Resumen. La investigación biomédica tiene el propósito de beneficiar a los seres humanos y su salud. Para ello, las normas científicas incluyen analizar y criticar el trabajo de otros y priorizar las cuestiones que deben estudiarse. Sin embargo, en los ámbitos de la investigación en salud en los que actúa la industria, ésta a menudo ha utilizado estrategias perfeccionadas para eludir las normas científicas y dominar la agenda de investigación, en gran medida mediante su apoyo financiero y la falta de transparencia de sus prácticas de investigación.

Ahora se ha demostrado que estas tácticas apoyan de manera uniforme a los productos de la industria. Para conseguirlo, las entidades comerciales cuentan con la ayuda de políticas públicas que han incorporado en gran medida los intereses y programas comerciales a la financiación y la infraestructura de la investigación federal. Por lo tanto, para entender el panorama resultante y su efecto sobre la prioridad en las agendas de investigación en salud, las definiciones tradicionales de conflictos de intereses individuales y los conflictos de intereses institucionales, menos desarrollados, deben complementarse con un nuevo constructo de conflictos de intereses estructurales, que operan en gran medida como monopolios intelectuales, a favor de la industria.

Estos acuerdos a menudo se traducen en recursos financieros y de reputación que garantizan el dominio de las prioridades comerciales en los programas de investigación, desplazando cualquier otro interés e ignorando los retornos razonables para el público por la inversión de sus impuestos. No se presta una atención sostenida a los mecanismos que permiten escuchar los intereses del público, plantear problemas normativos y luego equilibrarlos con los intereses comerciales, los cuales se comunican de forma transparente. Al centrarse en la investigación que respalda la aprobación de productos comerciales, se ignoran los factores sociales y medioambientales que afectan a la salud. El sesgo comercial puede invalidar las protecciones regulatorias de la investigación al ofuscar las relaciones riesgo-beneficio válidas que consideran los comités de ética de la investigación.