Acceso y Precios

El Coordinador de Salud del IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) revela los obstáculos que hay que superar: la regulación ficticia de los precios, que favorece a las corporaciones farmacéuticas. Y, sobre todo, el espantoso declive de la industria farmacéutica brasileña.

¿Es posible soñar con medicamentos a precios justos, en un Brasil devastado por el desmantelamiento de los servicios públicos y el empobrecimiento generalizado de la población? Así lo cree Ana Carolina Navarrete, coordinadora de Salud del IDEC – Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Y este es, de hecho, el objetivo de la campaña de la organización (https://idec.org.br/remedio-a-preco-justo), participante activa en el Frente por la Vida, lanzó en 2020, y que cada vez es más actual y necesaria. Al abordar un tema de enorme repercusión en la vida de la mayoría, el movimiento puede ampliar la lucha para que el periodo post-Bolsonaro sea también un periodo de reconstrucción del país sobre nuevas bases.

Para conseguir que los medicamentos tengan un precio justo, la IDEC persigue dos objetivos principales. El primero puede lograrse con cierta rapidez, ya que sólo depende de un cambio en la ley que regula el precio de los medicamentos. En la entrevista que concedió a Outra Saúde, que se publica a continuación, Carolina explica: la campaña es una respuesta a un acto de demagogia primitiva del gobierno. En marzo de 2020, el Palacio de Planalto emitió la Medida Provisional 933/20 (https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141347), que suspendió el reajuste anual de los precios de los medicamentos durante 60 días debido a la pandemia. Desde el principio fue una charla vacía.

Esto se debe a que la regulación de los precios de los medicamentos en Brasil es ficticia, como explicó la coordinadora del IDEC. Controla un precio máximo, que es mucho más alto que el precio al que generalmente se pagan. Cuando este valor de referencia se “congela”, el reflejo en lo que la población paga en la farmacia es mínimo. “Por ejemplo, un medicamento cuyo precio es 100, con un ajuste anual del 10% se convierte en 110. Pero en la farmacia el precio es 30, porque ese es el valor real del mercado. Esto da un margen muy grande a la empresa para reajustar el precio según las posibilidades del momento. Puede aumentar mucho más del 10%”, explica Carolina.

Para hacer frente a este primer problema, existe una salida legal. Al mismo tiempo que se emitió la medida provisional, el senador Fabio Contarato presentó, con el apoyo de los movimientos de Salud Pública, el PL 5591/20 (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/146083), que todavía no se ha sometido a votación. El proyecto establece nuevas bases para regular el precio de los medicamentos.

“El sector nunca comparte la información sobre los costes con el regulador. El proyecto de ley pretende obligar a informar cuánto se ha gastado en investigación y desarrollo. En este sentido, propone asociaciones entre la CMED (Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos) y organismos como PROCON, que ya realizan actividades en esa dirección. Estas asociaciones pueden ayudar a establecer la lista de precios máximos. El proyecto de ley también propone cambiar la base de comparación a partir de la cual se fijan los precios. Hoy se refiere a una cesta de nueve países, la mayoría de ellos en Europa, que tienen una realidad muy diferente a la brasileña.

Pero si el cambio en la ley logra evitar la manipulación de la industria, no puede hacer nada contra un problema fundamental: la devastación de la industria farmacéutica brasileña, que hoy importa el 90% de los Principios Activos Farmacéuticos (API) – especialmente de China e India. En los dos últimos años, cuando estos países restringieron sus exportaciones debido a la pandemia, el país quedó en la estancada. Esta es la causa de problemas muy graves, como la falta de medicamentos esenciales en farmacias y hospitales.

Carolina, que es abogada, sabe que no basta con intentar regular un sector económico poderoso, que ni siquiera está obligado a suministrar sus productos a Brasil. Por eso vincula el programa de precios justos a la reanudación del Complejo Económico Industrial de la Salud. Explica: “La solución pasa por medidas a medio y largo plazo. Llevamos muchos años discutiendo el tema, en el ámbito del Complejo Económico-Industrial de la Salud. El acceso a los medicamentos, ya sea por parte de la red pública o privada, sólo se producirá si se integran las políticas de producción con las de regulación y distribución de la asistencia farmacéutica.

Se trata de reactivar las plantas industriales y la experiencia nacional para producir APIs. Revertir el desmantelamiento de Temer y Bolsonaro, simbolizado en la casi extinción del programa de Farmacia Popular, será una condición indispensable para garantizar el acceso a los productos farmacéuticos de gran consumo por parte de la población.

Un caso elocuente es el de Zolgensma, que trata la atrofia muscular espinal (AME) y se hizo famoso a través de los medios de comunicación. La coordinadora de la IDEC afirma: “Hubo dificultades para establecer un precio razonable. El medicamento entró en Brasil con un precio máximo de 2,8 millones de reales, el más caro de la historia del país. Pero la empresa apeló, basándose en la referencia internacional, ya que había entrado en los EE.UU. con un precio de 12 millones de reales, y también alegó que dado el precio máximo establecido no tenía interés en entrar en el mercado brasileño. El CMED negoció y llegó a un acuerdo por 6 millones de reales.

Tal y como explica en la siguiente entrevista, la escasez y la falta de control de los precios de los medicamentos tendrán un impacto negativo en el mercado brasileño. Las farmacias seguirán aprovechándose del enorme margen de maniobra que ofrece la estructura actual y ofrecerán descuentos ficticios a sus clientes.

Puede leer (en portugués) la entrevista completa en el enlace que aparece en el encabezado