En diciembre de 2021, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de EE UU publicó el informe final de su investigación de tres años sobre las prácticas comerciales y de fijación de precios de la industria farmacéutica [1]. La investigación, iniciada en enero de 2019, se centró en 10 empresas farmacéuticas que comercializan 12 productos de marca que se encuentran entre los más costosos para el programa de Medicare.

Como era de esperar, el informe de la Cámara documentó una amplia gama de prácticas comerciales atroces que han ocasionado que Big Pharma aumentara los precios para los consumidores estadounidenses y para el programa de Medicare.

En primer lugar, las empresas farmacéuticas han subido repetidamente los precios de los medicamentos existentes para cumplir sus objetivos de ingresos. Consecuentemente, entre los 12 medicamentos analizados durante la investigación de la Comisión, los precios han aumentado en una media de casi el 500% comparado con los precios que tenían al salir al mercado por primera vez. En un caso, el precio ha aumentado más del 100.000% desde su lanzamiento inicial.

En segundo lugar, las 10 empresas investigadas por el Comité han utilizado prácticas de remuneración a los altos ejecutivos que vinculan directamente el pago de incentivos a los ingresos de la empresa y a otros objetivos financieros, incluyendo los objetivos de ingresos específicos para cada medicamento en muchos casos. De este modo, los ejecutivos senior de las empresas obtienen enormes recompensas financieras cuando aumentan los precios de sus medicamentos. Sobre la base de estos incentivos, las empresas repartieron más de US$2.200 millones a sus altos ejecutivos entre 2016 y 2020. En tercer lugar, las empresas farmacéuticas utilizan las patentes y otras protecciones de monopolio que concede la FDA para bloquear la competencia de las empresas de genéricos y mantener los precios altos. Para los 12 medicamentos analizados por el Comité, las 10 empresas obtuvieron colectivamente más de 600 patentes, ampliando potencialmente sus períodos de protección de monopolio en un total combinado de casi 300 años.

Por último, las 10 empresas investigadas por el Comité utilizaron una o más estrategias para reprimir la competencia de los medicamentos genéricos y mantener precios exorbitantes. Ejemplos de estas prácticas son animar a los médicos a que cambien a los pacientes a nuevos productos o formulaciones de un medicamento justo antes de que entren al mercado las versiones genéricas de las formulaciones más antiguas y conseguir contratos con las aseguradoras de salud y los gestores de beneficios de farmacia que ofrecen reembolsos y descuentos siempre que excluyan de su cobertura a los productos de la competencia.

El informe de la Cámara de Representantes concluye acertadamente que “las prácticas de fijación de precios que describe la investigación del Comité son insostenibles, injustificadas e injustas para los pacientes y los contribuyentes. Además de poner a prueba el sistema de salud [estadounidense], las forma en que las empresas farmacéuticas establecen los precios han dejado a millones de estadounidenses sin poder acceder a medicamentos que salvan vidas.”

La mayoría de los pacientes de EE UU están justificadamente indignados por la ilimitada codicia de las grandes farmacéuticas y quieren que el Congreso apruebe legislación que prohíba las prácticas comerciales anticompetitivas documentadas en el informe de la Cámara. Ni los consumidores ni el gobierno de EE UU pueden permitirse que las grandes farmacéuticas sigan actuando como hasta ahora.