Según informa Reuters [1] Endo International PLC demandó el 9 de septiembre a cientos de gobiernos estatales y locales con el objetivo de que la sentencia paralice las demandas que enfrenta por a alimentar la epidemia de opioides en EE UU mientas se declara en bancarrota.

Endo dijo que mientras esas demandas avancen, no se podrá centrar en completar con éxito su reestructuración, incluyendo la resolución integral de las demandas por los opioides.

Endo se declaró en bancarrota 17 de agosto, para hacer frente a sus elevadas deudas y resolver más de 3.100 demandas que la acusan de promover de forma engañosa opioides de venta con receta como Opana, restando importancia al riesgo de adicción. Endo ya ha llegado a un acuerdo por US$450 millones con más de 30 estados, pero todavía podría enfrentar otros.

En algunos casos, el declararse en bancarrota protege a las empresas de litigios, paralizando las demandas nuevas y en curso, pero no todos los estados (por ejemplo, Oregon) y gobiernos locales están de acuerdo. “Nuestra posición es que la suspensión automática no se aplica a las acciones de poder policial del estado para proteger a los consumidores”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia de Oregón.

Endo gastó US$136 millones en litigios por opioides en 2021, y US$32,7 millones en el primer trimestre de 2022, según su demanda.

El caso es Endo International v. Commonwealth of Kentucky et al, U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, No. 22-07039.