La farmacéutica da una de las respuestas más esperpénticas que hemos visto en un procedimiento administrativo para mantener el coste real de un fármaco fuera del conocimiento público.

No nos lo podíamos creer. Estábamos a mitad del mes de julio, en plena ola de calor en Madrid, cuando recibimos una notificación típica para quienes solicitamos o reclamamos información pública a las administraciones. Pero, esta vez, lo que leíamos no era habitual. Y, de hecho, tuvimos que mirar varias veces aquel documento para confirmar que nuestras retinas no nos engañaban. Que aquello no era una broma pesada ni algo irónico, como esos titulares desternillantes que publica El Mundo Today.

No. En realidad, se trataba de un escrito presentado por la abogada de una gran farmacéutica, Gilead Sciences, donde se lanzaba una acusación contra Civio que roza lo conspiranoico. Y que, sin duda, era lo más esperpéntico que hemos visto hasta ahora en un procedimiento administrativo (que suelen caracterizarse por ser algo aburridos y tediosos). La compañía lo presentaba para convencer al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de que debía negarle a Civio el acceso al precio real que pagan las arcas públicas (es decir, todos nosotros) por uno de sus fármacos.

Lo que Civio pretende en esta ocasión es saber el precio efectivo que la sanidad pública abona por uno de los medicamentos estrella de Gilead, así como sus condiciones de financiación. En particular, hablamos de un fármaco que se llama Yescarta y que se utiliza contra diversos tipos de cáncer. No nos hemos fijado en él porque sí: sabemos que cada tratamiento tiene un coste máximo de €327.000 y hemos comprobado, buscando minuciosamente entre muchos contratos públicos, que los hospitales pagan unos €313.920 (sin IVA) por cada dosis. Son cifras que producen auténtico vértigo.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad se niega a revelar cuál es la cantidad efectiva y las condiciones que ha negociado en secreto con el laboratorio Gilead Sciences. No es la primera vez: lo mismo ha ocurrido previamente con otras terapias carísimas, como Kymriah (de la empresa Novartis), cuyo precio máximo es de €320.000 euros, o Luxturna (de la misma compañía Novartis), cuyo tope asciende a €690.000. El último es Libmeldy, con un coste de 2,47 millones de euros, que Sanidad está negociando en secreto con Orchard Therapeutics, la farmacéutica que lo produce, según informó recientementeü [1]

Como lees, lo de Yescarta y Gilead Sciences no es casualidad. Cada vez es mayor el número de medicamentos que se financian por lo público con precios, literalmente, astronómicos. Esto es un problema grave para nuestra sanidad pública porque, aunque sean terapias necesarias, pueden comprometer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a medio o largo plazo. En Civio creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el precio real y las condiciones de financiación de este tipo de fármacos. Y, por eso, llevamos varios años pidiendo la resolución expresa que debe firmar el Ministerio de Sanidad antes de que cualquiera de estos tratamientos sea financiado por lo público.

En dicho documento está la cifra mágica, es decir, el precio pactado sin luz ni taquígrafos, y los requisitos secretos sobre cómo se costea el medicamento, ya se llame Yescarta, como ahora, ya se denomine Kymriah, Luxturna o el fármaco carisísimo que llegue más adelante. Y, diga lo que diga la empresa Gilead, vamos a seguir peleando por saberlo, incluso, si hace falta, y como hemos hecho antes, yendo a los tribunales. Tengamos a quien sea enfrente, vamos a seguir trabajando contra la opacidad en lo que nos afecta a todos y todas. Y más en algo tan importante y sensible como el acceso a la salud, uno de los rincones públicos donde la transparencia más brilla por su ausencia.

Desde que nació nuestro proyecto Medicamentalia [2] (https://medicamentalia.org/), sabemos que estas cosas no resultan sencillas. Ahí fue donde nos topamos por primera vez con las tretas para evitar que los precios públicos de los medicamentos vieran la luz. Y, con el paso del tiempo, hemos seguido comprobando, por ejemplo, cómo las administraciones públicas se aliaban con los intereses privados [3] Pero es verdad que nunca habíamos visto algo tan burdo como el documento de alegaciones presentado por Gilead, que puedes leer en Trámite de Alegaciones[4]. Si quiere, también puedes ver aquí nuestra respuesta al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, defendiendo por qué nos debe dar la razón en este caso [5].

Por supuesto, diga lo que diga Gilead Sciences, seguiremos haciendo incidencia política (lobby), siempre de forma transparente y siempre después de terminar nuestras investigaciones. ¿El objetivo? Tratar de cambiar los problemas que hayamos detectado previamente durante nuestro trabajo periodístico, como precisamente ocurre con la opacidad relacionada con las farmacéuticas. Por ahora, hemos conseguido éxitos importantes en muchos ámbitos [6] y nuestras propuestas han sido incluidas en varias ocasiones por partidos políticos tan diversos como el PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV y PACMA o Más País-Compromís, aunque no siempre cumplan lo que prometieron antes de las elecciones.

Para trabajar en este sentido, como sabes, nos financiamos desde 2012 a través de múltiples fuentes que hacemos públicas cada año [6], junto con las auditorías anuales que nos hace una entidad independiente desde 2015. Y también rendimos cuentas acerca de nuestra gestión, tanto lo positivo como lo negativo.