Durante los últimos diez años, el epidemiólogo y científico social Gonzalo Basile ha investigado la desigualdad en el acceso al sistema de salud en América Latina y el Caribe. En esta entrevista, el especialista argentino analiza los aciertos y desaciertos en las respuestas de la región a la covid-19, además de la participación de la industria farmacéutica y las empresas privadas en las decisiones de salud pública. Ojo Público lo entrevistó, la entrevista completa está disponible en el enlace que aparece en el encabezado, abajo reproducimos la información sobre los comités de expertos que gestionaron la pandemia.

En 2021, participó de una investigación sobre la creación de comités de expertos como parte de la respuesta de los Estados latinoamericanos y caribeños a la pandemia, ¿cuáles fueron los principales hallazgos sobre estos grupos?
Lo interesante de esta crisis de la covid-19 es cómo aparece un lenguaje, una gramática y una acción sanitaria muy vinculada a esta especie de gobierno de los expertos. Nosotros [los investigadores de Clacso] revisamos 15 comités de expertos de crisis de Sars-cov-2* y encontramos dos cuestiones particulares. La primera es que en la mayoría de estos comités de la región latinoamericana y del Caribe encontramos una sobreabundancia de representación de especialistas clínicos asistenciales: virólogos, infectólogos o neumólogos. Todas estas especialidades clínicas podían tener importancia para el diagnóstico y tratamiento clínico hospitalario asistencial, pero estaban en las decisiones de salud pública y de epidemiología colectiva.

Lo segundo es que, cuando uno empezaba a rastrear qué vinculaciones tenían estos especialistas clínicos biomédicos, hallamos que casi el 50% de ellos tenían relaciones orgánicas con el complejo médico industrial farmacéutico. Es decir, en su servicio de salud o en sus estudios epidemiológicos clínicos habían estado financiados por estudios farmacéuticos de multinacionales de todo tipo, por el sector privado, o por financieras del campo de la salud. Y esos expertos, algunos [de ellos] incluso estuvieron en la propia dirección de los comités de crisis, estaban tomando decisiones sobre la salud colectiva y la salud pública, y gobernando los bienes públicos, colectivos y comunes de los sistemas de salud.

Ese vínculo entre los grupos de expertos con la industria farmacéutica, ¿de qué manera afecta las decisiones de salud pública en un contexto de emergencia como el que vivimos?
Es absolutamente válido que uno tenga una especialidad clínica y trabaje para la industria farmacéutica, para hacer estudios clínicos de la industria, o estudios en sus propios servicios de salud. Ahora, el problema es que ese personaje después esté tomando decisiones colectivas, comunes y públicas. Estos expertos, junto con organismos internacionales, no solamente construyeron un lenguaje de la epidemia con intervenciones experimentales, sino que, sobre todo, representaron intereses económicos, ideológicos y prácticos de la biomedicina privada que ellos mismos representaban en su forma de hacer medicina y de hacer salud pública, y eso quedó invisibilizado en el gobierno de estos comités de crisis o comités de expertos.

En sus artículos detalla que esa dinámica, además de al interior de los países, se dio en la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué manera la participación de la industria farmacéutica se refleja en las reuniones de los comités de expertos de esta entidad?
Cuando uno va a mirar el programa de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra con que está financiado en un 60% por la industria farmacéutica. El propio Germán Velásquez, un salubrista colombiano que integraba el programa de medicamentos salió a denunciar, después de la crisis de la epidemia de la influenza H1N1 de 2009, cómo la industria farmacéutica colonizaba los comités de expertos de una pandemia como fue el H1N1.

Al colonizar quiere decir que, al financiar esos comités de expertos, la industria farmacéutica garantizaba que sus intereses estuvieran en la propia dinámica de la toma de decisiones. Entonces, Germán Velázquez muestra cómo Gilead Sciences, el laboratorio que tenía la patente del tamiflu, un medicamento que se recomendó en ese momento para el tratamiento del AH1N1, tenía especialistas en el propio Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud.