EN 1937, Josiah Kirby Lilly Sr, hijo del fundador de la empresa, estableció una fundación privada para dejar un legado filantrópico duradero para la sociedad civil de Indiana. La página web de Lilly Endowment dice: “Nuestras subvenciones para el desarrollo de la comunidad se centran en mejorar la calidad de vida en Indianápolis e Indiana”, declara la Lilly Endowment en su página web. “Concedemos fondos para cubrir necesidades humanas y sociales, la revitalización del centro de la ciudad y de los barrios, las viviendas de ingresos bajos y moderados, y las artes y la cultura en Indianápolis”. Sin embargo, el artículo publicado en The Intercept [1], que resumimos a continuación ofrece una imagen algo diferente.
La Fundación Lilly, en parte dirigida por exejecutivos de Eli Lilly, concede becas a grupos ubicados muy lejos de Indiana que tratan de proteger a las empresas de la regulación gubernamental y de los pagos de impuestos; y ha dado millones de dólares a grupos que presionan contra el control de precios de la insulina.
Por ejemplo, La Federalist Society, ha recibido de la Lilly Endowment más de US$1,5 millones para “desarrollo comunitario”. Sin embargo, se trata de una asociación de abogados conservadores, con sede en Washington, D.C., que defiende a las empresas. El año pasado recibió US$150.000, y en ese mismo momento el grupo criticaba duramente una nueva ley de Minnesota que obliga a los fabricantes a proporcionar insulina gratuita o asequible a los residentes de bajos ingresos
La Fundación Lilly se describe como independiente y como “entidad separada de la empresa, con su propio consejo de administración, personal y edificio”. Sin embargo, el consejo de administración incluye a Daniel P. Carmichael, que fue jefe de operaciones de cabildeo de Eli Lilly y portavoz de la empresa; y a Eli Lilly II, bisnieto del fundador. La corporación Eli Lilly ha promocionado en el pasado esfuerzos filantrópicos conjuntos con Lilly Endowment.
Lilly Endowment es también el mayor accionista de Eli Lilly, con 104.161.053 acciones, una participación que equivale a aproximadamente US$31.000 millones.
En los últimos 80 años, la fundación ha concedido US$10.000 millones a más de 10.000 organizaciones benéficas. Entre los beneficiarios recientes hay grupos tradicionales que proveen servicios, como el Centro de Aprendizaje y Empleo para Veteranos de Indianápolis y la Cruz Roja Americana.
Sin embargo, también ha financiado a otras organizaciones que favorecen los intereses de la empresa. Por ejemplo, Pacific Research Institute for Public Policy ha estado recibiendo US$175.000 anuales desde 2015. Sally C Pipes trabaja para este instituto y ha escrito múltiples columnas de opinión en las que ataca cualquier esfuerzo por limitar el precio mensual del copago de la insulina a US$35.
El Pacific Research Institute for Public Policy también ha criticado la iniciativa de California de establecer un laboratorio público para producir genéricos, incluyendo insulina, para competir con los fabricantes de medicamentos con fines de lucro.
El Lilly Endowment también apoya al American Enterprise Institute, un prominente centro ultra conservador de estudios ubicado en Washington D.C. que se opone a la mayoría de las regulaciones de precios de los servicios de salud y apoya los recortes de impuestos a las empresas. Este Instituto también escribió en contra del control del precio de la insulina.
El año pasado, Eli Lilly recaudó más de US$2.400 millones en ingresos por las ventas de insulina, incluida la marca Humalog, aproximadamente 1.300 millones procedieron de ventas en Estados Unidos.
“Un vial de Humalog (insulina lispro), que solía costar US$21 en 1999, en 2019 costaba US$332. En cambio, los precios de la insulina en otros países desarrollados, incluido el vecino Canadá, se han mantenido estables.
El gasto de bolsillo en productos de insulina de los beneficiarios de Medicare aumentó de US$236 millones a US$1.030 millones entre 2007 y 2020. Los gastos de bolsillo de los individuos con planes con un deducible alto pueden alcanzar hasta US$8.000. La ley de Minnesota que hace más accesible la insulina a los residentes con bajos ingresos se aprobó en honor a Alec Smith, un diabético de 26 años que murió porque racionó su insulina y tenía dificultades para pagar US$1.300 mensuales. La industria farmacéutica, incluyendo Eli Lilly, están tratando de que se derogue la ley.