus artículos en el Journal of the American Medical Association y the BMJ. La mayoría de esas empresas tienen un interés financiero directo en el asunto del desperdicio de medicamentos, según muestra una revisión de KHN sobre los datos de Medicare. Dijo que reveló todas sus relaciones de consultoría a las academias nacionales.

Después de que saliera el informe, lideró un artículo en Health Affairs que dice que Medicare debería dejar de contabilizar el dinero desperdiciado.

“Es poco probable que el intento de las entidades públicas que pagan de recuperar los pagos excesivos tenga éxito, ya que es posible que simplemente terminen pagando precios más altos” si los fabricantes de medicamentos aumentan el precio de los medicamentos.

Ese artículo inicialmente omitió sus relaciones de consultoría con numerosas compañías farmacéuticas, pero los editores de la revista actualizaron las divulgaciones después de que KHN preguntara.

Jay Hancock y Megan Kalata contribuyeron a este informe.