En Colombia habría un retraso en la asignación de citas, exámenes y ayudas diagnósticas.

En Colombia, cuando una persona con cáncer pierde parte de su capacidad productiva, la sociedad tiende a relegarla. Muchos de estos pacientes se quedan sin empleo y la situación se vuelve compleja porque cualquier cosita que les toque gastar de su bolsillo los descuadra en sus finanzas familiares y personales”, explica Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, en medio de una reflexión sobre cómo el impacto económico en costos indirectos de la enfermedad puede aliviar o quebrantar la carga psicológica y social de un paciente.

Lo cierto es que esta situación persigue una marcada tendencia regional. A pesar de que no existe economía en el mundo capaz de soportar los costos de tratamientos oncológicos para todos los pacientes, el panorama costo/efectivo del cáncer es mucho más complejo en Latinoamérica. Los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que existe una brecha económica entre las naciones de renta alta, que cuentan con tratamientos integrales en más del 90 por ciento de los casos, y aquellos de bajos ingresos, donde la tasa es apenas del 15 por ciento.

Especialistas en sanidad consideran que se trata de un escenario bastante complejo porque cuando una persona no logra acceder oportunamente a un tratamiento o diagnóstico de cáncer, puede llegar a experimentar estrés, depresión, así como una preocupación desmedida por la recurrencia de la enfermedad que repercute negativamente en su condición clínica.

Las causas son múltiples, sin importar que los sistemas sanitarios tengan cobertura universal. En Colombia, donde los casos de cáncer ascendían a 46.644 para 2022, una de las problemáticas más comunes es que la atención oncológica se ha centralizado, obligando a personas que viven en zonas periféricas a trasladarse hasta las ciudades capitales.

“Esto implica gastos de traslado, alimentación y estadía. Debemos sumarle, además, los exámenes o medicamentos que el paciente quiera adquirir por sus propios medios (de manera particular) para agilizar el proceso”, manifiesta Cubides.

En estas circunstancias, las personas suelen gastar gran parte de sus ahorros, también recurren a pedir préstamos, vender sus objetos de valor, recortar en alimentación, educación o servicios de sus hogares como luz, agua, gas, internet, entre otros. Y es que cuanto más avanza el cáncer sin un tratamiento oportuno, más se incrementan los gastos asociados, por lo que muchos prefieren continuar trabajando incluso durante un procedimiento clínico.

Este es el caso de Viviana Hernández, una mujer diagnosticada con cáncer de seno que asegura haber trabajado antes, durante y después de su tratamiento, que incluyó varias sesiones de quimioterapia. “Fue una decisión propia. Yo quería seguir trabajando. No podía dejar de trabajar, porque mi empleo es el que me paga el tratamiento. Los planes de medicina particulares son costosísimos y tu prioridad es sanar, entonces no quieres pensar en qué vas a hacer si no tienes plata para asistir al médico”, relata.

Hasta ahora, la paciente dice haber gastado más de 10 millones de pesos para poder acceder al tratamiento y a los medicamentos que requería con mayor agilidad, puesto que la ruta clínica del sistema tiende a estancarse. Esto en un país que tiene una cobertura de casi el 99 por ciento en salud, pero cuya operatividad suele ser lenta en procesos esenciales que permiten un acceso rápido a servicios y diagnósticos oportunos.

Datos de la Fundación Ellen Riegner de Casas, que ayuda a personas de escasos recursos para lograr aliviar la carga psicológica, social y económica que los afecta por la enfermedad, aseguran que aproximadamente el 70 por ciento de los tratamientos comienzan cuando el cáncer ya está en la tercera de sus cuatro fases, razón evidente por la que los costos del paciente aumentan.

Asimismo, indicadores de la misma fundación revelan que, para pacientes del régimen subsidiado (la población más vulnerable y de escasos recursos), existe un retraso en la asignación de citas, exámenes y ayudas diagnósticas del 30 por ciento. Mientras que el 94 por ciento de las personas diagnosticadas con esta enfermedad no recibe medicamentos a tiempo.

“Creo que si hubiera esperado a que mi EPS me autorizara, seguiría en el mismo punto. La gente no suele ser consciente de esta situación, pero como pacientes de cáncer tenemos que hacer derechos de petición y tutelas para que nos den un medicamento o nos ofrezcan una quimioterapia. Es absurdo. A mí no se me pasa por la cabeza que las entidades, cuando ya tienen un diagnóstico confirmado, hagan pasar a los pacientes por todo este proceso”, manifiesta Viviana.

Nuevamente, la situación es extrapolable a los demás países de la región. Un estudio publicado en la revista de investigación Economía de la salud aplicada y política de salud comparó precios de medicamentos para tratar el cáncer de algunos países europeos y otros de Latinoamérica y reveló que el costo de estos fármacos suele ser hasta un 5 por ciento más elevado en estos territorios. Si las barreras persisten, los pacientes deben adquirirlos de manera particular y está comprobado que a medida que avanza el estadio de la condición, el valor monetario aumenta.

Así, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama (con el que fue diagnosticada Viviana) un informe elaborado por Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) en América Latina muestra que los costos médicos directos de este tipo de cáncer aumentan considerablemente en etapas avanzadas debido a tratamientos más complejos e intensivos.

Una revisión sistemática de estudios en toda la región demostró que los costos por paciente-año en estadio cuatro son más del doble que los de estadio uno.

En consecuencia, la OMS ha reconocido que un diagnóstico de cáncer puede empujar a las familias a la pobreza, particularmente en los países de bajos ingresos, ya que solo el 37 por ciento de ellos cubre los tratamientos contra esta enfermedad dentro de su sistema de sanidad pública.

Además, de acuerdo con un estudio publicado en la Revista Americana de Oncología Clínica, cuando el gasto médico del cáncer excede el 30 por ciento de los ingresos anuales de los hogares de pacientes que tienen algún tipo de dificultad económica, existe un 80 por ciento más de probabilidades de que estas personas fallezcan al menos 12 meses después del diagnóstico en comparación con quienes no tenían ningún tipo de dificultad monetaria. Este texto también deja en evidencia que las personas que padecen esta enfermedad tienen 2,5 veces más probabilidades de declararse en quiebra.

“Llamamos ‘ruina económica’ a una situación financiera en la que se ven involucrados los pacientes de cáncer. Es generada por algo que se denomina la ‘toxicidad financiera’ y son esos efectos adversos que se dan por los altos gastos de bolsillo que deben asumir las personas con cáncer para poder obtener sus tratamientos”, explica Diana Esperanza Rivera, directora Ejecutiva de la fundación Ellen Riegner de Casas.
Rivera cuenta que este año la fundación apoya a 213.154 pacientes entregando 711.064 ayudas. “Nosotros brindamos ayuda para el pago del transporte, subsidio de alojamiento de alimentación, subsidio de atención médica para pagos y copagos, entregamos insumos médicos, elementos de apoyo físico, bonos de alimentación diaria y en algunos casos un subsidio familiar”, asegura.

Aunque son muchas las entidades que prestan este tipo de ayudas, para el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, es necesario optar por un modelo preventivo de salud. “La solución de fondo es mantenernos en la búsqueda activa de la enfermedad con exámenes diagnósticos periódicos y campañas de prevención. Así, el tratamiento contra la enfermedad va a ser mucho más corto, efectivo y mucho más económico; va a implicar menos costos de bolsillo al paciente y a su familia”, concluyó.