Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Se les acusa de dos cargos de fraude electrónico por inscribir a personas en casos de estudios en los que no cumplían con los criterios
Miami – Tres miembros de una presunta red que se dedicaba a falsificar datos de ensayos clínicos de medicamentos están siendo procesados por un alto tribunal de Miami con cargos de fraude electrónico, anunció este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado, el ente federal detalla que Miguel Montalvo, de 52 años, Bernardo Garmendia (58) e Ivette Portela (52), vecinos de la ciudad de Miami, están acusados de tres cargos presentados por la Fiscalía ante un gran jurado federal el pasado 13 de septiembre.
A los tres implicados se les acusa de dos cargos de fraude electrónico.
Además, Montalvo fue acusado de hacer una declaración falsa a un funcionario de la FDA.
Según la acusación formal, desde al menos septiembre de 2015 y hasta marzo de 2018, los acusados falsificaron datos de ensayos clínicos con fines de lucro mientras trabajaban en AMB Research Center, una clínica médica con sede en la ciudad de Miami.
La acusación formal alega que los implicados inscribieron a sabiendas a varios individuos en un ensayo clínico a pesar de que no cumplían con los criterios para formar parte del estudio.
Los acusados falsificaron los resultados de laboratorio, así como también los registros médicos, y declararon que los sujetos estaban tomando el medicamento en el estudio cuando, de hecho, no lo hicieron.
Montalvo y Garmendia eran copropietarios del Centro de Investigación AMB, donde el primero también se desempeñaba como coordinador principal del estudio y Garmendia como parte de este.
Portela trabajaba en AMB y era técnica de farmacia.
Las abogadas Karla-Dee Clark y Jessica C. Harvey, de la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, están al frente del caso.
La Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. en Miami investigó el caso y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida brindó asistencia.