Este informe analiza cómo fluye el dinero a lo largo del ecosistema farmacéutico y cómo los responsables políticos deben abordar sus elevados precios.
Introducción y resumen
Comparado con naciones similares, EE UU ha estado gastando más per cápita en medicamentos de venta con receta durante más de una década, alcanzando un promedio de US$1.432 por estadounidense en 2021. En 2019, el gasto en medicamentos recetados en EE UU fue más del 36% superior al de Alemania, la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el siguiente gasto más alto, y más del doble del promedio de la OCDE. El gasto estadounidense en medicamentos con recetas ascendió a US$378.000 millones en 2021, lo que representa casi el 9% del gasto en salud y más del 1,6% del producto interno bruto de EE UU. Con precios tan elevados, no es de extrañar que uno de cada tres adultos estadounidenses que toman medicamentos de venta con receta afirme que no ha podido tomar su medicación según lo prescrito debido al coste, según una encuesta realizada en 2023 por la Kaiser Family Foundation.
La administración Biden tomó medidas para aliviar parte de la presión que sufren los consumidores para pagar los medicamentos de venta con receta al aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, y los afiliados a Medicare ya se han visto aliviados gracias a los topes mensuales a los gastos de bolsillo en insulina que incluye la ley. A partir de 2025, quienes estén cubiertos por la la Parte D de Medicare verán reducidos sus gastos de bolsillo a US$2.000 dólares anuales, y se prevé que casi 19 millones de afiliados ahorren una media anual de US$400. Además, la ley protege a Medicare de los aumentos de precios de los medicamentos que superen la inflación, los fabricantes que aumenten el precio de sus productos más rápidamente que la inflación tendrán que reembolsar ese dinero. Además, la Ley de Reducción de la Inflación permite que el gobierno federal negocie los precios de los medicamentos para el programa Medicare, lo que, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), generará un ahorro de más de US$100.000 millones en 10 años.
Aunque históricos, estos esfuerzos de la administración Biden y del Congreso son sólo un paso inicial hacia un enfoque más holístico que los responsables políticos deben adoptar para abordar los altos y crecientes precios de los medicamentos recetados para todos los estadounidenses. Futuras decisiones políticas deberían intervenir en todos los puntos de la cadena de suministro y financiación, incluyendo la adopción de medidas para mejorar la cadena de suministro, impedir los abusos del sistema de patentes, aumentar la transparencia de los gestores de beneficios farmacéuticos (Pharmacy Benefit Manager, PBM), y el aprovecharse del poder de contención de costes que permite la Ley de Reducción de la Inflación.
Este enfoque, sin embargo, requiere una comprensión cuidadosa de la cadena de suministro y de la financiación farmacéutica, que es compleja y no lineal. Este informe describe la cadena de suministro de medicamentos de prescripción y los acuerdos financieros que existen entre las partes involucradas en el sistema de pago de medicamentos de prescripción, y destaca las alternativas políticas para mejorar la asequibilidad de los medicamentos de prescripción para todos los estadounidenses.